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martes, 13 de octubre de 2026

MUNCIPIO DE ECUADOR SANCIONADO POR NO ACTUALIZAR CATASTRO MUNICIPAL

TÍTULO ORIGINAL: Primer GAD sancionado tras reformas en la Ley de Ordenamiento Territorial 

Las reformas a la ley ampliaron las facultades sancionatorias de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT). Además incrementaron el monto de las multas económicas que pueden imponerse a los gobiernos locales.

 

Según la resolución emitida el 2 de octubre, el Municipio de Rumiñahui cometió una infracción grave, contemplada en el artículo 107, numeral 7, de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS). Sin embargo, la sanción hace referencia a la numeración de la normativa de 2016, anterior a las reformas publicadas en el Registro Oficial en julio de 2026.

 

Los fiscalizadores de la entidad evaluaron 133 parámetros técnicos en la gestión del suelo cantonal. De acuerdo al informe, la administración municipal incumplió 33 de estas exigencias obligatorias, lo que representa un 24,81 % de inobservancia.

 

La SOT detectó inconsistencias en la estructura de la clave catastral, errores en el sistema de referencia y la falta de implementación del Sistema de Información Geográfico Catastral Local.

 

Ante estas irregularidades, la autoridad impuso una multa de USD 14.255,18 al gobierno municipal.

 

Además, la SOT demandó un posible impacto económico de este descuido. El cantón Rumiñahui genera un Valor Agregado Bruto de USD 1.213,45 millones. Sin embargo, puntualizó que la falta de actualización del catastro provoca que el municipio deje de percibir cerca de USD 7,8 millones anuales por concepto de tributación.

 

Reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial

 

Esta sanción se enmarca en las reformas a la LOOTUGS, aprobadas por la Asamblea Nacional el pasado 30 de junio de 2026 tras acoger el veto parcial del presidente Daniel Noboa.

 

La norma legal consolidó atribuciones de vigilancia y capacidad sancionatoria directa para la SOT. El texto faculta al organismo de control para aplicar sanciones financieras de hasta el 3 % del presupuesto anual de los municipios incumplidos en determinadas infracciones graves.

 

Asimismo, la ley exige a la SOT iniciar acciones de inspección en un plazo máximo e improrrogable de 30 días tras recibir denuncias o informes técnicos.

 

El trámite legislativo de esta ley generó intensos debates entre la bancada gobiernista de Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC). El oficialismo defendió las reformas para agilizar trámites, reducir la burocracia e incentivar la inversión en vivienda. Por su parte, la oposición cuestionó el texto por considerar que promovía la concentración de poder y limitaba la planificación local.

 

Antes de la ratificación legislativa, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales varios apartados de nueve artículos de la propuesta.

 

El tribunal determinó que condicionar las decisiones locales a autorizaciones previas del Gobierno central o autorizar la emisión de licencias sustitutivas vulneraba la autonomía de los cantones.

 

Paralelamente, el Ejecutivo presentó objeciones por inconveniencia para corregir errores de técnica legislativa y evitar riesgos en los permisos de construcción. La Asamblea se allanó a estas observaciones y al dictamen constitucional para promulgar la norma final.

 

FUENTE https://www.radiopichincha.com/primer-gad-sancionado-tras-reformas-en-la-ley-de-ordenamiento-territorial/

viernes, 11 de septiembre de 2026

#Alcaldes y #prefecto de #Carchi #evidencian #patrimonios #abultados

 

Alcaldes y prefecto de Carchi evidencian patrimonios abultados, expedientes judiciales archivados y nexos corporativos

Las declaraciones patrimoniales juradas presentadas ante la Contraloría General del Estado muestran variaciones relevantes en los patrimonios declarados por autoridades locales de Carchi entre el inicio del período 2023-2027 y los últimos formularios disponibles, correspondientes a 2025.

 

El mayor incremento patrimonial corresponde a Arnaldo Cuacés Quelal (CREO), alcalde de Espejo. Su patrimonio declarado pasó de USD 179.980 a USD 511.023,34, entre 2023 y 2025, lo que consolida un aumento de USD 331.042, equivalente al 183,93%. 

 

El valor declarado de sus inmuebles subió de USD 68.909 a USD 445.471, alcanzando USD 376.562 adicionales, equivalentes al 546,46%. La declaración de 2025 incorpora una finca adquirida el 22 de febrero de 2024, 284 días después del inicio del período municipal, por un monto de USD 114.453. Además, el burgomaestre registra dos bienes comprados en 2006 y 2010 que no constaban en el formulario inicial y exhibe mayores valores declarados para otros cinco inmuebles.

 

En respuesta a este equipo periodístico, Cuacés justificó su crecimiento por la actualización de los avalúos catastrales, así como por una reducción significativa de pasivos. Sobre la nueva propiedad incorporada en 2024, dijo que fue adquirida con nuevos créditos. Además, aclaró que la aparición de propiedades antiguas en sus últimas declaraciones se debe a la subdivisión catastral de un predio adquirido en 2006 en el sector La Esperanza de la parroquia La Libertad. Cuacés explicó que además de su sueldo de funcionario público tiene el negocio de venta de leche cruda, lo que le genera ingresos aproximados de USD 8.000 mensuales.

 

En el cantón Bolívar, el patrimonio declarado por el alcalde Livardo Benalcázar aumentó de USD 184.675 en 2023 a USD 291.096 en 2025, lo que arroja USD 106.421 más, equivalentes al 57,63%. Sus inmuebles pasaron de USD 130.000 a USD 240.000, lo que representa un incremento de USD 110.000 o del 84,62%. Aunque no se registran compras durante la gestión municipal, en la declaración de 2025 aparece una casa valorada en USD 100.000, adquirida en el año 2015, la cual no figuraba en el documento de inicio del período. Reelecto en 2023, Benalcázar llegó por una alianza entre el Movimiento Social Conservador del Carchi y el Centro Democrático (MSC-CD).

 

El alcalde de Tulcán, Andrés Ruano (RETO), registró el mayor crecimiento porcentual del patrimonio declarado en toda la provincia. El monto pasó de USD 39.061 al inicio de la gestión a USD 113.597 en la última declaración periódica disponible de 2025, certificando un aumento de USD 74.535, equivalente al 190,82%. Sus pasivos disminuyeron de USD 32.689 a USD 7.000, con una reducción de USD 25.689 o del 78,59%. La declaración de 2025 incorpora una camioneta valorada en USD 20.000, adquirida el 24 de febrero de ese año, y también eleva de USD 11.309 a USD 30.000 el valor declarado de un terreno comprado en 2017, evidenciando USD 18.690 más, equivalentes al 165,27%.

 

En Montúfar, el patrimonio declarado por el alcalde Raúl Lucero (MSC) pasó de USD 213.144 a USD 253.186, un aumento de USD 40.042. El valor declarado de sus inmuebles aumentó de USD 100.000 a USD 173.611. La diferencia coincide con tres propiedades adquiridas durante su gestión: un terreno comprado en 2024 por USD 1.874; otro terreno adquirido en 2025, por USD 12.000 y una casa comprada ese mismo año por USD 59.736. En paralelo, sus saldos bancarios disminuyeron en USD 17.839, equivalentes al 77,08%, mientras que sus pasivos crecieron en USD 15.729.

 

El prefecto de Carchi, Julio Robles, declaró un patrimonio neto de USD 397.517 en 2025, frente a los USD 439.509 consignados al inicio de su período, el 14 de mayo de 2023. La diferencia es de USD 41.991 menos. La principal variación corresponde a sus bienes muebles, cuyo valor declarado bajó de USD 140.000 a USD 63.000. En los formularios posteriores dejaron de constar tres automóviles valorados, en conjunto, en USD 77.000.

 

La Comisión de Gobiernos Autónomos tiene como fecha límite el 27 de septiembre para entregar su informe. Antes de ello, se prevé contar con un primer borrador el 15 de septiembre, que será revisado por los legisladores que integran la mesa.

 

Para denuncias sobre estos hechos por presuntos delitos hasta de enriquecimiento ilícito pueden hacerlo aún a la Comisión de la Asamblea Nacional respectiva a través de la dirección de correo electrónico gadtransparente@asambleanacional.gob.ec

 

FUENTES

 

https://www.eluniverso.com/noticias/politica/fecha-y-hora-en-la-que-empieza-el-toque-de-queda-en-guayas-manabi-los-rios-y-el-oro-nota/

 

https://elnorte.ec/alcaldes-y-prefecto-de-carchi-evidencian-patrimonios-abultados-expedientes-judiciales-archivados-y-nexos-corporativos/

 


viernes, 4 de septiembre de 2026

ECUADOR FISCALIZACIÓN SOBRE PRESUNTOS INCREMENTOS INJUSTIFICADOS PATRIMONIOS DE 224 ALCALDES Y 23 PREFECTOS

 

COMISIÓN FISCALIZACIÓN ASAMBLEA NACIONAL

La hoja de ruta y guía que orientará la fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de 224 alcaldes y 23 prefectos del país fue revisada en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional. Se espera que el informe borrador se elabore hasta el 15 de septiembre.

 

El presidente de esta mesa legislativa, Cristian Benavides, destacó que la medida permitirá organizar las actividades de las próximas semanas, con énfasis en el debido proceso, la rigurosidad técnica y jurídica y la transparencia.

 

Se espera la comparecencia del contralor general del Estado, así como de representantes del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Superintendencia de Compañías y registradores de la propiedad. El objetivo es conocer las metodologías y mecanismos utilizados para determinar la evolución y composición patrimonial de las autoridades investigadas.

 

Siguiente etapa

 

Se solicitarán datos complementarios a las dos entidades, además de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para contar con elementos específicos y suficientes para la investigación.

 

La agenda prevé el cruce y constatación de los datos proporcionados por las instituciones, seguido de una evaluación técnico-jurídica que permita estructurar expedientes y una matriz de valoración.

 

La planificación será flexible. Las fechas y actividades podrán ajustarse por disposición de la Presidencia y de los integrantes de la Comisión. La idea es garantizar una investigación técnica, jurídica y documentada que permita contar con elementos para valorar los casos y adoptar decisiones.

 

FUENTE https://www.ecuavisa.com/politica/informe-incrementos-patrimonio-de-autoridades-seccionales-mediados-septiembre-ecuador-asamblea-20260904-0080.html

jueves, 9 de julio de 2026

Asamblea habilita correo electrónico para denuncias incrementos patrimoniales de alcaldes y prefectos

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea en sesión del 8 de julio de 2026.- FotoAsamblea Nacional.

La bancada de ADN pedirá los balances de los ingresos de alcaldes y prefectos a la Contraloría y otras entidades para cruzar la información. Al correísmo le preocupa que la fiscalización se concentre en la oposición a vísperas de las seccionales. 

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea empezó la fiscalización sobre los patrimonios de alcaldes, prefectos y otras autoridades locales que registran incrementos patrimoniales que no han podido justificar.

La presidenta de la mesa, Lucía Pozo de Acción Democrática Nacional (ADN), anunció el 9 de julio una serie de acciones para avanzar con la investigación a los titulares de Gobiernos Autónomos Decentralizados (GAD). 

Los asambleístas solicitaron información a la Contraloría, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Trabajo.

El objetivo, dijo Lucía Pozo, es cruzar información para determinar qué ingresos corresponden a su labor como autoridad local y cuáles son por sus labores empresariales, de ser el caso.

La fiscalización tuvo su origen en publicaciones periodísticas que evidenciaron que, al menos, un tercio de los alcaldes y prefectos del Ecuador registran saltos patrimoniales durante el ejercicio de su gestión. 

"Algunos incluso ya están enfrentando prisión preventiva enfrentando procesos de instrucción fiscal por presunta vinculación a actividades económicas ilícitas, sin poder justificar el origen de su patrimonio", señaló la asambleísta de ADN.

El lunes 6 de julio fue detenido el alcalde de Machala, Darío Macas, junto a varias de su entorno familiar y laboral. El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que la UAFE detectó "un incremento" en el patrimonio del alcalde "a través de empresas familiares, muchas de ellas fantasmas.

El organismo de control añadió que había "un incremento exponencial del 74% en los ingresos del investigado a partir de 2020", inmediatamente después del inicio de su gestión al frente de la Municipalidad de Machala.

Ciudadanos llamados a denunciar

La asambleísta oficialista, Lucia Pozo, anunció que solicitó a la Asamblea Nacional la habilitación de un correo electrónico para que cualquier ciudadano que considere que su alcalde o prefecto tiene bienes que no concuerdan con sus ingresos, pueda alertar a la Comisión.

La dirección del correo que ya está activo es gadtransparente@asambleanacional.gob.ec, explicó el oficialismo.

Tras los reclamos de la Revolución Ciudadana (RC), de que supuestamente todas estas investigaciones están dirigidas a autoridades correístas o de partidos opositores, a poco de las elecciones seccionales del 29 de noviembre, Pozo aseguró que habrá una fiscalización sin sesgos.  

Fuente Diario Digital Primicias

jueves, 2 de julio de 2026

¿POR QUÉ CALLA LA SOCIEDAD CIVIL EN ECUADOR? Miedo, fragmentación, desgaste

¿Por qué calla la sociedad civil en Ecuador? Miedo, fragmentación y desgaste

Académicos coinciden en una desmovilización de sectores populares y de universidades; organizaciones y fundaciones enfrentan lucha por sobrevivencia

Durante el correísmo, quienes rechazaban los impuestos (como a las herencias) o las salvaguardias a productos importados eran descalificados. A los críticos de la política económica se los caricaturizó, como parte de la llamada “marcha de la Nutella”. Y a quienes defendían la libertad de prensa se los etiquetó como “prensa corrupta”. 

Pese a ello, desde el sector privado y la academia había voces levantando su opinión, no solo en medios.

Hoy se siente el silencio también en la sociedad civil, academia y profesionales, salvo algunas excepciones, en temas relevantes como el ataque a voces disidentes, la toma de la justicia y de instituciones públicas, y el uso de estas para amedrentar. 

¿Qué pasa con la voz de los ciudadanos? Para intentar responder esa pregunta, este medio consultó a académicos y actores de la sociedad civil.

No se valoran valores abstractos como las libertades

Farith Simon, abogado y catedrático de la USFQ, sostiene que se ha instalado una idea colectiva: la seguridad es el objetivo prioritario.

“Parece que todo vale”, dice. Cuestionar al poder en nombre de los derechos o de las libertades se interpreta como una crítica a la lucha contra la inseguridad. 

En esa línea, lo concreto (el miedo cotidiano) se impone sobre lo que muchos ven como abstracto: la defensa de la libertad de prensa o el rechazo al autoritarismo.

A ese fenómeno se suma la fragmentación de las reivindicaciones sociales. “Los movimientos que antes representaban agendas amplias se han debilitado. Hoy predominan demandas dispersas y sectoriales”, explica. 

En su opinión, también hay una fatiga acumulada tras años de movilizaciones sin resultados claros y sensación de haber sido instrumentalizados políticamente.

Industriales han sido golpeados también

Manuel Salgado, exdiputado y exprofesor de la Universidad Central, sostiene que el país atraviesa una crisis ideológico-política de años, cuyos efectos se han manifestado con retraso. 

“El desarrollo industrial es incipiente y ha sido golpeado por políticas del actual gobierno. No hubo una gran reacción ni por la guerra comercial con Colombia. Actores sociales tradicionales que representaban pensamiento alternativo mantienen representación, pero no poder de movilización”.

La situación de las organizaciones de la sociedad civil

Humberto Salazar, de Fundación Esquel, que en 2021 promovió Diálogos Nacionales: Pacto Nacional por Ecuador, comenta que ellos trabajan contra la desnutrición infantil. Cree que se debería armar una agenda, pero no solo desde la sociedad civil. 

Señala el impacto que han tenido los cambios en el sistema de cooperación internacional. ¿Cómo ven el declive democrático? 

“Hay organizaciones que podrían tener mucho interés en tomar una posición más directa sobre algunos temas, pero como que la energía se divide. Velan y trabajan por sostenibilidad y no logran abrir otro tipo de espacios de incidencia, de diálogo con el sector público”.

Contexto en Ecuador

Se adelantaron las elecciones, un alcalde está preso sin sentencia, GRANASA está intervenida y defensores de derechos se sienten amenazados.

Fuente 

Diario Extra

La participación ciudadana totalmente apagada, sin horizonte, peor con recursos para su promoción. Queda la resistencia.


miércoles, 27 de mayo de 2026

RENDICIÓN DE CUENTAS EN ECUADOR: MÁS SHOW QUE TRANSPARENCIA, CON DATOS

Imagen generada por IA solicitada por AUCM

El documento sobre rendición de cuentas de los GAD municipales evidencia un problema estructural de transparencia y control público en Ecuador, que puede analizarse desde la óptica de la corrupción pública, la opacidad institucional y el debilitamiento del control social.

1. La rendición de cuentas como mecanismo anticorrupción

La rendición de cuentas no es solamente un trámite administrativo. Jurídicamente constituye un mecanismo de:

  • transparencia;
  • control social;
  • prevención de corrupción;
  • fiscalización ciudadana;
  • legitimidad democrática.

El propio Reglamento de Rendición de Cuentas define este proceso como participativo, transparente, oportuno y verificable.

En Ecuador, la obligación tiene fundamento en:

  • Constitución de la República:
    • Art. 83 numeral 11;
    • Art. 95;
    • Art. 100;
    • Art. 204;
    • Art. 208.
  • Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
  • Reglamento de Rendición de Cuentas del CPCCS 2026.
  • COOTAD, respecto al deber de participación y transparencia de los GAD.

Desde el enfoque anticorrupción, la rendición de cuentas sirve para evitar:

  • captura política de instituciones;
  • ocultamiento de información pública;
  • uso discrecional del presupuesto;
  • clientelismo;
  • sobreprecios;
  • direccionamiento contractual;
  • simulación de participación ciudadana.

2. Análisis comparativo del incumplimiento

El informe muestra que la mayoría de GAD incumplen elementos esenciales del proceso.

A. Activación del proceso desde la Asamblea Ciudadana

Solo 471 de 1752 instituciones respaldaron adecuadamente la participación de la Asamblea Ciudadana; 1245 no cumplieron.

Interpretación anticorrupción

Cuando la ciudadanía no participa desde el inicio:

  • la institución controla unilateralmente la narrativa;
  • se eliminan preguntas incómodas;
  • se evita el escrutinio de obras, contratos y presupuesto;
  • la rendición de cuentas se convierte en propaganda política.

Comparativamente, los sistemas con mayores índices de transparencia internacional exigen participación previa obligatoria y vinculante, mientras que en Ecuador el incumplimiento es masivo.


B. Comisiones mixtas ciudadanía–GAD

Solo 473 instituciones reportaron conformación de equipos mixtos; 1245 no pasaron el criterio.

Análisis comparativo

Las comisiones mixtas constituyen un “control cruzado” entre ciudadanía y administración.

Cuando no existen:

Sistema transparente

Sistema opaco

Ciudadanía verifica información

Autoridad se autoevalúa

Existe auditoría social

Existe control político interno

Se contrastan cifras

Se construye relato institucional

Hay trazabilidad documental

Hay discrecionalidad

Desde la teoría de prevención de corrupción, esto genera un fenómeno de “captura institucional del proceso de fiscalización”.


C. No entrega del informe preliminar

1328 instituciones no respaldaron la entrega previa del informe; 1081 tenían links inaccesibles.

Implicaciones

Esto es extremadamente grave desde el punto de vista de transparencia porque:

  • sin acceso previo no existe deliberación real;
  • la ciudadanía no puede verificar:
    • ejecución presupuestaria;
    • contratación pública;
    • cumplimiento del POA;
    • deuda pública;
    • contratación de personal;
    • consultorías;
    • obras inconclusas.

En términos comparativos internacionales, impedir acceso documental previo equivale a una forma indirecta de ocultamiento de información pública.


3. Links rotos y opacidad digital

Uno de los hallazgos más graves es repetitivo:

  • “No abre el link”
  • “El link no direcciona”
  • “No fue posible verificar”

Aparece en múltiples indicadores.

Perspectiva anticorrupción

Esto puede interpretarse de tres maneras:

1. Ineficiencia administrativa

Falta de capacidades técnicas.

2. Negligencia grave

Desinterés en garantizar transparencia.

3. Opacidad deliberada

Uso estratégico de barreras técnicas para impedir control ciudadano.

Comparativamente, organismos internacionales consideran la inaccesibilidad documental como una forma de corrupción administrativa indirecta, porque impide el control externo.


4. Deliberación pública simulada

Solo 302 entidades realizaron deliberaciones reales con mesas de trabajo; 1300 no respaldaron el proceso.

Comparación conceptual

Rendición auténtica

Rendición simulada

Debate ciudadano

Lectura de informe

Preguntas libres

Preguntas filtradas

Participación incidente

Evento ceremonial

Control social

Marketing político

Esto refleja un fenómeno frecuente en Ecuador: la “formalización vacía” del control ciudadano.

Se cumple la apariencia formal, pero no el objetivo constitucional.


5. Incumplimiento del plan de trabajo

Solo 302 instituciones respaldaron el plan de trabajo; 1420 no pasaron el criterio.

Además:

  • únicamente 166 instituciones reportaron cumplimiento de recomendaciones del año anterior.

Implicación estructural

Sin seguimiento:

  • la rendición de cuentas no genera consecuencias;
  • no existe mejora institucional;
  • no hay responsabilidad política;
  • el proceso pierde eficacia preventiva.

Desde la teoría anticorrupción, la ausencia de seguimiento transforma la rendición de cuentas en un mecanismo sin coercibilidad.


6. Comparación entre niveles de gobierno

La valoración 2023 muestra:

Tipo

Sí pasa

No pasa

Provinciales

43,08%

56,92%

Municipales

34,36%

65,64%

Parroquiales

20,02%

79,98%

Mancomunidades

2,78%

97,22%

Lectura comparativa

Mientras menor capacidad institucional tiene el nivel de gobierno:

  • mayor incumplimiento;
  • menor transparencia;
  • menor control ciudadano;
  • mayor vulnerabilidad a corrupción.

Los GAD parroquiales presentan la situación más crítica.


7. Relación con corrupción y contratación pública

La rendición de cuentas es clave para detectar:

  • fraccionamiento contractual;
  • sobreprecios;
  • contratos direccionados;
  • nepotismo;
  • uso político del presupuesto;
  • obras fantasmas;
  • consultorías innecesarias.

Cuando el sistema falla, aumenta el riesgo de:

Corrupción de baja visibilidad

Especialmente en:

  • contratación ínfima cuantía;
  • emergencias;
  • obras pequeñas;
  • gasto corriente;
  • contratación de festividades;
  • convenios interinstitucionales.

8. Contraloría y control posterior

El informe señala:

  • 2327 acciones de control de Contraloría entre 2013 y 2022.

Problema estructural

En Ecuador predomina un modelo de:

  • control posterior;
  • sanción tardía;
  • auditoría reactiva.

Pero la rendición de cuentas debería funcionar como:

  • control preventivo;
  • alerta temprana;
  • fiscalización social permanente.

El fracaso masivo del sistema implica que muchas irregularidades solo se detectan años después.


9. Conclusión jurídica y política

Comparativamente, el incumplimiento de la rendición de cuentas en Ecuador evidencia:

A. Debilidad institucional

Los GAD no han internalizado la transparencia como obligación sustancial.

B. Simulación democrática

Muchos procesos son meramente formales.

C. Opacidad estructural

La falta de acceso documental limita el control social.

D. Riesgo alto de corrupción

La ausencia de participación y verificación ciudadana incrementa:

  • discrecionalidad;
  • impunidad administrativa;
  • captura política;
  • clientelismo.

E. Ineficacia del control social

El modelo actual depende demasiado de la voluntad política del propio sujeto obligado.


10. Posibles consecuencias jurídicas

El incumplimiento puede generar:

  • responsabilidades administrativas;
  • observaciones de Contraloría;
  • incumplimiento de deberes de transparencia;
  • vulneración del derecho de participación;
  • responsabilidades políticas;
  • eventual responsabilidad penal si el ocultamiento se vincula con corrupción.

Inclusive, si existe ocultamiento deliberado de información pública, podría analizarse:

  • incumplimiento de decisiones legítimas;
  • abuso de funciones;
  • destrucción u ocultamiento de documentos públicos;
  • obstaculización del control social.

11. Reflexión final

El informe revela que el problema no es solamente técnico sino político e institucional.

La rendición de cuentas en gran parte de los GAD ecuatorianos funciona más como:

  • requisito burocrático,
    que como:
  • verdadero mecanismo de fiscalización democrática.

Y mientras más débil es la participación ciudadana real, mayor es el espacio para corrupción estructural y captura del poder local.

Fuente Documento de capacitación a los GAD´S MUNICIPALES por CPCCS

Análisis realizado por IA desde el documento

lunes, 23 de febrero de 2026

REFORMA A COOTAD: En 2024, el gasto corriente, especialmente en salarios, creció de forma significativa

REALIDAD. Varios alcaldes y prefectos han convocado marchas en rechazo y ya anuncian demandas de inconstitucionalidad contra las reformas de Noboa

Municipios deberán dejar de contar sueldos, eventos y donaciones como inversión: la nueva regla que obliga a gastar en obras reales 

La reforma al COOTAD redefine qué es inversión pública y obliga a municipios yprefecturas a destinar hasta el 70% de su presupuesto a obras y activos,excluyendo salarios, eventos y donaciones.

La reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial, introduce un cambio profundo en la forma en que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) planifican y ejecutan su presupuesto.

El eje central es una regla fiscal obligatoria: destinar al menos el 70% del presupuesto institucional anual a gasto de inversión y obra pública. Sin embargo, la norma no solo fija un porcentaje, sino que redefine qué se considera inversión, dejando fuera varios rubros que históricamente se contabilizaban como tal.

 

“El cambio es estructural porque obliga a los GAD a demostrar inversión real, visible y medible. Ya no bastará con etiquetar gastos administrativos o sociales como inversión”, explica Santiago García, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha y docente de la Universidad Central.

 

El presidente Noboa busca un cambio para frenar la caída de la inversión local en Ecuador

 

La reforma responde a un problema detectado por el Gobierno central: la disminución sostenida del gasto en obras y servicios básicos por parte de los gobiernos locales. En 2024, la inversión representó menos del 39% del presupuesto total, mientras el gasto corriente, especialmente en salarios, creció de forma significativa.

 

El objetivo oficial es reforzar la disciplina fiscal, asegurar que los recursos se orienten a las competencias constitucionales y mejorar la provisión de servicios públicos. Sin embargo, su aplicación implicará ajustes administrativos y políticos complejos, agravados por retrasos frecuentes en las transferencias desde el Ministerio de Economía. Los gobiernos locales reciben entre $3.400 millones y $3.600 millones al año desde el Gobierno Central.

 

“Muchos gobiernos locales se han financiado con gasto corriente disfrazado de inversión. Esta reforma intenta corregir esa distorsión, pero su implementación será difícil por la dependencia de transferencias y por limitaciones técnicas”, advierte García.

 

En Ecuador operan 221 municipios, 23 gobiernos provinciales, un régimen especial en Galápagos y 797 juntas parroquiales. Hay que tomar en cuenta que las juntas parroquiales últimas quedaron excluidas de la obligación del 70% de gasto de inversión.

 

Qué sí se considera inversión a partir de ahora en los gobiernos locales del Ecuador


La nueva normativa adopta una definición estricta de gasto de inversión: solo se reconoce aquel destinado a generar, ampliar, rehabilitar o mantener infraestructura pública, activos físicos o bienes de capital, con resultados tangibles y verificables.

 

En términos presupuestarios, únicamente se aceptan los siguientes grupos:

 

  • Subgrupo 73: Bienes y servicios para inversión
  • Grupo 75: Obras públicas
  • Grupo 77: Otros egresos de inversión
  • Grupo 84: Bienes de larga duración (propiedad, planta y equipo)
  • Grupo 88: Transferencias o donaciones de capital


Esto implica que la inversión debe materializarse en obras, equipamiento o activos concretos vinculados directamente a las competencias de los gobiernos locales.

 

“Se privilegia la inversión que deja huella física: carreteras, sistemas de agua, infraestructura urbana, maquinaria. Todo lo que no genere un activo tangible pierde peso presupuestario”, señala García.

 

El cambio más relevante es la eliminación de varios rubros que antes podían clasificarse como inversión, pero que ahora pasan a considerarse gasto corriente u otros tipos de egreso.

Entre los principales excluidos están:

 

1. Sueldos y personal vinculados a proyectos. Se elimina el Grupo 71 – Egresos en personal para inversión, que incluía salarios de trabajadores contratados para programas sociales o ejecución de obras. Esto significa que pagar técnicos, promotores sociales o personal temporal ya no podrá inflar las cifras de inversión.

 

“Este punto es clave: los salarios dejan de ser inversión aunque estén asociados a un proyecto. Eso obligará a reorganizar plantillas y presupuestos”, subraya García.

 

2. Servicios personales eventuales sin relación de dependencia. Dentro del subgrupo 73 también se excluyen pagos a consultores o personal ocasional que no tenga vínculo laboral formal, incluso si participan en proyectos públicos.

 

3. Eventos culturales, oficiales o promocionales. Ya no se considerarán inversión los gastos en:

 

  • Espectáculos culturales y sociales
  • Eventos oficiales
  • Actividades públicas promocionales

Estos rubros eran usados frecuentemente por municipios para programas comunitarios o festividades locales.

 

“Los municipios no podrán justificar festivales, celebraciones o campañas como inversión. Todo eso pasa a ser gasto corriente”, enfatiza.

 

4. Transferencias o donaciones para inversión a terceros. El Grupo 78 – Transferencias o donaciones para inversión (sector público o privado) queda fuera. Es decir, entregar recursos a organizaciones, fundaciones u otras entidades para ejecutar proyectos ya no contará como inversión directa del GAD.

 

“Se elimina la posibilidad de delegar la inversión a terceros para cumplir metas presupuestarias. La ejecución deberá ser directa y verificable”, añade.

 

Más exigencia sobre todo el presupuesto, no solo transferencias que reciben los gobiernos locales en Ecuador

 

Antes, la regla de destinar el 70% a inversión aplicaba principalmente a las transferencias del Gobierno central. La reforma amplía la obligación a todo el presupuesto institucional, incluyendo ingresos propios por tasas, impuestos locales o autogestión.

 

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), entre 2023 y 2025 los gobiernos locales manejaron en promedio:

 

Ingresos: $5.300 millones anuales

 

  • 62% transferencias del Gobierno central
  • 32% ingresos propios

Gastos: $4.960 millones

 

  • 30% gastos permanentes
  • 70% gastos no permanentes

La nueva norma busca que ese 70% no permanente corresponda efectivamente a inversión real.

 

“Esta reforma cambia el incentivo fiscal: ya no importa de dónde provenga el dinero, todo el presupuesto queda sometido a la regla”, explica García.

 

Losgobiernos locales deben Implementar gradualmente las nuevas reglas de gasto enEcuador hasta 2028

 

La reforma establece un calendario progresivo:

 

  • Desde junio de 2026: al menos 65% de inversión
  • Año 2027: mínimo 68%
  • Desde 2028: 70% obligatorio

El incumplimiento tendrá consecuencias severas: las asignaciones estatales se reducirían a los mínimos constitucionales (15% de ingresos permanentes y 5% de no permanentes).

 

“Las sanciones son fuertes porque afectan directamente la liquidez de los GAD. Para algunos municipios pequeños, no cumplir podría significar un colapso financiero”, advierte García.


Aunque la reforma busca mayor transparencia y eficiencia, también genera tensiones.

 

Por un lado, podría obligar a priorizar obras tangibles y reducir gastos administrativos o políticos. Por otro, implicará un ajuste fiscal importante, especialmente por la exclusión de los gastos en personal vinculados a proyectos.

 

Además, varios gobiernos locales advierten que la medida podría afectar su autonomía financiera y su capacidad de responder a necesidades sociales que no siempre se traducen en infraestructura física.

 

“Hay un debate legítimo sobre autonomía. El Gobierno central está definiendo cómo deben gastar incluso los recursos propios de los GAD”, sostiene García.

 

El desafío será equilibrar la obligación legal con las realidades territoriales, la disponibilidad de recursos y la capacidad técnica para ejecutar obras, en un contexto donde las transferencias estatales suelen retrasarse varios meses.

 

“En resumen, la reforma apuesta por inversión visible y cuantificable. El riesgo es descuidar programas sociales necesarios pero menos tangibles”, concluye García. (JS)

 

Fuente Diario La Hora digital

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