ECUADOR EN 2023 SE PREVÉ PAGAR #DEUDAPÚBLICA consta en propuesta de PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PAI

Foto tomada de web lampadia

Título Original: LA FICCIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES.

Economista Marco Flores T./ Quito

La ficción nunca triunfa sobre la realidad, tampoco en la economía, menos aún insistiendo en destruir conceptos básicos de finanzas públicas, como la diferencia entre gastos de inversión y gastos corrientes, valores nominales y valores reales, tratando de posicionar como verdad ante la gente que los años 2022 y 2023 incluyen inversiones públicas que superan cualquier nivel anterior. No es cierto.

Primero, comparar correctamente valores nominales de un año con otro requiere establecer su equivalencia porcentual respecto del tamaño de la economía (PIB). Si se comete el error de simplemente comparar valores nominales de distintos años el resultado estará distorsionado por variación de los precios, por la tasa de crecimiento poblacional y por el cambiante poder adquisitivo del dinero. A mayor variación mayor será la distorsión en los resultados.

Pero además, tampoco es cierto que en el año 2022 ni en el 2023 se verifique ningún Plan Anual de Inversiones (PAI) al menos fortalecido para en algo atender urgentes necesidades sociales. Suficiente es indicar que el PAI contenido en la Proforma del Presupuesto General del Estado del año 2023, incluye 6472 millones de dólares de los cuales 4600 millones se destinan a amortizaciones de la deuda pública, pago de sentencias y laudos arbitrales.

Como resultado apenas quedan en el PAI 1872 millones y está por verse cuánto de este dinero realmente se llega a invertir pues como muestra de la ficción el PAI codificado a septiembre del año 2022 fue de 2870 millones de dólares pero el gasto efectivo devengado apenas fue de 610 millones, el 21.3%. Nada para celebrar.

Fuente La Nación 

Ecuador, el único de la región sin recuperarse de la pandemia

 

Fuente Diario Expreso

Incumplimiento del Plan de Gobierno le podría costar el cargo a Lasso

La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño aseguró que el Plan de Gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene demasiadas imprecisiones en las cifras. Además, detalló que presentarán un informe sobre estas inconsistencias para analizar la posibilidad de revocatoria por incumplimiento de mandato. 

La Comisión de Régimen Económico recalcó que el 55,36% de cifras y datos están respaldados con información oficial. Sin embargo, un 17,86% tiene imprecisiones y para el 26, 78% no se encontraron datos y cifras de las instituciones que avalen la información.

“Frente al informe que presenta Lasso es penoso que quiera engañar a un país entero con apenas el 55,36 % de datos”, afirmó la legisladora Pilar Llano.

Pazmiño también detalló que el Ministerio de Finanzas entregó el Informe Presupuestario el 3 de octubre, cuando el plazo venció el 28 de septiembre. “La entrega tardía de este informe también incurre en el incumplimiento del Plan de Gobierno”, aseveró.

La asambleísta por UNES, Ana Raffo manifestó que en el informe presentado por el Ejecutivo no se verifica el cumplimiento de metas y objetivos, por lo tanto existe una vulneración constitucional.

El legislador Blasco Luna aseguró que el primer mandatario no presentó información sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Esta omisión de información podría ser una causal de destitución de Lasso.

Por último, Pazmiño agregó que la Comisión de Régimen Económico ya tenía un informe de observaciones sobre el Plan de Gobierno. No obstante, la administración anterior, a la cabeza de Guadalupe Llori, no permitió que se analizara el documento en el Pleno.

Fuente web Radio La Calle

Preguntas del gobierno de Guillermo Lasso para Consulta Popular y Referéndum

#Ecuador: LA INVERSIÓN EN SALUD Y EDUCACIÓN CAE 80% EN 2022

El gobierno preveía invertir USD 62 millones en infraestructura y equipos médicos en 2022. Pero entre enero y agosto invirtió menos de USD 1 millón. La inversión pública en salud y educación no despega cuando faltan cuatro meses para que termine 2022. 

El Ministerio de Finanzas presupuestó USD 768,8 millones para programas en ambos sectores en 2022. Pero entre enero y agosto solo ha transferido USD 184 millones; es decir, el 24%.

Los USD 184 millones representan una caída del 80% frente a los USD 922 millones gastados en inversión de salud y de educación en iguales meses de 2021.

Lo anterior ocurre pese a que salud y educación son los sectores de mayor peso en Plan Anual de Inversiones (PAI) para 2022. Juntos representan el 37% de este gasto. Para el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Santiago García, la lenta ejecución del gasto público en sectores prioritarios como salud y educación está mermando la calidad de vida de las personas y es un obstáculo para el desarrollo del país.

Proyectos de salud: 

Para salud, el Ministerio de Finanzas preveía invertir USD 273,8 millones en todo 2022. Pero el gobierno apenas ha desembolsado USD 49 millones o el 17% del presupuesto entre enero y el 26 de agosto.

El programa de mayor inversión en salud es el llamado Reforma Institucional de la Gestión Pública. Las transferencias para este plan sumaron USD 24,9 millones entre enero y agosto de 2022, y comprende: Capacitaciones para el personal Obtención de certificaciones de calidad, planes para jubilación de personal, le sigue la vacunación contra el Covid-19. Para el plan, el Ministerio de Finanzas presupuestó USD 18 millones para 2022 y ya se han gastado USD 17 millones. 

En cambio, el gasto del programa Ecuador libre de desnutrición infantil suma USD 2 millones, de los USD 30,5 millones proyectados para todo 2022. Escasez de fármacos persiste Tras el fin de la emergencia para el sector de salud, que comenzó el 22 de junio y duró dos meses, el gasto en infraestructura y equipos hospitalarios es mínimo.

De los USD 62 millones previstos estas obras e insumos para 2022, el Ministerio de Salud ha utilizado USD 878.453 o el 1,4% hasta entre enero y el 26 de agosto.

El presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Enrique Garcés, Byron Noroña, dice que esa casa de salud, ubicada en el sur de Quito, todavía carece desde equipos hasta insumos y medicamentos. Según Noroña, la escasez se repite en otros hospitales públicos. Por eso, él y otros doctores representantes de hospitales de Quito tenían previsto reunirse para buscar soluciones el 26 de agosto. 

Poco más de USD 170.000 para reparar escuelas.

El sector de la educación tiene proyectos de inversión por USD 495 millones en 2022. Y solo el 27% de ese presupuesto ha sido ejecutado en los ocho meses transcurridos de 2022.

Igual que en salud, el programa que demanda más recursos es el de Reforma Institucional de la Gestión Pública. 

Según Finanzas, hay egresos por USD 24,7 millones entre enero y el 26 de agosto para este programa. En contraste, la inversión en nueva infraestructura educativa solo suma USD 172.636 en ese mismo período. 

El plan del gobierno era destinar USD 1,07 millones a nuevas escuelas en 2022. Mientras tanto, para un plan de emergencia que atienda las Unidades Educativas del Milenio, el Ministerio de Finanzas estimó USD 1,4 millones para 2022. No obstante, todavía no se ha desembolsado ni un dólar del presupuesto previsto para estas escuelas.

Fuente Primicias

ECUADOR INVERSIÓN PÚBLICA SE HACE A CUENTA GOTAS POR MINISTERIOS Y OTRAS DEPENDENCIAS

Título original: Gastar lo recaudado: Ingresos fiscales vs Ejecución presupuestaria

El Estado está compuesto por cinco funciones, pero es desde las entidades de la Función Ejecutiva que se ordena, coordina y administra la construcción o ejecución de obras. En este capítulo, el equipo del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo revisó los niveles de ejecución del presupuesto de las 23 entidades adscritas al Ejecutivo, incluidas la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, al cierre del primer semestre de 2022. 

Fuente Fundación Ciudadanía y Desarrollo

TEXTO PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES (PRIVATIZACIONES)

Para el análisis les compartimos el texto del Proyecto de la LEY ORGÁNICA PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES, FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL presentado el 22 de febrero de 2022 en la Asamblea Nacional como PROYECTO DE LEY DE URGENCIA EN MATERIA ECONÓMICA.

Varios analistas a nivel nacional califican a este proyecto como privatizador en su esencia del patrimonio público, bajo la figura de concesionar su administración.

Según el cronograma, aprobado por la Comisión, el informe para el primer debate debe estar listo hasta el 10 de marzo. Este se deberá debatir en el Pleno de la Asamblea. Las observaciones se agregarán al informe para el segundo debate que debe estar listo hasta el 19 de marzo. El Pleno nuevamente debatirá el documento para aprobar, rechazar u observar el proyecto de ley. El plazo para ello vence el 24 de marzo.

Análisis |  Primer paquetazo 2022: La nueva Ley de Inversiones – iie

Ilustración 1. Esquema de privatización (concesión) de la gestión de los proyectos de sectores estratégicos y servicios públicos: el caso de la electricidad.

La Ley de “Inversiones” enviada por el presidente Lasso tiene como objetivo generar el marco normativo para privatizar los activos del Estado y cederlos a distintos actores privados. A su vez, estos últimos tienen como uno de sus fines aumentar la tarifa de los servicios públicos para garantizarse altos niveles de ganancia. Del otro lado de la moneda los y las ciudadanas del país van a tener que pagar más por los servicios y eso va a restringir su consumo, disminuir su capacidad adquisitiva (ya limitada por la precarización laboral) y, por lo tanto, su bienestar. En efecto, dar paso a esta Ley significa que el Estado decide por voluntad propia dar cabida a perder su capacidad de generar bienestar a las grandes mayorías, para dar paso a dar bienestar a una minoría privatizadora cuyo único interés es el lucro y la ganancia. En resumen, se trata de un nuevo paquetazo a la sociedad ecuatoriana.

De esa manera, la “Ley para la Atracción de Inversiones” señala en el artículo 8 que el beneficio de las empresas privatizadoras será, entre otros, por el pago “a través de tarifas a cargo de los usuarios”. Lo que significa un aumento de los precios. A modo de ejemplo se recuerda lo mencionado en la primera revisión que realizó el Fondo Monetario Internacional, que en 2019 establecía lo que el Ecuador debía realizar como parte de los Acuerdos, especificando que era necesario privatizar la hidroeléctrica Sopladora, privatizar las líneas eléctricas y aumentar el precio de la electricidad.[1] Con esto, es claro que esta Ley viabiliza que la privatización del sector eléctrico (figura 1) así como de otros sectores, pese a que se trata de un sector estratégico, en este caso la energía, como lo señala la Constitución de 2008.[2]

Desde esta perspectiva, si la privatización de la electricidad tiene lugar, el aumento de las tarifas será el siguiente paso, debido a que este es un servicio de consumo masivo y muy apetecido por los agentes privatizadores debido a la facilidad  con la que se puede generar enormes ganancias, tal como ocurrió en Argentina en el que el periodo de privatización significó que: “las tarifas de los servicios públicos privatizados se han venido incrementando sistemática y persistentemente, al amparo de normas de más que dudosa juricidad.” (Azpiazu, Forcinito, y Schorr, 2001, p. 97-98). Mientras que en el caso del gas existe evidencia de un aumento de las tarifas y un incremento considerable de las ganancias de las empresas privatizadoras.[3]

Con estos elementos se muestra que la privatización expresada en esta Ley afecta a la población ecuatoriana a través del paquetazo que promulga con el aumento del precio de las tarifas. Por otra parte, existe evidencia que confirma los beneficios de que los servicios públicos se mantengan bajo la administración estatal. Un claro ejemplo es lo ocurrido en Francia respecto al servicio público de agua de una empresa privatizadora: “la recuperación del ayuntamiento de París en 2008 de la empresa Veolia y Suez (…) permitió una disminución del 8% en las tarifas de agua y un ahorro de 35 millones de euros para el ayuntamiento».[4] En conclusión esta Ley debe ser rechazada si es que al Legislativo le interesa el bienestar de la población y no una minoría empresarial con pretensiones privatizadoras.

Bibliografía

Azpiazu, D., Forcinito, K., & Schorr, M. (2001). Privatizaciones en la Argentina : renegociación permanente, consolidación de privilegios, ganancias extraordinarias y captura institucional. In D. Azpiazu, K. Forcinito, & M. Schorr, : Privatizaciones en la Argentina: renegociación permanente, consolidación de privilegios, ganancias extraordinarias y captura institucional. Azpiazu, Daniel; Forcinito, Karina; Schorr, Martín (pp. 1-104). Buenos Aires: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Argentina.

[1] https://coyunturauceiie.org/2019/07/11/la-depredacion-del-gobierno-y-el-fmi-amnistia-y-reforma-tributaria-le-cuesta-al-estado-ecuatoriano-usd-1-310-millones-en-2019-en-contraposicion-se-pretende-una-reforma-fiscal-regresiva-aumento-de-p/

[2] Artículo 313

[3] https://coyunturauceiie.org/2021/06/08/iniciaron-las-privatizaciones-tarifazos-a-la-vista/

[4] https://coalicionregional.net/wp-content/uploads/2018/03/web_es_agua_manta_informe_2018.pdf

Artículo de la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura UCE

Fuentes 

Web Presidencia de la República 

Web Diario El Comercio

Web Confimado.net

#Ecuador #GruposEconómicos sacaron USD 563 millones a #paraísosfiscales durante la #pandemia

Título original:Ranking de Grupos Económicos que sacaron USD 563 millones a paraísos fiscales durante la pandemia

Casi el doble de lo presupuestado para el plan contra la desnutrición infantil

Jonathan Báez Valencia

El presidente Lasso anunció la disminución del 1% al ISD, un impuesto que afecta aquellos que tienen recursos para sacar dinero a otros territorios, incluyendo a los paraísos fiscales. Lo que sorprende es que, durante 2020, año en que se experimentó la pandemia y en el que se pidió que «todos arrimaran el hombro», un total de 296 Grupos Económicos sacaron más de 563 millones de dólares a estos territorios, según el Servicio de Rentas Internas. Este monto representa 1,7 veces el presupuesto que el plan contra la desnutrición infantil, que asciende a tan solo USD 329 millones. Las repercusiones de la disminución por supuesto que serán la fuga de capitales y los problemas de balanza de pagos que ello represente, así como la disminución de la recaudación, con lo cual se atenta contra los ingresos del Estado y esto generará una debacle económica, con lo cual los efectos aumentan y aún están por estimarse. Lo que queda claro es que los beneficios y su direccionamiento son claros: a las élites empresariales que son las que sacan divisas. Por lo cual se presenta el ranking de estas al público.

El ISD en 2020 implicó una recaudación de USD 964 millones y, a su vez, desincentivó una mayor salida de capitales. Con la disminución de este impuesto, la fuga de capitales nuevamente vuelve a ser una de las mayores problemáticas del país y que afecta su desarrollo. Por consiguiente, la incógnita que se plantea es ¿Quién saca los capitales? Pues se estima que, en 2020, año de pandemia, 296 Grupos Económicos son responsables de la salida del 41% de capitales. Lo que claramente muestra que son los actores de mayor poder económico los que concentran la salida de capitales y, por ende, los mayores beneficiados de esta reducción. Sobre todo, para aquellos que desean sacar capitales a paraísos fiscales, con un monto que supera al del plan para enfrentar la desnutrición infantil.

Con estos antecedentes nos cuestionamos ¿Por qué en lugar de vender el eficiente Banco del Pacífico, no aumenta 1% al ISD para combatir la desnutrición? ¿Por qué no recupera esos recursos que salen a paraísos fiscales? ¿Por qué no se recupera algo de esos USD 7 mil millones de evasión fiscal? ¿Por qué condenar al país a un deterioro económico y social por efecto de la fuga de capitales? Al parecer, la respuesta es: para beneficiar a aquel conjunto de élites empresariales que, en medio de una pandemia, no dudaron en seguir sacando recursos a paraísos fiscales. Por estos motivos, ponemos a disposición el ranking de salida de divisas de Grupos Económicos en 2020:

Ranking 2020

Fuente coyunturauceiie 

INFORME COMISION ASAMBLEA NACIONAL ECUADOR SOBRE CASO PANDORA PAPERS

 Puede bajarse una copia del informe haciendo clic en la siguiente imagen:

 

 

 

¿Qué dice la LEY ORGÁNICA PARA LA APLICACIÓN DE LA CONSULTA POPULAR EFECTUADA EL 19 DE FEBRERO DE 2017 o llamada también del Pacto Ético? Haga clic en el siguiente texto para bajarse una copia:

Sección II

INHABILIDADES Y SANCIONES

Art. 7.- Inhabilidades.- En el caso de los numerales 3 y 4 del artículo 1, se inhabilitará a la persona para inscribir su candidatura o para ejercer el servicio público, según sea el caso.

Art. 8.- Sanción.El incumplimiento de las disposiciones previstas en esta ley, acarreará la destitución o pérdida del cargo de la persona que ostente una dignidad de elección popular o ejerza un cargo en calidad de servidor o servidora pública.

Si la persona infractora no es destituida en el término de diez días, luego de recibir la notificación que indique que la persona infractora debe ser destituida, lo hará la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, cuya decisión sólo será impugnable en el efecto no suspensivo.

El no dar trámite a la solicitud de destitución, señalada en el presente artículo, será causal de destitución de la autoridad nominadora. En el caso de gobiernos autónomos descentralizados sus entidades y regímenes especiales, el requerimiento para la remoción de los servidores públicos corresponde a la autoridad nominadora.

Art. 9.- Procedimiento.- Cuando la Contraloría General del Estado tenga conocimiento de la violación de alguna de las disposiciones previstas en esta ley, para la aplicación de las sanciones observará el siguiente procedimiento:

1. Se ordenará el inicio del examen especial correspondiente, con el fin de determinar la existencia de la infracción y la responsabilidad de la servidora o el servidor público examinado.
2. En el término de tres días se notificará el inicio del examen especial a la servidora o el servidor público.
3. En el término de 60 días, la servidora o el servidor público ejercerá su derecho a la defensa y presentará las pruebas de descargo.
4. En el término de 5 días la Contraloría General del Estado dictaminará el archivo del proceso o la destitución del cargo de la servidora o el servidor público.
5. En el término de 3 días la Contraloría General del Estado notificará a la servidora o el servidor público y a la autoridad nominadora, el archivo o la destitución según corresponda.

Cuando se trate de servidores públicos de elección popular, servidores públicos sujetos a control político, Jueces de la Corte Constitucional y Jueces de la Corte Nacional de Justicia, la Contraloría General del Estado remitirá el expediente con la destitución a la Corte Constitucional para que en el término de 10 días se pronuncie sobre el cumplimiento del debido proceso. En su resolución la Corte Constitucional confirmará o rechazará el pronunciamiento de la Contraloría General del Estado.

Cuando se trate de servidores públicos de elección popular pertenecientes a cuerpos colegiados diferente a la Asamblea Nacional, la resolución de la Corte Constitucional se remitirá a dicho cuerpo colegiado para que ejecute la resolución en el término de 10 días.

Cuando se trate del Presidente de la República, Vicepresidente de la República y Asambleístas, la resolución ratificatoria de la Corte Constitucional servirá para que el pleno de la Asamblea Nacional adopte la decisión que corresponda conforme la ley.

La Evasión Tributaria en Ecuador representa más de cinco años de subsidios en combustibles

Foto tomada de forbescentroamerica

Jonathan Báez Valencia

Las manifestaciones contra el gobierno del presidente Lasso, como efecto del último aumento del costo de los combustibles, se da en medio de la publicación de los Pandora Papers. Una filtración de documentos que muestra la relación del presidente con sociedades offshore en paraísos fiscales. Estas son empresas utilizadas para eludir el pago de impuestos mediante el ocultamiento. En efecto, un análisis de la CEPAL muestra que la evasión de impuestos alcanza en el país aproximadamente USD 7,6 miles de millones. Por otro lado, al analizar el costo de los subsidios en los combustibles en el periodo 2015-2020 asciende a USD 7 mil millones. De esa manera, se concluye que la Evasión Tributaria en Ecuador representa más de cinco años de subsidios en combustibles. En conclusión, si las élites evasoras de impuestos pagan lo que les corresponden, el dilema de los subsidios estaría cubierto por más de un periodo presidencial.

Un análisis de la CEPAL titulado “Estrategias para abordar la evasión tributaria”[1] establece que la evasión tributaria del IVA alcanza el 2,2% del PIB; la evasión del impuesto a la renta sobre personas físicas asciende a 1,1% del PIB y; finalmente la evasión del impuesto a la renta sobre personas jurídicas representa el 4,4% del PIB. Estos datos a 2005, bajo el supuesto de que estos porcentajes se mantienen a 2020, la evasión tributaria alcanza los USD 7,6 miles de millones. Aquí cabe mencionar que este rubro representa la evasión, aún está por cuantificarse el monto que la elusión fiscal producida por los paraísos fiscales y las sociedades offshore representa para los países. Por lo que el monto puede ser aún más alto.

Por otro lado, el monto de los subsidios a los combustibles medido a través de la diferencia entre ingresos y costos por ventas internas de importaciones elaborado por el Banco Central del Ecuador entre 2015 y 2020 permite observar que es un rubro que asciende a USD 7 mil millones. Desde esa perspectiva, es posible concluir que si se limita la evasión tributaria sería posible financiar cinco años de subsidios a los combustibles.

Dicha información muestra que es necesario, no solo luchar contra la evasión fiscal, también debe ser la elusión fiscal, como la lucha contra los paraísos fiscales. Además de generar una reforma tributaria progresiva que grave a las élites económicas con los ingresos más altos, así como a las grandes fortunas. En esta última se ha estimado que puede generar más de USD 4 mil millones.[2] Estos recursos deben servir como elemento para la redistribución y así generar bienestar de la población.

La actual investigación que se realiza al presidente Lasso debería preguntarse si se violó el Pacto Ético, pero también, de demostrarse, a cuánto asciende la afectación por la elusión fiscal durante los años que los utilizó. Desde esa perspectiva es fundamental preguntarse ¿Cuántas personas se les negó la oportunidad de ir a la Universidad? Por falta de recursos ¿Cuántas escuelas, colegios, hospitales, etc. no se construyeron por la el no pago de impuestos? ¿Cuánto fue el subdesarrollo que provocó la elusión y evasión tributaria en el país?

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[1] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46301/1/S2000696_es.pdf

[2] https://coyunturauceiie.org/2021/01/12/impuesto-permanente-a-las-grandes-fortunas-en-ecuador-generaria-mas-de-usd-4-mil-millones/

 Fuente coyunturauceiie