Las
reformas a la ley ampliaron las facultades sancionatorias de la
Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT). Además incrementaron el
monto de las multas económicas que pueden imponerse a los gobiernos locales.
Según
la resolución emitida el 2 de octubre, el Municipio de Rumiñahui cometió una
infracción grave, contemplada en el artículo 107, numeral 7, de la Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS). Sin embargo, la
sanción hace referencia a la numeración de la normativa de 2016, anterior a las
reformas publicadas en el Registro Oficial en julio de 2026.
Los
fiscalizadores de la entidad evaluaron 133 parámetros técnicos en la gestión
del suelo cantonal. De acuerdo al informe, la administración municipal
incumplió 33 de estas exigencias obligatorias, lo que representa un 24,81 % de
inobservancia.
La
SOT detectó inconsistencias en la estructura de la clave catastral, errores en
el sistema de referencia y la falta de implementación del Sistema de
Información Geográfico Catastral Local.
Ante
estas irregularidades, la autoridad impuso una multa de USD 14.255,18 al
gobierno municipal.
Además,
la SOT demandó un posible impacto económico de este descuido. El cantón
Rumiñahui genera un Valor Agregado Bruto de USD 1.213,45 millones. Sin embargo,
puntualizó que la falta de actualización del catastro provoca que el municipio
deje de percibir cerca de USD 7,8 millones anuales por concepto de tributación.
Reformas
a la Ley de Ordenamiento Territorial
Esta
sanción se enmarca en las reformas a la LOOTUGS, aprobadas por la Asamblea
Nacional el pasado 30 de junio de 2026 tras acoger el veto parcial del
presidente Daniel Noboa.
La
norma legal consolidó atribuciones de vigilancia y capacidad sancionatoria
directa para la SOT. El texto faculta al organismo de control para aplicar
sanciones financieras de hasta el 3 % del presupuesto anual de los municipios
incumplidos en determinadas infracciones graves.
Asimismo,
la ley exige a la SOT iniciar acciones de inspección en un plazo máximo e
improrrogable de 30 días tras recibir denuncias o informes técnicos.
El
trámite legislativo de esta ley generó intensos debates entre la bancada
gobiernista de Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana
(RC). El oficialismo defendió las reformas para agilizar trámites, reducir la
burocracia e incentivar la inversión en vivienda. Por su parte, la oposición
cuestionó el texto por considerar que promovía la concentración de poder y
limitaba la planificación local.
Antes
de la ratificación legislativa, la Corte Constitucional declaró
inconstitucionales varios apartados de nueve artículos de la propuesta.
El
tribunal determinó que condicionar las decisiones locales a autorizaciones
previas del Gobierno central o autorizar la emisión de licencias sustitutivas
vulneraba la autonomía de los cantones.
Paralelamente,
el Ejecutivo presentó objeciones por inconveniencia para corregir errores de
técnica legislativa y evitar riesgos en los permisos de construcción. La
Asamblea se allanó a estas observaciones y al dictamen constitucional para
promulgar la norma final.
FUENTE https://www.radiopichincha.com/primer-gad-sancionado-tras-reformas-en-la-ley-de-ordenamiento-territorial/
