El anuncio del presidente Rafael Correa de convocar a una consulta popular para decidir si se explota o no petróleo dentro del Parque Nacional Yasuní, es un recurso democrático válido, pero responde al inminente fracaso de la iniciativa de dejar en crudo bajo tierra, y a una coyuntura de capitalizar temas sensibles desde el interés del Gobierno, manifestó Fernando Villavicencio.
Villavicencio dijo compartir la propuesta de una consulta popular, para acabar con todas las hipocresías y contradicciones del régimen, respecto a un tema en el cual está involucrado la supervivencia de pueblos y uno de los últimos espacios de biodiversidad del planeta, como el Parque Yasuní y la Zona Intangible, donde viven al menos dos pueblos: Tagaeri y Taromenane.
Pero, aclaró que constitucionalmente quien está facultado a convocar a consulta popular respecto a este tema, es la Asamblea Nacional, como establece el Art. 407 “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.” Es decir el alcance constitucional del Presidente de la República es a emitir una petición fundamentada a la Asamblea, pero es esta instancia quien puede decidir si autoriza la explotación o en su defecto convoca a Consulta Popular.
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