La bancada de ADN pedirá los balances de los ingresos de alcaldes y prefectos a la Contraloría y otras entidades para cruzar la información. Al correísmo le preocupa que la fiscalización se concentre en la oposición a vísperas de las seccionales.
La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea empezó la fiscalización sobre los patrimonios de alcaldes, prefectos y otras autoridades locales que registran incrementos patrimoniales que no han podido justificar.
La presidenta de la mesa, Lucía Pozo de Acción Democrática Nacional (ADN), anunció el 9 de julio una serie de acciones para avanzar con la investigación a los titulares de Gobiernos Autónomos Decentralizados (GAD).
Los asambleístas solicitaron información a la Contraloría, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Trabajo.
El objetivo, dijo Lucía Pozo, es cruzar información para determinar qué ingresos corresponden a su labor como autoridad local y cuáles son por sus labores empresariales, de ser el caso.
La fiscalización tuvo su origen en publicaciones periodísticas que evidenciaron que, al menos, un tercio de los alcaldes y prefectos del Ecuador registran saltos patrimoniales durante el ejercicio de su gestión.
"Algunos incluso ya están enfrentando prisión preventiva enfrentando procesos de instrucción fiscal por presunta vinculación a actividades económicas ilícitas, sin poder justificar el origen de su patrimonio", señaló la asambleísta de ADN.
El lunes 6 de julio fue detenido el alcalde de Machala, Darío Macas, junto a varias de su entorno familiar y laboral. El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que la UAFE detectó "un incremento" en el patrimonio del alcalde "a través de empresas familiares, muchas de ellas fantasmas.
El organismo de control añadió que había "un incremento exponencial del 74% en los ingresos del investigado a partir de 2020", inmediatamente después del inicio de su gestión al frente de la Municipalidad de Machala.
Ciudadanos llamados a denunciar
La asambleísta oficialista, Lucia Pozo, anunció que solicitó a la Asamblea Nacional la habilitación de un correo electrónico para que cualquier ciudadano que considere que su alcalde o prefecto tiene bienes que no concuerdan con sus ingresos, pueda alertar a la Comisión.
La dirección del correo que ya está activo es gadtransparente@asambleanacional.gob.ec, explicó el oficialismo.
Tras los reclamos de la Revolución Ciudadana (RC), de que supuestamente todas estas investigaciones están dirigidas a autoridades correístas o de partidos opositores, a poco de las elecciones seccionales del 29 de noviembre, Pozo aseguró que habrá una fiscalización sin sesgos.
Fuente Diario Digital Primicias
