Gracias su visita, somos reconocidos como Asamblea Local conforme el artículo 56 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que desde el 2003 promovemos la participación de la ciudadanía en lo público.
Hacemos pública la petición del 20 de febrero de 2024 al GAD Municpal de Montúfar, información que se entregará a los actores sociales del cantón Montúfar, en el marco del Reglamento de Rendición de Cuentas 2023 aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Como resultado de estas labores, hasta agosto de 2021 se ha aprobado 268 informes generales de auditoría gubernamental y se han remitido a la Fiscalía General del Estado 128 informes con indicios de responsabilidad penal, que recogen hechos que podrían configurar posibles actuaciones dolosas en la administración de los bienes y recursos públicos.
Informes aprobados por tipo de entidad (GENERAL)
Informes aprobados de Gobierno Autónomos Descentralizados Provinciales
Informes aprobados de Gobierno Autónomos Descentralizados Municipales
El análisis de los informes generales de auditoría aprobados por la Contraloría General del Estado, referentes a las contrataciones de distintas entidades públicas para enfrentar la pandemia, concluyó que la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos fue el incumplimiento legal más frecuente en el cual incurrieron las instituciones del Estado examinadas.
El Reporte de Control Público señala que los funcionarios no publicaron oportunamente documentación relevante, como declaratorias de emergencia, contratos, informes parciales de la ejecución, facturas y órdenes de compra, en el Portal del Sistema Nacional de Contratación, impidiendo el acceso a la información por parte de la ciudadanía, para que ejerza control social.
La investigación determinó que las deficiencias en la definición de los presupuestos referenciales para las contrataciones, fue otro incumplimiento persistente en los contratos analizados por los equipos de auditores. Las instituciones no elaboraron estudios de mercado, ni buscaron procesos anteriores, de los mismos bienes o servicios a adquirir, en el Portal de Compras Públicas, con el fin de identificar proveedores que garanticen los mejores costos y condiciones beneficiosas para el Estado.
También se identificó que los contratistas incurrieron en inhabilidades para contratar con entidades estatales. No contaban con los permisos para distribuir o fabricar insumos y dispositivos médicos de protección contra el virus. En otros casos, no estuvieron inscritos en el Sistema Nacional de Compras Públicas, en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), ni constaban en el Registro Único de Proveedores (RUP).
Se efectuaron contrataciones con compañías cuya actividad económica no tenía concordancia con los objetos contractuales o que no cumplieron con los requisitos establecidos en los pliegos y términos de referencia, por lo que sus ofertas debieron descalificarse.
Las especificaciones técnicas no se elaboraron respetando las disposiciones legales que regulan este aspecto. La caracterización de los bienes y servicios a adquirir no fue suficiente y completa, con el detalle de las cantidades para satisfacer las necesidades, lo que dificultó establecer el cumplimiento cabal de los contratos y si las adquisiciones sirvieron para superar la situación de emergencia.
Estas irregularidades derivaron en que las instituciones públicas paguen precios más altos por bienes y servicios, en relación con los valores del mercado o frente a los pagos efectuados por otras entidades del Estado (o por los mismos organismos públicos), en procesos de contratación anteriores.
FUENTE web Contraloría General del Estado y publicación Contraloría transparenta la gestión de los recursos públicos durante la emergencia sanitaria
En el mes de Octubre de 2021 se aprobó el informe por la Contraloría General denominado: " Examen Especial a las fases preparatoria, ...
