El 17 de Abril, la Corte Suprema de los Estados
Unidos ha tomado una decisión trascendental que tendrá como resultado que en el
futuro va a ser imposible responsabilizar a las empresas multinacionales por
sus crímenes.
Ese día, los jueces superiores emitieron en
Washington DC una sentencia sobre la pregunta de si el Alien Tort Statute (ATS)
es aplicable a las empresas o sólo a individuos. El ATS fue aprobada en el 1789
por el Congreso de los Estados Unidos y está en vigencia. Ofrece a los
extranjeros el derecho de recurrir a los tribunales de Estados Unidos cuando se
viola el derecho internacional. Era necesario en aquella época porque casos
como el de la piratería no podían ser procesados en los países de origen de los
delincuentes, ya que estos “estados fallidos” los protegían, Bahamas, Cuba,
Islas Caimán etc. En los siglos siguientes, hicieron acuerdos internacionales y
el ATS quedó olvidado hasta que fue descubierto nuevamente por el movimiento de
derechos humanos en contra de los torturadores sudamericanos quienes, después
de las leyes de amnistía, quedaron sin castigo en sus países de origen. Hubo
varias sentencias en los Estados Unidos contra torturadores y este
procedimiento basado en el ATS no es el objeto del debate actual.
En Abril, en la Corte Suprema de Justicia se
discutía si el ATS se aplicaría a las empresas multinacionales con sede en el
extranjero, porque las empresas estadounidenses (al menos por ahora) siempre
podían ser procesadas en los tribunales de Estados Unidos. Aunque esto en la
realidad significa una clara desventaja competitiva para la industria de
Estados Unidos, la solidaridad de la clase era más fuerte.
De acuerdo con la opinión de la mayoría de los 9
jueces de la Corte Suprema, el ATS no se debe aplicar a las multinacionales, a
fin de no obstaculizar el comercio internacional. Esto es para prevenir que
cualquier juez provincial tome un caso por demandas millonarias contra una
empresa extranjera que tendría que ser juzgado en el país de origen, donde la
empresa tiene la sede o donde los hechos ocurrieron. De esa manera, un juez
podría apropiarse derechos ejecutivos que no le corresponden y crear un
conflicto entre los dos gobiernos. Dicen que con la palanca de un juicio contra
una multinacional no se debe hacer política exterior. Además, el ATS se hizo
hace más de 200 años atrás para combatir la piratería. Según los jueces, la
piratería pasó en alta mar, en un lugar internacional en un vacío legal y
juzgando a los piratas no dará lugar a conflictos bilaterales porque no habrá
interferencia con los derechos soberanos de otro Estado (“and therefore carries
less direct foreign policy consequences”).
En el caso concreto, unos demandantes, entre
ellos la viuda Kiobel, de Nigeria habían abierto una causa en contra la Shell
Royal Dutch Petroleum Company por haber participado en escuadrones de la muerte
y la tortura en el país africano. La corte de apelaciones en Nueva York había
negado la apertura del procedimiento. Por eso, los demandantes apelaron ante la
Corte Suprema. Allá, se llevó a cabo una verdadera “batalla amicus”, grupos de
los derechos humanos, ecologistas, colegios de abogados y universidades de todo
el mundo escribieron cartas de apoyo con su visión, las llamadas “amicus
curiae”, en los cuales señalaban la necesidad de abrir este tipo de juicios en
los tribunales de Estados Unidos. Los tribunales de los países donde estos
crímenes tuvieron lugar fueron no están en condiciones de confrontar un pleito
semejante, sus gobiernos nacionales están chantajeados o comprados. El gobierno
federal alemán había amenazado con un escrito amicus en febrero de 2012 con el
deterioro de las relaciones diplomáticas si los tribunales estadounidenses
siguen ampliando su jurisdicción a empresas extranjeras: “La República Federal
de Alemania considera qué ejercer jurisdicción en Estados Unidos contra
empresas alemana sería contraria al derecho internacional y crearía un riesgo
sustancial de los conflictos de competencia con otros países (“The Federal
Republic of Germany believes that overbroad exercises of jurisdiction are
contrary to international law and create a substantial risk of jurisdictional
conflicts with other countries.”). Con eso, Angela Merkel dejó claro otra vez
que los derechos humanos no tienen ninguna importancia frente al afán de
maximizar las ganancias corporativas.
Como el gobierno alemán, también el Instituto
CATO, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Consejo Nacional de Comercio
Exterior y de una serie de bancos y compañías mineras ejercieron presión a
través de sus escritos amicus ante el tribunal.
Algunos magistrados de la Suprema Corte, la
minoría, tenían una opinión diferente. Escriben en la sentencia que la
piratería del siglo 18 no tuvo lugar en un vacío legal, ya que los piratas
habían navegado bajo bandera de un Estado; y el juzgamiento de estos piratas
extranjeros también en aquella época cuando se hizo la ley trajo conflictos
diplomáticos con otros gobiernos que protegían los piratas. Pero, la
persecución de estos delitos era en aquel entonces como también hoy más
importante que evitar conflictos diplomáticos con los Estados que no ponen los
derechos humanos en primer lugar. “¿Quiénes son los piratas de hoy en día?”
-preguntaron los jueces de minoría-.
Para el movimiento internacional de derechos
humanos, la sentencia del Tribunal Supremo es un golpe duro, porque en los
últimos años, los tribunales de Estados Unidos eran la última esperanza para
las victimas de investigar y juzgar a las violaciones de los derechos
fundamentales, por lo menos a través de un juicio civil. Hoy en día, no se sabe
como estos juicios van a seguir o terminan ahí. La sentencia del 17 de Abril
deja alguna interpretación en algunos puntos. Por ejemplo, parece que la
sentencia en la causa Kiobel dejó una puerta trasera abierta. Se dice en la
página 4: “Los tribunales federales podrán reconocer las reclamaciones privadas
en virtud del derecho común federal.” (“Federal Courts may recognize private
claims under federal common law”.)
El abogado Terry Collingsworth en Washington se
va a basar en estas palabras para seguir el juicio en la causa Mercedes-Benz
Argentina (MBA). Representa a los sobrevivientes y a los familiares de MBA.
Durante la dictadura militar desaparecieron 14 obreros en Mercedes-Benz
Argentina, tres sobrevivieron a las torturas. Collingsworth presentó un juicio
civil en 2004 en San Francisco contra la Daimler AG, basándose en el ATS, la
Convención contra la Tortura y la ley federal de California. Y finalmente, en
noviembre de 2011, la Corte de Apelaciones de California del Norte ha afirmado
la competencia geográfica. Si una empresa hace tan grandes ganancias en
California, entonces tendría que responder ante los tribunales del estado. Y
los jueces de California se interesan por sus propias leyes (“Ley Federal”) si
la empresa en cuestión había denunciado a la dictadura a sus obreros como
terroristas y si colaboraron en la apropiación de los bebes de los campos de
tortura. En el 2011, Daimler había presentado un recurso de apelación contra
dicha sentencia y solicitó una “en banc” audiencia. Del total de 12 jueces solo
uno dijo que se puede escuchar a la empresa otra vez. Su solicitud fue
rechazada con palabras duras.
Si la Corte de Apelaciones en California se deja
sacar su competencia geográfica por la última sentencia del Tribunal Supremo -
hay que ver. No va a ser fácil-. Pero, por las dudas, el Tribunal Supremo en
Washington, anunció el lunes de esta semana, a petición de la Daimler AG, de
examinar el caso de los desaparecidos sindicalistas argentinos en un juicio
separado. En octubre, la primera audiencia se llevará a cabo. La prensa va a
estar presente y este caso se va a conocer en todo el mundo.
En la causa Kiobel/ Nigeria, el gobierno
argentino había presentado con un propio amicus para destacar la importancia de
la apertura del juicio para los derechos humanos. Después de las dictaduras en
América Latina, el procedimiento en los Estados Unidos ha sido muy útil,
escribió. Es decir, el gobierno de Kirchner asumió por tanto claramente que la
compañía petrolera británica Royal Dutch Shell en Nigeria difícilmente sería
juzgada por sus crímenes. Ahora, el gobierno argentino vuelve a tener la
oportunidad de escribir una carta amicus, esta vez para el juicio de la alemana
Daimler AG -cuya complicidad con los militares argentinos todavía no se ha
condenado por un tribunal argentino, a pesar de una serie de denuncias
pendientes desde el año 2002-.
Pero recientemente, la Daimler ha anunciado junto
con Cristina Kirchner el lanzamiento de una nueva inversión en la localidad de
González Catán (provincia de Buenos Aires) por un monto de 800 millones de
pesos. Las familias de los desaparecidos de Mercedes-Benz quieren preguntar a
la presidenta por qué no se cumplieron las promesas de Néstor Kirchner. En
2005, él había recibido a los familiares y anunciado una investigación
exhaustiva. Cristina ha rechazado una conversación con los familiares.
