Asamblea habilita correo electrónico para denuncias incrementos patrimoniales de alcaldes y prefectos

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea en sesión del 8 de julio de 2026.- FotoAsamblea Nacional.

La bancada de ADN pedirá los balances de los ingresos de alcaldes y prefectos a la Contraloría y otras entidades para cruzar la información. Al correísmo le preocupa que la fiscalización se concentre en la oposición a vísperas de las seccionales. 

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea empezó la fiscalización sobre los patrimonios de alcaldes, prefectos y otras autoridades locales que registran incrementos patrimoniales que no han podido justificar.

La presidenta de la mesa, Lucía Pozo de Acción Democrática Nacional (ADN), anunció el 9 de julio una serie de acciones para avanzar con la investigación a los titulares de Gobiernos Autónomos Decentralizados (GAD). 

Los asambleístas solicitaron información a la Contraloría, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Trabajo.

El objetivo, dijo Lucía Pozo, es cruzar información para determinar qué ingresos corresponden a su labor como autoridad local y cuáles son por sus labores empresariales, de ser el caso.

La fiscalización tuvo su origen en publicaciones periodísticas que evidenciaron que, al menos, un tercio de los alcaldes y prefectos del Ecuador registran saltos patrimoniales durante el ejercicio de su gestión. 

"Algunos incluso ya están enfrentando prisión preventiva enfrentando procesos de instrucción fiscal por presunta vinculación a actividades económicas ilícitas, sin poder justificar el origen de su patrimonio", señaló la asambleísta de ADN.

El lunes 6 de julio fue detenido el alcalde de Machala, Darío Macas, junto a varias de su entorno familiar y laboral. El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que la UAFE detectó "un incremento" en el patrimonio del alcalde "a través de empresas familiares, muchas de ellas fantasmas.

El organismo de control añadió que había "un incremento exponencial del 74% en los ingresos del investigado a partir de 2020", inmediatamente después del inicio de su gestión al frente de la Municipalidad de Machala.

Ciudadanos llamados a denunciar

La asambleísta oficialista, Lucia Pozo, anunció que solicitó a la Asamblea Nacional la habilitación de un correo electrónico para que cualquier ciudadano que considere que su alcalde o prefecto tiene bienes que no concuerdan con sus ingresos, pueda alertar a la Comisión.

La dirección del correo que ya está activo es gadtransparente@asambleanacional.gob.ec, explicó el oficialismo.

Tras los reclamos de la Revolución Ciudadana (RC), de que supuestamente todas estas investigaciones están dirigidas a autoridades correístas o de partidos opositores, a poco de las elecciones seccionales del 29 de noviembre, Pozo aseguró que habrá una fiscalización sin sesgos.  

Fuente Diario Digital Primicias

La Evasión Tributaria en Ecuador representa más de cinco años de subsidios en combustibles

Foto tomada de forbescentroamerica

Jonathan Báez Valencia

Las manifestaciones contra el gobierno del presidente Lasso, como efecto del último aumento del costo de los combustibles, se da en medio de la publicación de los Pandora Papers. Una filtración de documentos que muestra la relación del presidente con sociedades offshore en paraísos fiscales. Estas son empresas utilizadas para eludir el pago de impuestos mediante el ocultamiento. En efecto, un análisis de la CEPAL muestra que la evasión de impuestos alcanza en el país aproximadamente USD 7,6 miles de millones. Por otro lado, al analizar el costo de los subsidios en los combustibles en el periodo 2015-2020 asciende a USD 7 mil millones. De esa manera, se concluye que la Evasión Tributaria en Ecuador representa más de cinco años de subsidios en combustibles. En conclusión, si las élites evasoras de impuestos pagan lo que les corresponden, el dilema de los subsidios estaría cubierto por más de un periodo presidencial.

Un análisis de la CEPAL titulado “Estrategias para abordar la evasión tributaria”[1] establece que la evasión tributaria del IVA alcanza el 2,2% del PIB; la evasión del impuesto a la renta sobre personas físicas asciende a 1,1% del PIB y; finalmente la evasión del impuesto a la renta sobre personas jurídicas representa el 4,4% del PIB. Estos datos a 2005, bajo el supuesto de que estos porcentajes se mantienen a 2020, la evasión tributaria alcanza los USD 7,6 miles de millones. Aquí cabe mencionar que este rubro representa la evasión, aún está por cuantificarse el monto que la elusión fiscal producida por los paraísos fiscales y las sociedades offshore representa para los países. Por lo que el monto puede ser aún más alto.

Por otro lado, el monto de los subsidios a los combustibles medido a través de la diferencia entre ingresos y costos por ventas internas de importaciones elaborado por el Banco Central del Ecuador entre 2015 y 2020 permite observar que es un rubro que asciende a USD 7 mil millones. Desde esa perspectiva, es posible concluir que si se limita la evasión tributaria sería posible financiar cinco años de subsidios a los combustibles.

Dicha información muestra que es necesario, no solo luchar contra la evasión fiscal, también debe ser la elusión fiscal, como la lucha contra los paraísos fiscales. Además de generar una reforma tributaria progresiva que grave a las élites económicas con los ingresos más altos, así como a las grandes fortunas. En esta última se ha estimado que puede generar más de USD 4 mil millones.[2] Estos recursos deben servir como elemento para la redistribución y así generar bienestar de la población.

La actual investigación que se realiza al presidente Lasso debería preguntarse si se violó el Pacto Ético, pero también, de demostrarse, a cuánto asciende la afectación por la elusión fiscal durante los años que los utilizó. Desde esa perspectiva es fundamental preguntarse ¿Cuántas personas se les negó la oportunidad de ir a la Universidad? Por falta de recursos ¿Cuántas escuelas, colegios, hospitales, etc. no se construyeron por la el no pago de impuestos? ¿Cuánto fue el subdesarrollo que provocó la elusión y evasión tributaria en el país?

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[1] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46301/1/S2000696_es.pdf

[2] https://coyunturauceiie.org/2021/01/12/impuesto-permanente-a-las-grandes-fortunas-en-ecuador-generaria-mas-de-usd-4-mil-millones/

 Fuente coyunturauceiie

INFORMES APROBADOS CONTROL EN EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 ECUADOR

Desde el 17 de marzo de 2020, la Contraloría General del Estado ha emitido 275 órdenes de trabajo, para iniciar igual número de exámenes especiales a los procesos de contratación efectuados, en distintas entidades públicas a nivel nacional, para enfrentar la emergencia sanitaria.

Como resultado de estas labores, hasta agosto de 2021 se ha aprobado 268 informes generales de auditoría gubernamental y se han remitido a la Fiscalía General del Estado 128 informes con indicios de responsabilidad penal, que recogen hechos que podrían configurar posibles actuaciones dolosas en la administración de los bienes y recursos públicos.

Informes aprobados por tipo de entidad (GENERAL)

Informes aprobados de Gobierno Autónomos  Descentralizados Provinciales

Carchi

Informes aprobados de Gobierno Autónomos  Descentralizados Municipales

Tulcán

Montúfar

El análisis de los informes generales de auditoría aprobados por la Contraloría General del Estado, referentes a las contrataciones de distintas entidades públicas para enfrentar la pandemia, concluyó que la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos fue el incumplimiento legal más frecuente en el cual incurrieron las instituciones del Estado examinadas.

El Reporte de Control Público señala que los funcionarios no publicaron oportunamente documentación relevante, como declaratorias de emergencia, contratos, informes parciales de la ejecución, facturas y órdenes de compra, en el Portal del Sistema Nacional de Contratación, impidiendo el acceso a la información por parte de la ciudadanía, para que ejerza control social.

La investigación determinó que las deficiencias en la definición de los presupuestos referenciales para las contrataciones, fue otro incumplimiento persistente en los contratos analizados por los equipos de auditores. Las instituciones no elaboraron estudios de mercado, ni buscaron procesos anteriores, de los mismos bienes o servicios a adquirir, en el Portal de Compras Públicas, con el fin de identificar proveedores que garanticen los mejores costos y condiciones beneficiosas para el Estado.

También se identificó que los contratistas incurrieron en inhabilidades para contratar con entidades estatales. No contaban con los permisos para distribuir o fabricar insumos y dispositivos médicos de protección contra el virus. En otros casos, no estuvieron inscritos en el Sistema Nacional de Compras Públicas, en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), ni constaban en el Registro Único de Proveedores (RUP).

Se efectuaron contrataciones con compañías cuya actividad económica no tenía concordancia con los objetos contractuales o que no cumplieron con los requisitos establecidos en los pliegos y términos de referencia, por lo que sus ofertas debieron descalificarse.

Las especificaciones técnicas no se elaboraron respetando las disposiciones legales que regulan este aspecto. La caracterización de los bienes y servicios a adquirir no fue suficiente y completa, con el detalle de las cantidades para satisfacer las necesidades, lo que dificultó establecer el cumplimiento cabal de los contratos y si las adquisiciones sirvieron para superar la situación de emergencia.

Estas irregularidades derivaron en que las instituciones públicas paguen precios más altos por bienes y servicios, en relación con los valores del mercado o frente a los pagos efectuados por otras entidades del Estado (o por los mismos organismos públicos), en procesos de contratación anteriores.

FUENTE web Contraloría General del Estado  y publicación Contraloría transparenta la gestión de los recursos públicos durante la emergencia sanitaria