La construcción de la agenda de desarrollo Post–2015 se ha planteado como un proceso participativo, basado en amplias consultas con la gente, a través de instancias nacionales, regionales y globales, mediante reuniones presenciales como también a través de medios virtuales. Este es un largo proceso, pero que ya en sus etapas iniciales, ha planteado algunas líneas novedosas. Uno de los temas que ha adquirido fuerza en esas consultas ha sido el lugar que la gobernabilidad democrática debe ocupar en la agenda de desarrollo más allá del 2015.
En esta ocasión analizaremos brevemente tres consultas recientes del proceso Post-2015. En primer lugar, la Consulta Global sobre Gobernabilidad y la Agenda Post-2015 celebrada en Sudáfrica (28 febrero-1 marzo 2013), coorganizada por el PNUD y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Más de 250 participantes de la sociedad civil, parlamentarios, y líderes de opinión de diversas regiones del mundo se dieron cita en el Parlamento Pan-Africano para analizar los desafíos de la gobernabilidad y el desarrollo.
Esta consulta arrojó que se visualiza un amplio respaldo para incorporar componentes de gobernabilidad a una nueva agenda de desarrollo, dado que la “gobernabilidad democrática es un componente critico esencial para asegurar que la gente en todo el mundo puedan gozar de una vida mejor y más satisfactoria”. Se planteó que se debe profundizar la discusión sobre la factibilidad de incluir un objetivo específico de gobernabilidad en la agenda post-2015, al mismo tiempo que se reconoció que la dimensión de gobernabilidad democrática atraviesa todos los objetivos de esa agenda futura. También se dio relevancia a que las prioridades de la gente deben imbuir esa agenda de desarrollo a través de mecanismos de participación.
Se reconoció que “las fallas de gobernabilidad están íntimamente ligadas a los desafíos de la desigualdad, tanto entre los países como dentro de los mismos”, como ilustra claramente la persistente desigualdad de género. Por ello, se subrayó que “el empoderamiento y la participación son necesarios para asegurar una agenda post-2015 transformadora” centrada en el protagonismo de la gente[1].
A partir de reconocer la multidimensionalidad de la gobernabilidad, se reclamó “coherencia de las políticas entre los diferentes niveles de gobierno” y por ende la importancia de asegurar la voz y representación de la gente en los gobiernos locales. De igual modo, se subrayó la importancia de la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas para responder a las demandas de la ciudadanía.
Finalmente, se reclamó el protagonismo de la gente en los procesos de implementación, monitoreo y rendición de cuentas como dimensiones críticas de la agenda post-2015, y la necesidad de establecer indicadores viables y medibles, que incluyan dimensiones clave de la gobernabilidad democrática y los derechos humanos. En palabras de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay: “Debemos medir aquello que valoramos”[2].
Otro significativo evento ha sido la reciente consulta con actores no gubernamentales sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015 desarrollada en Guadalajara, México, del 17 al 19 de abrilpasado. Concurrida reunión que contó con más de 400 participantes, provenientes de 24 países, de sectores y actores claves de la sociedad civil: ONGs, empresarios, académicos, pueblos indígenas.
No podemos hacer justicia a la riqueza de los debates, que se han sintetizado en el documento “Realizando el Futuro que Queremos en América Latina y el Caribe: Hacia una Agenda de Desarrollo Post-2015: Recomendaciones de Guadalajara”.
Sin embargo, es importante destacar alguno de los temas priorizados sobre: “Gobernanza, seguridad, acceso a la justicia y derechos humanos”. Allí se reconoció que “la agenda de desarrollo Post-2015, deberá de reiterar el papel rector del Estado con los derechos humanos” y “promover la participación ciudadana efectiva como eje rector de la gobernanza y la democracia en los países […] con énfasis en el empoderamiento de las mujeres, jóvenes, infancia y medidas de acción afirmativa para grupos que por su situación de discriminación han estado históricamente excluidos”[3].
También se dio prioridad al debate sobre: “metodología, seguimiento, participación ciudadana, medición e informe sobre el cumplimiento de la agenda de desarrollo Post-2015″, demandando “un proceso democrático y transparente en el desarrollo de la agenda Post-2015”, y los principios de “transparencia y rendición de cuentas, universalidad (mecanismos de regulación, monitoreo y evaluación aplicables a todos los actores involucrados: estados, sector privado, organismos financieros internacionales); y la participación ciudadana amplia y paritaria entre mujeres y hombres[4].
También fue el claro el mensaje desde los pueblos indígenas: “es necesario reforzar los mecanismos de participación de los pueblos indígenas. Ello implica cambiar la relación con los pueblos indígenas al interior de los Estados considerando un monitoreo con base en instrumentos de derechos humanos y particularmente el derecho a la consulta”[5].
Por último, no podemos dejar de referirnos a la consulta virtual: El mundo que queremos, que busca recoger las prioridades de la gente de todos los rincones del mundo para ayudar a construir una visión colectiva que será utilizada directamente por las Naciones Unidas y los líderes mundiales para planificar una nueva agenda de desarrollo en el 2015.
A la fecha más de 340,000 personas han votado entre 16 prioridades de desarrollo, determinando como prioridad número 3: “Un Gobierno honesto y responsable”. En el continente americano, los votantes le han asignado la prioridad número 2. Entre los países de América Latina y el Caribe, los votantes de Argentina, Barbados, Brasil, Colombia, República Dominicana y Trinidad y Tobago también le han asignado la segunda prioridad, mientras que en Costa Rica, Honduras, Jamaica y Paraguay, la prioridad número 3. Los votantes de Chile, Guatemala y México, la número 4, y los de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, Santa Lucía y Perú, la quinta prioridad. Es claro que para los latinoamericanos y caribeños, la gobernabilidad democrática, ocupa una de las máximas prioridades de su desarrollo.
Si estas distintas voces de la gente a lo largo y ancho del mundo reconocen un lugar clave a la dimensión de la gobernabilidad democrática en la agenda de desarrollo más allá del 2015, ¿qué posición adoptan los actores gubernamentales? Todavía es prematuro un juicio determinante en ese sentido. Sin embargo, es importante mencionar algunas acciones innovadoras, como entre los parlamentarios, que en el marco de la Unión Inter Parlamentaria (IPU), están impulsando la inclusión de objetivos de gobernabilidad democrática en la agenda Post-2015.
Si bien estamos al inicio del camino, estas diversas instancias de consulta muestran con claridad que la gobernabilidad democrática se ubica entre las principales preocupaciones de la gente como una dimensión clave en el proceso de construir, de manera participativa, una nueva agenda de desarrollo centrada en la gente y donde la gente ocupe un rol protagónico, de manera coherente con el paradigma de desarrollo humano.-