Informe de Contraloría auditoría a programas sociales al GAD de Montúfar entre 01/06/2020 al 30/06/2025

ACCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025

 

RENDICIÓN DE CUENTAS EN ECUADOR: MÁS SHOW QUE TRANSPARENCIA, CON DATOS

Imagen generada por IA solicitada por AUCM

El documento sobre rendición de cuentas de los GAD municipales evidencia un problema estructural de transparencia y control público en Ecuador, que puede analizarse desde la óptica de la corrupción pública, la opacidad institucional y el debilitamiento del control social.

1. La rendición de cuentas como mecanismo anticorrupción

La rendición de cuentas no es solamente un trámite administrativo. Jurídicamente constituye un mecanismo de:

• transparencia;
• control social;
• prevención de corrupción;
• fiscalización ciudadana;
• legitimidad democrática.

El propio Reglamento de Rendición de Cuentas define este proceso como participativo, transparente, oportuno y verificable.

En Ecuador, la obligación tiene fundamento en:

• Constitución de la República:
• Art. 83 numeral 11;
• Art. 95;
• Art. 100;
• Art. 204;
• Art. 208.
• Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
• Reglamento de Rendición de Cuentas del CPCCS 2026.
• COOTAD, respecto al deber de participación y transparencia de los GAD.

Desde el enfoque anticorrupción, la rendición de cuentas sirve para evitar:

• captura política de instituciones;
• ocultamiento de información pública;
• uso discrecional del presupuesto;
• clientelismo;
• sobreprecios;
• direccionamiento contractual;
• simulación de participación ciudadana.

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2. Análisis comparativo del incumplimiento

El informe muestra que la mayoría de GAD incumplen elementos esenciales del proceso.

A. Activación del proceso desde la Asamblea Ciudadana

Solo 471 de 1752 instituciones respaldaron adecuadamente la participación de la Asamblea Ciudadana; 1245 no cumplieron.

Interpretación anticorrupción

Cuando la ciudadanía no participa desde el inicio:

• la institución controla unilateralmente la narrativa;
• se eliminan preguntas incómodas;
• se evita el escrutinio de obras, contratos y presupuesto;
• la rendición de cuentas se convierte en propaganda política.

Comparativamente, los sistemas con mayores índices de transparencia internacional exigen participación previa obligatoria y vinculante, mientras que en Ecuador el incumplimiento es masivo.

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B. Comisiones mixtas ciudadanía–GAD

Solo 473 instituciones reportaron conformación de equipos mixtos; 1245 no pasaron el criterio.

Análisis comparativo

Las comisiones mixtas constituyen un “control cruzado” entre ciudadanía y administración.

Cuando no existen:

Sistema transparente	Sistema opaco
Ciudadanía verifica información	Autoridad se autoevalúa
Existe auditoría social	Existe control político interno
Se contrastan cifras	Se construye relato institucional
Hay trazabilidad documental	Hay discrecionalidad

Desde la teoría de prevención de corrupción, esto genera un fenómeno de “captura institucional del proceso de fiscalización”.

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C. No entrega del informe preliminar

1328 instituciones no respaldaron la entrega previa del informe; 1081 tenían links inaccesibles.

Implicaciones

Esto es extremadamente grave desde el punto de vista de transparencia porque:

• sin acceso previo no existe deliberación real;
• la ciudadanía no puede verificar:
• ejecución presupuestaria;
• contratación pública;
• cumplimiento del POA;
• deuda pública;
• contratación de personal;
• consultorías;
• obras inconclusas.

En términos comparativos internacionales, impedir acceso documental previo equivale a una forma indirecta de ocultamiento de información pública.

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3. Links rotos y opacidad digital

Uno de los hallazgos más graves es repetitivo:

• “No abre el link”
• “El link no direcciona”
• “No fue posible verificar”

Aparece en múltiples indicadores.

Perspectiva anticorrupción

Esto puede interpretarse de tres maneras:

1. Ineficiencia administrativa

Falta de capacidades técnicas.

2. Negligencia grave

Desinterés en garantizar transparencia.

3. Opacidad deliberada

Uso estratégico de barreras técnicas para impedir control ciudadano.

Comparativamente, organismos internacionales consideran la inaccesibilidad documental como una forma de corrupción administrativa indirecta, porque impide el control externo.

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4. Deliberación pública simulada

Solo 302 entidades realizaron deliberaciones reales con mesas de trabajo; 1300 no respaldaron el proceso.

Comparación conceptual

Rendición auténtica	Rendición simulada
Debate ciudadano	Lectura de informe
Preguntas libres	Preguntas filtradas
Participación incidente	Evento ceremonial
Control social	Marketing político

Esto refleja un fenómeno frecuente en Ecuador: la “formalización vacía” del control ciudadano.

Se cumple la apariencia formal, pero no el objetivo constitucional.

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5. Incumplimiento del plan de trabajo

Solo 302 instituciones respaldaron el plan de trabajo; 1420 no pasaron el criterio.

Además:

• únicamente 166 instituciones reportaron cumplimiento de recomendaciones del año anterior.

Implicación estructural

Sin seguimiento:

• la rendición de cuentas no genera consecuencias;
• no existe mejora institucional;
• no hay responsabilidad política;
• el proceso pierde eficacia preventiva.

Desde la teoría anticorrupción, la ausencia de seguimiento transforma la rendición de cuentas en un mecanismo sin coercibilidad.

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6. Comparación entre niveles de gobierno

La valoración 2023 muestra:

Tipo	Sí pasa	No pasa
Provinciales	43,08%	56,92%
Municipales	34,36%	65,64%
Parroquiales	20,02%	79,98%
Mancomunidades	2,78%	97,22%

Lectura comparativa

Mientras menor capacidad institucional tiene el nivel de gobierno:

• mayor incumplimiento;
• menor transparencia;
• menor control ciudadano;
• mayor vulnerabilidad a corrupción.

Los GAD parroquiales presentan la situación más crítica.

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7. Relación con corrupción y contratación pública

La rendición de cuentas es clave para detectar:

• fraccionamiento contractual;
• sobreprecios;
• contratos direccionados;
• nepotismo;
• uso político del presupuesto;
• obras fantasmas;
• consultorías innecesarias.

Cuando el sistema falla, aumenta el riesgo de:

Corrupción de baja visibilidad

Especialmente en:

• contratación ínfima cuantía;
• emergencias;
• obras pequeñas;
• gasto corriente;
• contratación de festividades;
• convenios interinstitucionales.

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8. Contraloría y control posterior

El informe señala:

• 2327 acciones de control de Contraloría entre 2013 y 2022.

Problema estructural

En Ecuador predomina un modelo de:

• control posterior;
• sanción tardía;
• auditoría reactiva.

Pero la rendición de cuentas debería funcionar como:

• control preventivo;
• alerta temprana;
• fiscalización social permanente.

El fracaso masivo del sistema implica que muchas irregularidades solo se detectan años después.

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9. Conclusión jurídica y política

Comparativamente, el incumplimiento de la rendición de cuentas en Ecuador evidencia:

A. Debilidad institucional

Los GAD no han internalizado la transparencia como obligación sustancial.

B. Simulación democrática

Muchos procesos son meramente formales.

C. Opacidad estructural

La falta de acceso documental limita el control social.

D. Riesgo alto de corrupción

La ausencia de participación y verificación ciudadana incrementa:

• discrecionalidad;
• impunidad administrativa;
• captura política;
• clientelismo.

E. Ineficacia del control social

El modelo actual depende demasiado de la voluntad política del propio sujeto obligado.

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10. Posibles consecuencias jurídicas

El incumplimiento puede generar:

• responsabilidades administrativas;
• observaciones de Contraloría;
• incumplimiento de deberes de transparencia;
• vulneración del derecho de participación;
• responsabilidades políticas;
• eventual responsabilidad penal si el ocultamiento se vincula con corrupción.

Inclusive, si existe ocultamiento deliberado de información pública, podría analizarse:

• incumplimiento de decisiones legítimas;
• abuso de funciones;
• destrucción u ocultamiento de documentos públicos;
• obstaculización del control social.

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11. Reflexión final

El informe revela que el problema no es solamente técnico sino político e institucional.

La rendición de cuentas en gran parte de los GAD ecuatorianos funciona más como:

• requisito burocrático,
  que como:
• verdadero mecanismo de fiscalización democrática.

Y mientras más débil es la participación ciudadana real, mayor es el espacio para corrupción estructural y captura del poder local.

Fuente Documento de capacitación a los GAD´S MUNICIPALES por CPCCS

Análisis realizado por IA desde el documento

REFORMA A COOTAD: En 2024, el gasto corriente, especialmente en salarios, creció de forma significativa

REALIDAD. Varios alcaldes y prefectos han convocado marchas en rechazo y ya anuncian demandas de inconstitucionalidad contra las reformas de Noboa

Municipios deberán dejar de contar sueldos, eventos y donaciones como inversión: la nueva regla que obliga a gastar en obras reales 

La reforma al COOTAD redefine qué es inversión pública y obliga a municipios yprefecturas a destinar hasta el 70% de su presupuesto a obras y activos,excluyendo salarios, eventos y donaciones.

La reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial, introduce un cambio profundo en la forma en que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) planifican y ejecutan su presupuesto.

El eje central es una regla fiscal obligatoria: destinar al menos el 70% del presupuesto institucional anual a gasto de inversión y obra pública. Sin embargo, la norma no solo fija un porcentaje, sino que redefine qué se considera inversión, dejando fuera varios rubros que históricamente se contabilizaban como tal.

 

“El cambio es estructural porque obliga a los GAD a demostrar inversión real, visible y medible. Ya no bastará con etiquetar gastos administrativos o sociales como inversión”, explica Santiago García, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha y docente de la Universidad Central.

 

El presidente Noboa busca un cambio para frenar la caída de la inversión local en Ecuador

 

La reforma responde a un problema detectado por el Gobierno central: la disminución sostenida del gasto en obras y servicios básicos por parte de los gobiernos locales. En 2024, la inversión representó menos del 39% del presupuesto total, mientras el gasto corriente, especialmente en salarios, creció de forma significativa.

 

El objetivo oficial es reforzar la disciplina fiscal, asegurar que los recursos se orienten a las competencias constitucionales y mejorar la provisión de servicios públicos. Sin embargo, su aplicación implicará ajustes administrativos y políticos complejos, agravados por retrasos frecuentes en las transferencias desde el Ministerio de Economía. Los gobiernos locales reciben entre $3.400 millones y $3.600 millones al año desde el Gobierno Central.

 

“Muchos gobiernos locales se han financiado con gasto corriente disfrazado de inversión. Esta reforma intenta corregir esa distorsión, pero su implementación será difícil por la dependencia de transferencias y por limitaciones técnicas”, advierte García.

 

En Ecuador operan 221 municipios, 23 gobiernos provinciales, un régimen especial en Galápagos y 797 juntas parroquiales. Hay que tomar en cuenta que las juntas parroquiales últimas quedaron excluidas de la obligación del 70% de gasto de inversión.

 

Qué sí se considera inversión a partir de ahora en los gobiernos locales del Ecuador

La nueva normativa adopta una definición estricta de gasto de inversión: solo se reconoce aquel destinado a generar, ampliar, rehabilitar o mantener infraestructura pública, activos físicos o bienes de capital, con resultados tangibles y verificables.

 

En términos presupuestarios, únicamente se aceptan los siguientes grupos:

 

• Subgrupo 73: Bienes y servicios para inversión
• Grupo 75: Obras públicas
• Grupo 77: Otros egresos de inversión
• Grupo 84: Bienes de larga duración (propiedad, planta y equipo)
• Grupo 88: Transferencias o donaciones de capital

Esto implica que la inversión debe materializarse en obras, equipamiento o activos concretos vinculados directamente a las competencias de los gobiernos locales.

 

“Se privilegia la inversión que deja huella física: carreteras, sistemas de agua, infraestructura urbana, maquinaria. Todo lo que no genere un activo tangible pierde peso presupuestario”, señala García.

 

El cambio más relevante es la eliminación de varios rubros que antes podían clasificarse como inversión, pero que ahora pasan a considerarse gasto corriente u otros tipos de egreso.

Entre los principales excluidos están:

 

1. Sueldos y personal vinculados a proyectos. Se elimina el Grupo 71 – Egresos en personal para inversión, que incluía salarios de trabajadores contratados para programas sociales o ejecución de obras. Esto significa que pagar técnicos, promotores sociales o personal temporal ya no podrá inflar las cifras de inversión.

 

“Este punto es clave: los salarios dejan de ser inversión aunque estén asociados a un proyecto. Eso obligará a reorganizar plantillas y presupuestos”, subraya García.

 

2. Servicios personales eventuales sin relación de dependencia. Dentro del subgrupo 73 también se excluyen pagos a consultores o personal ocasional que no tenga vínculo laboral formal, incluso si participan en proyectos públicos.

 

3. Eventos culturales, oficiales o promocionales. Ya no se considerarán inversión los gastos en:

 

• Espectáculos culturales y sociales
• Eventos oficiales
• Actividades públicas promocionales

Estos rubros eran usados frecuentemente por municipios para programas comunitarios o festividades locales.

 

“Los municipios no podrán justificar festivales, celebraciones o campañas como inversión. Todo eso pasa a ser gasto corriente”, enfatiza.

 

4. Transferencias o donaciones para inversión a terceros. El Grupo 78 – Transferencias o donaciones para inversión (sector público o privado) queda fuera. Es decir, entregar recursos a organizaciones, fundaciones u otras entidades para ejecutar proyectos ya no contará como inversión directa del GAD.

 

“Se elimina la posibilidad de delegar la inversión a terceros para cumplir metas presupuestarias. La ejecución deberá ser directa y verificable”, añade.

 

Más exigencia sobre todo el presupuesto, no solo transferencias que reciben los gobiernos locales en Ecuador

 

Antes, la regla de destinar el 70% a inversión aplicaba principalmente a las transferencias del Gobierno central. La reforma amplía la obligación a todo el presupuesto institucional, incluyendo ingresos propios por tasas, impuestos locales o autogestión.

 

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), entre 2023 y 2025 los gobiernos locales manejaron en promedio:

 

Ingresos: $5.300 millones anuales

 

• 62% transferencias del Gobierno central
• 32% ingresos propios

Gastos: $4.960 millones

 

• 30% gastos permanentes
• 70% gastos no permanentes

La nueva norma busca que ese 70% no permanente corresponda efectivamente a inversión real.

 

“Esta reforma cambia el incentivo fiscal: ya no importa de dónde provenga el dinero, todo el presupuesto queda sometido a la regla”, explica García.

 

Losgobiernos locales deben Implementar gradualmente las nuevas reglas de gasto enEcuador hasta 2028

 

La reforma establece un calendario progresivo:

 

• Desde junio de 2026: al menos 65% de inversión
• Año 2027: mínimo 68%
• Desde 2028: 70% obligatorio

El incumplimiento tendrá consecuencias severas: las asignaciones estatales se reducirían a los mínimos constitucionales (15% de ingresos permanentes y 5% de no permanentes).

 

“Las sanciones son fuertes porque afectan directamente la liquidez de los GAD. Para algunos municipios pequeños, no cumplir podría significar un colapso financiero”, advierte García.

Aunque la reforma busca mayor transparencia y eficiencia, también genera tensiones.

 

Por un lado, podría obligar a priorizar obras tangibles y reducir gastos administrativos o políticos. Por otro, implicará un ajuste fiscal importante, especialmente por la exclusión de los gastos en personal vinculados a proyectos.

 

Además, varios gobiernos locales advierten que la medida podría afectar su autonomía financiera y su capacidad de responder a necesidades sociales que no siempre se traducen en infraestructura física.

 

“Hay un debate legítimo sobre autonomía. El Gobierno central está definiendo cómo deben gastar incluso los recursos propios de los GAD”, sostiene García.

 

El desafío será equilibrar la obligación legal con las realidades territoriales, la disponibilidad de recursos y la capacidad técnica para ejecutar obras, en un contexto donde las transferencias estatales suelen retrasarse varios meses.

 

“En resumen, la reforma apuesta por inversión visible y cuantificable. El riesgo es descuidar programas sociales necesarios pero menos tangibles”, concluye García. (JS)

 

Fuente Diario La Hora digital

REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2026, bájate el texto

 

Fuente CPCCS

MENTIR UN FUNCIONARIO PÚBLICO EN FUNCIONES ES UN DELITO EN GALES

Gales aprobó una normativa inédita en la política mundial que permite sancionar a funcionarios públicos cuando se comprueba que han mentido de manera intencional. La ley contempla consecuencias que van desde la suspensión temporal hasta la pérdida definitiva del cargo, introduciendo un cambio significativo en la forma de exigir responsabilidades dentro del ámbito político.

La medida surge como respuesta a años de declaraciones falsas que no recibían castigo y busca reconstruir la confianza entre ciudadanos y representantes. Con esta disposición, la honestidad deja de ser únicamente un valor ético y se convierte en una obligación legal que regula el ejercicio de la función pública.

Aunque los efectos a largo plazo aún no se han definido, la decisión ya generó interés internacional y abrió el debate en otros países sobre la posibilidad de adoptar reglas similares en sus sistemas políticos.

Fuente https://www.facebook.com/photo/?fbid=1374235381410936&set=a.643902181110930

CPCCS: NO DEBEN COEXISTIR DOS ASAMBLEAS LOCALES POR NIVEL DE GOBIERNO

 

Mediante Oficio Nro. CPCCS-DEOR-2025-0054-OF, del 31 de marzo de 2025 con el asunto: Contestación sobre la imposibilidad de coexistencia de dos Asambleas Locales, el CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL a través del COORDINADOR PROVINCIAL y como ASISTENTE ADMINISTRATIVO de la provincia del Oro, con copia al Coordinador Técnico Para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Participación, y Control Social a nivel nacional, le contesta a la Abogada Patricia Granda Herrera y a la señora Luz Marina Honores Merchán, copia textual: “En atención a su comunicación Nro. CPCCS-DEOR-2025-0046-EX ingresada ante esta Delegación el día 18 de marzo de 2025, mediante la cual solicita el catastro institucional al proceso impulsado por su grupo de personas “Nueva Asamblea Local Ciudadana del cantón Machala”, me permito informar lo siguiente: De conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana conforme lo dispuesto en el Memorando Nro. CPCCS-CT-2025-0048-M de fecha 21 de marzo de 2025, suscrito por el Mgs. Edgar Xavier Urbina Fuente, Coordinador Técnico para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Participación y Control Social, se establece de forma clara que: “No es procedente la coexistencia de dos Asambleas Locales Ciudadanas en un mismo cantón, dado que la normativa vigente contempla la existencia de un solo espacio de deliberación ciudadana en cada nivel de gobierno. La creación de un nuevo grupo paralelo bajo una denominación similar o idéntica genera confusión en la ciudadanía y pone en riesgo la institucionalidad del proceso ya constituido con acompañamiento técnico del CPCCS...” En este marco, se ratifica que la Asamblea Local Ciudadana del cantón Machala creada y acompañada técnicamente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) desde el 17 marzo de 2023 es la única formalmente reconocida, y actualmente se encuentra en proceso legítimo de renovación de su directorio conforme a sus estatutos.

 

Por tanto, esta Delegación no está en condiciones legales de reconocer al valioso grupo de personas “Nueva Asamblea Local Ciudadana del cantón Machala”, ni puede brindar acompañamiento institucional, para validar procesos paralelos o autoorganizados que pretendan atribuirse la representación local cantonal bajo una denominación que ya existe y está en funciones.

 

Exhortamos cordialmente a los ciudadanos, colectivos y organizaciones interesadas en participar en procesos democráticos de deliberación y control social en el cantón Machala, a que lo hagan dentro del marco de la Asamblea Local Ciudadana ya reconocida, sumándose de manera activa a sus procesos de renovación y fortalecimiento, para lo cual gustosamente podemos brindar la asistencia técnica pertinente en el ámbito de nuestras competencias.”

 

A la fecha existe un proceso constitucional de amparo, vigente, con número de causa 07283202501617 que se ventila en la UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA, en el cual está por emitirse sentencia sobre este caso controvertido a nivel nacional que marca la atención del reconocimiento de la instancia ciudadana de ASAMBLEA LOCAL que por cada nivel de gobierno conforme el artículo 56 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana debe EXISTIR UNA SOLA, y quienes atenten a este marco Constitucional y legal deberán asumir las consecuencias administrativas, civiles y hasta penales por su inobservancia, por aprobar mediante actos administrativos (ordenanzas, resoluciones, reglamentos, etc.) otras instancias ciudadanas de esta naturaleza con el fin de entorpecer el derecho a participar en lo público y en el control social.

 

Como ASAMBLEA DE UNIDAD CANTONAL DE MONTÚFAR reconocida como Asamblea Localciudadana, que data del año 2003, nuestro total RESPALDO  a la ASAMBLEA LOCAL DEL CANTÓN MACHALA con quienes mantenemos lazos fraternos de unidad y compañerismo, porque participar en lo público y el control social es un derecho, no un regalo de nadie.

 

Quienes quieran revisar el caso a detalle puede revisar los documentos haciendo clic en el siguiente enlace NO DEBEN COEXISTIR 2 ASAMBLEAS LOCALES

 

 

Fuente

Asamblea Local Ciudadana de Machala

Coordinación General Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar

DENUNCIA VULNERACIÓN DERECHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 POR GAD DE MONTÚFAR

RENDICIÓN DE CUENTAS 2024: ENVIO PREGUNTAS CONSULTA CIUDADANA A GADM DE MONTUFAR

 

EN JULIO 2023 ENVIAMOS LA PROPUESTA PARA ACTUALIZAR Y EVALUAR PDOT DEL CANTÓN MONTÚFAR

El 13 de julio de 2023, mediante OFICIO 123-P-AUCM, se dirigió al Abogado Raúl Lucero ALCALDE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR la contestación a la comunicación remitida por el SECRETARIO GENERAL GADMM mediante oficio número 07-GADMM-S-2023-M del 11 de julio de 2023: “En relación al proceso de evaluación y actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, este proceso lo lidera y realiza la Dirección de Planificación del Gad Municipal de Montúfar de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría Nacional de Planificación, por lo que se sugiere se solicite a la AUCM la propuesta para que sea analizada por la Dirección de Planificación y la Comisión de Planificación y Presupuesto del Concejo Municipal.”

Con estos antecedentes, conforme a lo establecido en los artículos 85 y 95 de la Constitución de la República del Ecuador, y el artículos 60 numerales 2, 3 y 5 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se remitió a su Autoridad como ASAMBLEA DE UNIDAD CANTONAL DE MONTÚFAR reconocida como Asamblea Local, la propuesta resumen ejecutivo para la EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MONTÚFAR, así como la respectiva propuesta de PRESUPUESTO por el valor total de TREINTA Y UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD$ 31,000.oo), la contraparte solicitada al Municipio asciende a la cantidad de VEINTE Y CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD$ 24,000.oo), y más contrapartes de quienes participen en el proceso, para su análisis y consideración, y para ello estaban previstas desarrollar metodologías y procesos netamente participativos con las Unidades Básicas de Participación Ciudadana del Cantón, y observando el marco legal vigente, así como los lineamientos de los organismos de planificación y ordenamiento territorial vigentes.

Solicitamos, para ese momento, se señale día y hora para el análisis correspondiente de esta iniciativa con el Alcalde y su equipo técnico, y darle las explicaciones del caso a detalle (NUNCA TUVIMOS RESPUESTA)

Desde el cantón Montúfar tenemos la experiencia y capacidad técnica para desarrollar estos procesos, que foráneos nunca entendieron ni entenderán, y que desde el año 2014 han venido tratando de minimizar y menospreciar. 

Los desaciertos traen consecuencias para todo el cantón Montúfar.

Fuente Archivo AUCM.