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La ficción nunca triunfa sobre la realidad, tampoco en la economía, menos aún insistiendo en destruir conceptos básicos de finanzas públicas, como la diferencia entre gastos de inversión y gastos corrientes, valores nominales y valores reales, tratando de posicionar como verdad ante la gente que los años 2022 y 2023 incluyen inversiones públicas que superan cualquier nivel anterior. No es cierto.
Primero, comparar correctamente valores nominales de un año con otro requiere establecer su equivalencia porcentual respecto del tamaño de la economía (PIB). Si se comete el error de simplemente comparar valores nominales de distintos años el resultado estará distorsionado por variación de los precios, por la tasa de crecimiento poblacional y por el cambiante poder adquisitivo del dinero. A mayor variación mayor será la distorsión en los resultados.
Pero además, tampoco es cierto que en el año 2022 ni en el 2023 se verifique ningún Plan Anual de Inversiones (PAI) al menos fortalecido para en algo atender urgentes necesidades sociales. Suficiente es indicar que el PAI contenido en la Proforma del Presupuesto General del Estado del año 2023, incluye 6472 millones de dólares de los cuales 4600 millones se destinan a amortizaciones de la deuda pública, pago de sentencias y laudos arbitrales.
Como resultado apenas quedan en el PAI 1872 millones y está por verse cuánto de este dinero realmente se llega a invertir pues como muestra de la ficción el PAI codificado a septiembre del año 2022 fue de 2870 millones de dólares pero el gasto efectivo devengado apenas fue de 610 millones, el 21.3%. Nada para celebrar.
Fuente La Nación
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