INTAG 2070: RELATO DE UNA CATÁSTROFE ANUNCIADA

Una de decenas de asambleas y marchas anti-mineras en rechazo a la minería en Intag FOTO de DECOIN

Esperanza Intag

Reconstruir el pasado siempre es una tarea difícil y muchas veces ingrata. En este caso, también fue terriblemente triste (autor desconocido)

Me refiero a una serie de sucesos iniciados por los años 2020 que hicieron posible la transformación del hermoso Valle de Intag, una vez cubierto por bosques nublados, ríos cristalinos y decenas de pequeños poblados agrícolas, en un basurero de desechos mineros tóxicos y pueblos fantasmas. Desechos que envenenan los ríos hasta el día de hoy, 15 años después del cierre de la última mina.

Los desechos mineros cubren, según datos oficiales, a 22.513 hectáreas con escombros letales, y derraman aguas altamente contaminadas. Sin embargo, ecólogos expertos consideran que suman más de 37.000 las hectáreas afectadas, entre escombreras, tajos de las minas, relaveras y sitios de beneficiación que fueron abandonados. La mayor parte de la contaminación, según expertos, provino de la planta de fundición de Limones.

La zona de Intag, donde llevé a cabo mi investigación durante los últimos tres años, se ubica al noroccidente ecuatoriano en la provincia de Imbabura, perteneciente al cantón Cotacachi. Es una zona montañosa donde existían 63 comunidades agrícola-ganaderas en los años 2030, y donde una vez se desarrolló el turismo de naturaleza con gran éxito. Mi interés en el tema tiene mucho que ver con las historias que me contaban mis padres cuando moraban en Intag. En ese entonces, 2054, cuando yo tenía 6 años, mis padres migraron a Quito para escapar la violencia, la contaminación y las sequías. En ese entonces ya se vislumbraba el fin de la era minera. Se me hace difícil reconciliar el Intag de hoy con el que mis padres me relataban de cuando era niño y con las imágenes y videos publicadas a fines de los 2020, antes del inicio de la minería a gran escala.

Intag era una zona privilegiada en lo que era una provincia ecológicamente privilegiada. Tal fue así el caso, que en el 2019 toda la provincia fue declarada Geoparque Mundial por la UNESCO debido a su impactante geografía e incomparable belleza. Intag fue una de las razones que les motivó a la UNESCO a designarla como tal. Por su ubicación geográfica los bosques de Intag forman de dos de las regiones más biodiversas de todo el planeta, los Hotspots de Biodiversidad Andes Tropicales y el Magdalena-Chocó-Tumbes. Sus bosques eran reconocidos por sus numerosas especies endémicas, incluyendo a cuatro especies de ranas. Biólogos estiman que en las dos últimas décadas, 13 especies de animales y plantas fueron extinguidas directa o indirectamente relacionado a actividades mineras en estos dos Hotspots ecuatorianos; incluyendo a varias especies de árboles, anfibios, dos reptiles, dos especies de orquídeas, una especie de mono y un pez. Hasta que las mineras contaminarían todas las fuentes de agua provenientes de la Cordillera de Toisán, sus ríos se consideraban entre los más prístinos del país.

Aparte de su singular riqueza biológica e hídrica los suelos de Intag eran excepcionalmente productivos. De Intag salía al resto del país decenas de productos agrícolas y ganaderos, los que más adelante especificaré.

Resistencia

La Zona de Intag es más conocida hoy por la resistencia a la minería la cual, durante muchos años, fue símbolo de la resistencia a la industria minera en el país, la cual duró más de tres décadas. No entraré en detalle de esa historia, ya que se ha sido investigada a saciedad. Es también tristemente conocida por los desastres ambientales que dejó la minería industrial. Fue esa contradicción la que me motivó investigar e intentar responder a la pregunta, ¿Cómo fue que una zona tan productiva, tan fértil, tan biodiversa y rica en recursos hídricos, pudo haber sido devastada por la industria minera, a pesar de que las autoridades conocían plenamente que la minería devastaría la zona?

Economia

Hasta el día de hoy algunos economistas justifican sacrificar una de las regiones más rica en recursos hídricos, sus bosques, biodiversidad y diversidad cultural, y el bienestar de decenas de miles de campesinas y campesinos con el argumento que el país necesitaba los recursos económicos. Sin embargo, ese argumento no tiene sustento: las regalías que tenían que por ley ser destinadas a las comunidades y los gobiernos locales, solo aportaron aproximadamente el 10% del valor real del costo de remediación de los gravísimos pasivos ambientales, culturales y sociales que dejaron las minas.

Hoy en día (verano de 2070) en vez de laderas pobladas de fincas productivas y bosques nubosos, sólo se registra unas pocas comunidades en laderas hoy estériles pobladas por lugareños que aún se aferran por sobrevivir de un suelo improductivo y azotado por interminables veranos. De las 63 comunidades que constaban en el censo del 2024–2025, en el 2070 solo se mantienen 11 con una población relativamente estable. En total, la población actual de Intag es de 1.931 habitantes. La mayoría son mayores de 60 años. Esta cifra representa el 11% de la población censada en el 2025.

Al preguntarles a esos campesinos y campesinas por qué no migran a las ciudades viendo que la agricultura y ganadería apenas da para sobrevivir, la respuesta es siempre la misma: “porque no tenemos a donde ir”. Esa simple respuesta oculta otra: que la mayoría de los pobladores que migraron no encontraron trabajo bien renumerados y acabaron en situación de extrema vulnerabilidad.

Violencia, migración, agua y minería

Una significativa porción de los pobladores migró a las ciudades de Otavalo, Quiroga, Cotacachi e Ibarra una vez que se terminó el trabajo de las minas. Sin embargo, la gran mayoría se vio obligada a migrar debido a las secuelas de la minería, incluyendo la extrema violencia y la falta de lluvias. Una de las presiones más notable fue las sequías que produjo, no solo hambruna en los años 2037–2040, sino que también secó las fuentes de agua de muchas de las comunidades. Cada año, cuentan los pobladores actuales, las comunidades se veían obligadas a buscar nuevas fuentes de agua hacia las partes altas de la Cordillera de Toisán. Pudieron hacer eso hasta que todas las fuentes no utilizadas por las mineras dejaron de fluir. A las minas, sin embargo, nunca les faltó el agua.

Esa chocante realidad fue la chispa principal que detonó “los años violentos” (2038–2040), en los cuales murieron decenas de mujeres, hombres y jóvenes al enfrentarse a los paramilitares de las empresas y las fuerzas públicas en su desesperación de acceder a fuentes de agua limpias (nunca se supo la verdadera cifra de muertos. El Ministerio del Interior reportó un total de 67 fallecidos. Los comuneros, según informes de la Defensoría del Pueblo de Imbabura, pusieron la cifra en 98 muertos y más de 300 heridos).

Importante señalar que la violencia no solo fue provocada por las empresas transnacionales. Aunque ésta fue responsable por aproximadamente el 80 al 90% de los homicidios, extorciones y violaciones, el descubrimiento de yacimientos de oro superficiales en la Parroquia de Apuela en el 2029, desató una invasión de mineros artesanales de todo el país y de países vecinos, lo que produjo una oleada de robos, violaciones y homicidios que duró tres años, hasta que se agotaron las vetas.

Los que migraron temprano, dicen los sobrevivientes que accedieron a ser entrevistados, fueron los afortunados. Se refieren a los impactos a la salud e inseguridad de los pobladores que se quedaron para “aprovechar del auge minero”. Los más impactados por la contaminación fueron los niños y niñas y jóvenes por intoxicación provocado por plomo, cadmio y el arsénico. El cáncer se volvió endémico para los mayores de 40 años, y especialmente el cáncer estomacal, producto de la contaminación del agua por el arsénico transportado por los gases de la planta de fundición de Limones. Los no afectados por el agua o el aire, según informes del Ministerio de Salud, fueron afectados por el polvo contaminado proveniente de las detonaciones que a diario se llevaban a cabo en las minas. “Quién iba a sospechar que el aire estaría tan envenenado, o que las minas envenenarían las aguas del subsuelo y que el veneno acabaría en las fuentes de agua de las comunidades?” se lamentaba una señora de 72 años que no quiso identificarse oriunda de la localidad de lo que una vez fue el centro parroquial de Cuellaje, hoy un pueblo fantasma donde habitan 15 familias.

Delincuencia y éxodo

Un significante porcentaje de la población, según varias investigaciones realizadas por estudiantes de la Universidad Católica de Ibarra en los años 2041–2042, migró por el aumento de la delincuencia que azotó a toda la región a partir del 2027. Es decir, poco después de la apertura de la mina de cobre y molibdeno conocida como Llurimagua. Situación que se agudizó con la presencia de los mineros artesanales. Ese impacto social (delincuencia) fue solo uno de los tantos impactos sociales y ambientales identificados en el Estudio de Impacto Ambiental para una pequeña mina de cobre en 1996 por expertos japoneses(1). Lamentable e inexplicablemente muy pocas personas, y menos aún las autoridades, le dieron la importancia a dicho estudio. El mismo estudio pronosticó que el clima de Intag se secaría producto de la deforestación y que varias comunidades tendrían que ser reubicada. Todo estos y otros impactos fueron identificados en base a un pequeño yacimiento de cobre.

El mencionado estudio científico también pronosticó el aumento de la delincuencia y que fuentes de agua serían contaminadas con metales pesados (As, Cd,Pb, Cr). La pregunta del siglo es ¿por qué las autoridades locales, municipales y nacionales optaron en no tomar mucho más en serio las advertencias de dicho estudio? La única conclusión comprensible es que conjugaron la visión cortoplacista de los gobernantes, la corrupción oficial, sumado al desprecio total hacia el campo y el campesinado como para poder ignorar por completo los catastróficos impactos que el estudio tan precisamente pronosticó.

La planta de fundición y las relaveras

Lamentablemente, todos los pronósticos del mencionado Estudio Preliminar de Impacto Ambiental para una mina de cobre relativamente pequeña se cumplieron. Sin embargo, el estudio japonés no pudo haber pronosticado la gravísima contaminación procedente de la planta de fundición, ya que el estudio no lo contempló. En mi investigación describo en detalle los efectos de dicha contaminación, la cual afectó a decenas de miles de hectáreas de todas las siete parroquias de Intag. Las más afectadas, sin embargo, fueron las parroquias de García Moreno, Peñaherrera y Cuellaje. La contaminación no solo se debió a los metales pesados llevado por los vientos, sino también por la lluvia ácida. La lluvia ácida acidificó a miles de hectáreas del suelo y lo volvió infértil. Es esencial conocer que los yacimientos de Intag eran ricos en sulfuros. Al fundir los concentrados de cobre en la planta de fundición, los sulfuros fueron eliminados al aire, formando ácido sulfúrico al entrar en contacto con el agua y aire. Las aguas de las lluvias no contaminadas suelen tener un Ph de 5,6. Las de Intag llegaron a medir 4.3. Esto es más de10 veces más ácidas.

La pesadilla de las relaveras

El estudio japonés tampoco analizó los impactos que podría haber tenido los colapsos de las relaveras de Junín y Cuellaje. La primera se dio por el terremoto de marzo del 2046 de 7.4 en la escala de Richter, y en el caso de Cuellaje, por las inundaciones del año 2051. Antes de continuar considero importante señalar que la relavera de Junín fue la más alta del mundo, midiendo 285 metros de alto y llegó a almacenar 400 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos. La relavera se construyó a pesar de innumerables estudios técnicos que señalaron los riegos asociados de construir una relavera de tan dimensión en un lugar con tantos riesgos ambientales y sísmicos.

El colapso de las relaveras no solo contaminó masivamente a decenas de fuentes de agua de las comunidades aguas abajo, sino que también arrasó a la comunidad de Chalguayaco Bajo, desastre que mató a 79 pobladores, muchos de los cuales eran trabajadores de la empresa. El desastre de Cuellaje arrasó con todos los hogares río abajo de la represa, y afectó a un 40% de centro Parroquial. El colapso de las relaveras fue señalado como inevitable por lo menos por cuatro expertos geólogos en los años 2020–2026, tomando en cuenta la inestabilidad climática, topografía accidentada, y el conocido riesgo sísmico de la región.

Otro impacto no contemplado en el estudio japonés fue la contaminación de las comunidades y municipios a lo largo de la cuenca del río Esmeraldas debido, principalmente, al colapso de las relaveras antes mencionadas. La contaminación impactó fuertemente a los pescadores artesanales y, de modo especial, a los concheros de la costa. La ganadería igual fue afectada a lo largo de las cuencas del Intag, el Guayllabamba y Esmeraldas. Pero la contaminación no se limitó a impactar a los pequeños productores. También afectó gravemente a varias plantaciones bananeras y a las industrias cacaoteras y camaroneras. Estas industrias fueron duramente golpeadas al prohibirse la venta de sus productos una vez que se publicaran estudios que revelaron que los productos sobrepasaban los límites permitidos de plomo, arsénico y cadmio. Por otra parte, fueron seis municipios que tuvieron que buscar agua potable de otras fuentes debido a la contaminación, incluido la ciudad de Esmeraldas.

La sedimentación de los ríos proveniente de la sobrecarga y de los desechos de las relaveras arrojados a los ríos afectó permanentemente la operación de la hidroeléctrica Manduriacu, la cual tuvo que dejar de operar en el 2038. La pérdida para el estado se fijó en 455 millones de dólares por la Contraloría General del Estado en el 2037.

Aparte de los desastres causadas por las minas de Llurimagua y Cuellaje, cabe mencionar los dos tajos a cielo abierto abandonado por la minera china en la parte alta de lo que una vez fueron los bosques protegidos de El Chontal y Los Cedros. La empresa china Zijin Mining obtuvo la licencia ambiental en el 2032 e inició la apertura de las minas de cobre y oro a cielo abierto en el 2034. En el 2041, de declaró en bancarrota a causa del desplome del precio del cobre y la destrucción de su piscina de relaves (al no estar en plena operación, solo causó daños menores a las comunidades de Chontal y Magdalena Bajo). Sin embargo, dada la composición del yacimiento, aún más rico en sulfuros que el de Llurimagua y Cuellaje, el impacto del drenaje ácido de minas contaminó con metales pesados a las fuentes de agua de todas las comunidades del sector. El cálculo más optimista pronostica que loos tajos abandonados seguirá contaminando el agua por al menos dos mil años.

La ceguera sin remedio

Las autoridades conocían a ciencia cierta de los riesgos naturales y sociales de permitir la megaminería en Intag, la población tenía pleno conocimiento que varias comunidades serían reubicadas, sus ríos contaminados, sus bosques diezmados, y que aumentaría la violencia, pero ningún argumento que arriesgaría las operaciones de las minas y los salarios de los trabajadores, por más fundamentado que fuera, fue suficiente. La situación no fue diferente en el caso de los funcionarios públicos encargados de defender los derechos constitucionales como el de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los derechos colectivos, humanos y de la naturaleza, y el Buen Vivir. El interés personal primó sobre el colectivo, y la codicia personal sobre el bienestar social.

La compra de consciencias

Es innegable que la estrategia de las empresas de adquirir apoyo a su proyecto a través de compra de consciencias fue exitosa. Aparte de emplear a personal influyentes de las comunidades, las empresas utilizaron mecanismos como la realización de convenios empresa-gobiernos parroquiales y comunidades, apoyo a grupos productivos, realización de obras de infraestructuras (carreteras, sistema de agua potable), etc., las cuales beneficiaban a las autoridades parroquiales y comunitarias. Un caso en particular me llamó la atención: el del ciudadano Polibio P. El señor era un radical defensor de las comunidades y la naturaleza hasta el día que fue electo a la presidencia del Gobierno Parroquia de García Moreno. Desde ese momento se convirtió en un hincha de la minería y aceptó todo tipo de favores y convenios con la minera chilena Codelco, debilitando la resistencia. La entonces presidenta del GAD parroquial de Peñaherrera, Margarita E., también fue presa fácil de la Codelco, beneficiándose políticamente de la “generosidad” corporativa.

Pregunta clave sin resolver

Las siguientes preguntas surgen en casos como los de la zona de Intag que se hacen difícil comprender: ¿cómo, a pesar de contar con incuestionable información que pronosticaba los catastróficos y duraderos afectaciones naturales y humanos de la minería en Intag, fue que las entidades estatales permitieron a las empresas mineras operar? Y, ¿cómo fue que las empresas manipularon la opinión de los lugareños para que acepten proyectos mineros que se sabía que requeriría desplazar a sus propias comunidades, y que contaminarían las fuentes de agua que abastecían a varias comunidades? Es fácil culpar al capitalismo, a la ambición política o económica de los involucrados, o a la corrupción institucional enquistada en el país (que la minería agravó), pero la devastación social, cultural y ambiental desatada por la minería en Intag desafía toda explicación. (Considero importante señalar, sin embargo, que en el 2056 la Corte Internacional de los Derechos de la Naturaleza declaró al proyecto minero Llurimagua como un Ecocidio, y sentenció con pena de cárcel de entre 10 a 15 años a los principales responsables).

La única respuesta oficial, extraída de los diarios de esos años, fue la narrativa de que la minería se veía como una oportunidad única para sacar al país de la pobreza. El argumento más utilizado por funcionarios gubernamentales poco antes del boom minero fue que “el país no se podía dar el lujo de ser pobre sentado sobre un saco de oro”. Junto a ese irónico lema se decía que no había recursos para pagar la deuda externa, y que el país necesitaba diversificar sus exportaciones y crear nuevas fuentes de trabajo. Un argumento apoyado por el fin de la era petrolera que se advertía desde antes del inicio de los años 2000. Los gobernantes, en pocas palabras, aceptaron crear zonas de sacrificio ambientales, sociales y culturales violando derechos Constitucionales de toda índole para satisfacer a las multinacionales y mantenerse en el poder. Lo que acabó sucediendo, como en todo otro país en desarrollo que basa su economía en el extractivismo, es que poco después del desplome de los precios de los minerales para la transición energética el país termino siendo mucho más pobre que lo que era antes del inicio del boom minero. Situación que se mantiene hasta el presente.

Los legados ambientales y sociales

Los costos de remediación de los desastres ambientales y sociales han sido enormes. Las cifras cambian de año en año, pero los más recientes cálculos estiman que no son menores a los 32 mil millones de dólares estadounidenses. Mucho más de lo que contribuyó la minería a las arcas fiscales. Se estima que el 90% de dichos costos no han sido financiado aún. Una pequeña parte de la remediación tuvo que ser asumido por los gobiernos locales y el Ministerio de Salud, Ambiente y Agua debido a que la mayoría de las empresas no destinaron suficientes fondos para cubrir los costos del cierre de las minas, o para la remediación social y ambiental. Otras empresas se declararon en bancarrota para evitar hacerse cargo de los pasivos ambientales y sociales. Hay minas que siguen contaminando fuentes de agua 15 años después de finalizar las operaciones, como es el caso de la mina Cristopamba, en la Parroquia de Cuellaje, la cual dejó de operar en el 2055. Incluso, algunos hidrólogos prevén que, debido al contenido del yacimiento, el cual es muy rico en sulfuros y que, por ende, generó drenaje ácido de minas, las minas abandonadas seguirán contaminando las fuentes de agua al menos por cinco siglos más. Otros expertos son más pesimistas. Éstos aseveran que, tomando en cuenta el fenómeno climático El Niño, el cual se agravó a consecuencia del calentamiento global, sumado al contenido de los yacimientos y los miles de millones de toneladas de escombros botados en los campos y quebradas, que es imposible determinar el fin de la contaminación.

Pobreza (de discurso)

Los lugareños que priorizaron ganar un sueldo seguro con el ingreso de las mineras, y funcionarios corruptos que se aprovecharon de las coimas, se justificaron engañándose de que los estudios como los mencionados fueron inventos de los “ecologistas”; o que el estudio japonés era un estudio carente de un contexto moderno. En este escenario, es importante tomar en cuenta que en los años 2015–2025 los diferentes gobiernos de turno armaron una campaña muy agresiva juntamente con las empresas trasnacionales para venderle al pueblo que la minería moderna era “responsable” y sustentable, que no era tan destructiva como la minería de “antaño”, y que generaría incontables fuentes de empleo y riqueza, y que le sacaría al país de la pobreza. Una gran parte de esa narrativa en Intag se concentró en descalificar el estudio japonés y a las y los defensores de la naturaleza.

Este aspecto de justificar lo injustificable en un escenario extractivista con el único afán de cosechar beneficios personales es tierra fértil para futuras investigaciones.

Es inevitable ponderar cual hubiera sido el destino de la zona de Intag si las autoridades cantonales, provinciales y nacionales hubieran tomado en serio las advertencias contenidas en el estudio japonés de 1996, y otros posteriores por entidades independientes. O si los trabajadores locales de las empresas o algunas autoridades parroquiales hubieran puesto el bienestar de sus comunidades sobre el bienestar personal. Y es que la minería no solo contaminó a decenas de fuentes de agua prístinas ni que “solamente” deforestó decenas de miles de hectáreas de bosques nublados, sino que, al hacerlo, destruyó la capacidad del ecosistema de sostener a actividades sustentables, como el turismo de naturaleza y la agroecología. Son impactos, en pocas palabras, que impactarán a varias generaciones.

El rol de la sociedad civil y organizaciones

Las estrategias empleadas por las diferentes organizaciones y comunidades para frenar la expansión minera en Intag ha sido materia de varias otras investigaciones. Sin embargo, algunas llaman la atención. La creación de alternativas a la minería, incluyendo las hidroeléctricas comunitarias, el café orgánico, el ecoturismo comunitario, e industrias lácteas, para mencionar solo algunas, jugaron un rol clave. Algunos estudios mencionan como estrategia muy importante la creación de decenas de reservas forestales e hídricas comunitarias y parroquiales las que fueron creadas desde las bases para asegurar la protección de las fuentes de agua de las diferentes poblaciones. La creación de redes de apoyo a nivel nacional e internacional se considera que jugó un rol indispensable en la resistencia. Otra estrategia muy exitosa fue el uso de las cortes, con lo cual se frenó a la chilena Codelco por varios años en los 2020, a raíz de varias acciones constitucionales basadas en la violación del derecho Constitucional a la consulta ambiental de las comunidades, y los derechos de la naturaleza. Por otro lado, los juicios planteados en Canadá liderados por la pequeña organización DECOIN contra la canadiense Copper Mesa y la Bolsa de Valores de Toronto a fines de la década de 2010 fue clave para frenar a la canadiense.

Las consultas

Las consultas constitucionales sobre la minería tuvieron su impacto positivo durante un periodo, hasta que el Correismo tergiversó el sentido de estas y las hizo inaplicables en caso de obras de interés nacional con la reforma constitucional del 2027. Más bien, con todas sus limitaciones, las cortes jugaron un rol importante y se constituyeron, en algunos casos, como uno de los pocos refugios donde las comunidades pudieron acudir en búsqueda de justicia.

Las comunidades

Todos los artículos de prensa y estudios revisados apuntan hacia la resistencia en las comunidades más afectadas como la estrategia que más impacto tuvo. Eso, a pesar de criminalización y persecución de los dirigentes de la resistencia por parte del gobierno y empresas, y la compra masiva de consciencia por parte de las empresas. La intimidación se manifestó en acciones como los de diciembre del 2006, cuando la canadiense Copper Mesa empleó a 60 paramilitares para, infructuosa, intentar ingresar a su concesión minera. Una similar estrategia fue empleada en mayo del 2014 por el gobierno de Rafael Correa cuando, después de ilegalmente encarcelar a unos de los líderes de la resistencia, utilizó a aproximadamente 400 policías para implantar violentamente a la chilena CODELCO en el bosque comunitario de Junín. Fue la fuerza y persistencia de las y los comuneros durante décadas de Junín, Chalguayaco Alto, Cerro Pelado, Barcelona y otras comunidades, una de las armas más efectivas para frenar la minería por tantos años.

Aunque es cierto que las empresas lograron debilitar la resistencia utilizando la intimidación y el empleo masivo con relativamente altos salarios, es importante no despreciar el hecho que hubo un significante porcentaje de la población preocupada por las advertencias de los expertos sobre los impactos que la minería tendría en sus tierras, sus comunidades y en sus vidas. No cabe duda que hubo pobladores conscientes y más preocupados por el bienestar colectivo que el personal. Sin ello, no hubiera la zona resistido por tanto tiempo. No hay cómo relegar la resistencia que mantuvo a la zona libre de minería a gran escala por décadas, y el rol que jugaron las organizaciones ambientalistas en dicha resistencia, las cuales lideraron, juntamente con las comunidades, la resistencia por décadas. También hay que mencionar el apoyo dado por algunos alcaldes en la resistencia, aunque el conceso fue que el apoyo pudo haber sido mucho más decidido. Pero, por más que resistieron por décadas, fue imposible enfrentar por tanto tiempo el poderío de las grandes transnacionales, respaldadas por gobierno tras gobierno, una judicatura débil y/o intimidada por el ejecutivo, sumado a los tratados internacionales de protección de inversiones. Ciertamente la corrupción jugó un rol preponderante, aspecto que no se ha estudiado a fondo. Sin duda, la visión desarrollista exclusivamente atada al supuesto bienestar económico incesantemente promovido por los gobiernos y empresas, visión que hasta la fecha desprecia el campo y campesinado y subvalora el bienestar social, y riquezas culturales y ambientales, jugó un rol clave en el desenlace actual.

Minería y Desarrollo.

La situación actual de los sobrevivientes de la zona de Intag es extrema. A nivel nacional Cotacachi es considerado el Cantón más pobre del país. Esto, a pesar de que una vez desde estas mismas laderas y montañas, se extrajo miles de millones dólares en cobre, molibdeno. oro y metales raros de las tres minas a gran escala que lograron construir.

Por más que me esfuerzo, se me hace imposible imaginarme esta zona que veo en las fotografías y vídeos que vi como parte de mi investigación, o los de los relatos de mis padres, los que recuerdo como niño a lo que hoy es Intag. Era una zona verde con suelos muy fértiles y una vegetación exuberante. Había cientos arroyos y ríos cristalinos distribuidos a todo lo largo de la zona protegido por exuberantes bosques nubosos. Según los censos gubernamentales en la zona de Intag vivían 17.655 personas antes de la apertura de la primera mina. Se conoce por los mismos datos que la principal actividad en los años 2020 era la agricultura y la ganadería, y que salía todo tipo de productos agrícolas a las ciudades, en gran parte debido a la gran diferencia de elevaciones y ecosistemas. En esa época, el turismo de aventura y ecológica también despuntaba.

Las comunidades eran relativamente pequeñas de entre 30 y 70 familias. La excepción era los centros parroquiales que solían tener entre 50 y 200 familias. La composición étnica era diversa. Aunque la mayoría de los habitantes eran mestizos, existía una importante población de afro ecuatorianos y una relativa pequeña población de indígenas de diferentes partes del Ecuador, pero principalmente del pueblo Kichwa, proveniente de la provincia de Imbabura.

Los cultivos eran igual de diversos, e incluían el plátano, la caña de azúcar (la cual se transformaba en panela o trago), el fréjol, el maíz, el café, y todo tipo de frutas tropicales y subtropicales, como el aguacate, la papaya, la granadilla, la naranjilla, cítricos, decenas de variedades de bananas, el tomate de árbol y en las partes más tropicales, el cacao, la palma africana y el palmito. La ganadería era una de las actividades más rentables y era el sustento de la industria láctea de la zona.

Según los récords existían cientos de especies de aves y se consideraba uno de los centros de diversidad de orquídeas más importantes del país. Tomando en cuenta sus bosques, ríos cristalinos y biodiversidad, la zona contaba con todos los elementos para haberse convertido en uno de los centros ecoturísticos más importante de la región y del mundo.

Y…. al final, más pobreza y contaminación

Tal como mocioné brevemente arriba y detallo en mi investigación, uno de los argumentos primordiales utilizados por los diferentes gobiernos, sean de izquierda o de derecha para venderle al pueblo la necesidad de promover la minería, fue de que la industria minera sería la salvación de la economía y el remedio al desempleo. Esto se repitió incansablemente y de modo especial, durante el régimen del expresidente Rafael Correa Delgado en los años 20007–2017, momento en el cual el gobierno modificó varias leyes para atraer a la gran minería con incentivos fiscales para las empresas, pero dañinos para el país. Dado dichos inventivos, y la realidad del auge y caída de los precios de los commodities como el cobre, no era de esperarse otro resultado del actual: de que el país acabó siendo mucho más pobre después del augePor su ubicación geográfica los bosques de Intag forman de dos de las regiones más biodiversas de todo el planeta, los Hotspots de Biodiversidad Andes Tropicales y el Magdalena-Chocó-Tumbes. minero que antes, y mucho más contaminado. En otras palabras, Intag no es nada más ni nada menos que la ilustración de lo que le pasó al país en todas las zonas mineras por apostar a la minería.

Espero que la presente investigación inspire a otros estudiar a fondo la historia de esta singular y ejemplar resistencia, y de los riesgos de anclar economías de países en desarrollo en el extractivismo.

1. Informe final sobre la exploración mineral de cooperación técnica en las áreas de Junin y Cuellaje, República del Ecuador. Marzo 1996

Japan International cooperation Agency. Metal Mining Agency of Japan

Nota sobre las fuentes: la lista completa constará en el producto finalEsperanza Intag

Reconstruir el pasado siempre es una tarea difícil y muchas veces ingrata. En este caso, también fue terriblemente triste (autor desconocido)

Me refiero a una serie de sucesos iniciados por los años 2020 que hicieron posible la transformación del hermoso Valle de Intag, una vez cubierto por bosques nublados, ríos cristalinos y decenas de pequeños poblados agrícolas, en un basurero de desechos mineros tóxicos y pueblos fantasmas. Desechos que envenenan los ríos hasta el día de hoy, 15 años después del cierre de la última mina.

Los desechos mineros cubren, según datos oficiales, a 22.513 hectáreas con escombros letales, y derraman aguas altamente contaminadas. Sin embargo, ecólogos expertos consideran que suman más de 37.000 las hectáreas afectadas, entre escombreras, tajos de las minas, relaveras y sitios de beneficiación que fueron abandonados. La mayor parte de la contaminación, según expertos, provino de la planta de fundición de Limones.

La zona de Intag, donde llevé a cabo mi investigación durante los últimos tres años, se ubica al noroccidente ecuatoriano en la provincia de Imbabura, perteneciente al cantón Cotacachi. Es una zona montañosa donde existían 63 comunidades agrícola-ganaderas en los años 2030, y donde una vez se desarrolló el turismo de naturaleza con gran éxito. Mi interés en el tema tiene mucho que ver con las historias que me contaban mis padres cuando moraban en Intag. En ese entonces, 2054, cuando yo tenía 6 años, mis padres migraron a Quito para escapar la violencia, la contaminación y las sequías. En ese entonces ya se vislumbraba el fin de la era minera. Se me hace difícil reconciliar el Intag de hoy con el que mis padres me relataban de cuando era niño y con las imágenes y videos publicadas a fines de los 2020, antes del inicio de la minería a gran escala.

Intag era una zona privilegiada en lo que era una provincia ecológicamente privilegiada. Tal fue así el caso, que en el 2019 toda la provincia fue declarada Geoparque Mundial por la UNESCO debido a su impactante geografía e incomparable belleza. Intag fue una de las razones que les motivó a la UNESCO a designarla como tal. Por su ubicación geográfica los bosques de Intag forman de dos de las regiones más biodiversas de todo el planeta, los Hotspots de Biodiversidad Andes Tropicales y el Magdalena-Chocó-Tumbes. Sus bosques eran reconocidos por sus numerosas especies endémicas, incluyendo a cuatro especies de ranas. Biólogos estiman que en las dos últimas décadas, 13 especies de animales y plantas fueron extinguidas directa o indirectamente relacionado a actividades mineras en estos dos Hotspots ecuatorianos; incluyendo a varias especies de árboles, anfibios, dos reptiles, dos especies de orquídeas, una especie de mono y un pez. Hasta que las mineras contaminarían todas las fuentes de agua provenientes de la Cordillera de Toisán, sus ríos se consideraban entre los más prístinos del país.

Aparte de su singular riqueza biológica e hídrica los suelos de Intag eran excepcionalmente productivos. De Intag salía al resto del país decenas de productos agrícolas y ganaderos, los que más adelante especificaré.

Resistencia

La Zona de Intag es más conocida hoy por la resistencia a la minería la cual, durante muchos años, fue símbolo de la resistencia a la industria minera en el país, la cual duró más de tres décadas. No entraré en detalle de esa historia, ya que se ha sido investigada a saciedad. Es también tristemente conocida por los desastres ambientales que dejó la minería industrial. Fue esa contradicción la que me motivó investigar e intentar responder a la pregunta, ¿Cómo fue que una zona tan productiva, tan fértil, tan biodiversa y rica en recursos hídricos, pudo haber sido devastada por la industria minera, a pesar de que las autoridades conocían plenamente que la minería devastaría la zona?

Economia

Hasta el día de hoy algunos economistas justifican sacrificar una de las regiones más rica en recursos hídricos, sus bosques, biodiversidad y diversidad cultural, y el bienestar de decenas de miles de campesinas y campesinos con el argumento que el país necesitaba los recursos económicos. Sin embargo, ese argumento no tiene sustento: las regalías que tenían que por ley ser destinadas a las comunidades y los gobiernos locales, solo aportaron aproximadamente el 10% del valor real del costo de remediación de los gravísimos pasivos ambientales, culturales y sociales que dejaron las minas.

Hoy en día (verano de 2070) en vez de laderas pobladas de fincas productivas y bosques nubosos, sólo se registra unas pocas comunidades en laderas hoy estériles pobladas por lugareños que aún se aferran por sobrevivir de un suelo improductivo y azotado por interminables veranos. De las 63 comunidades que constaban en el censo del 2024–2025, en el 2070 solo se mantienen 11 con una población relativamente estable. En total, la población actual de Intag es de 1.931 habitantes. La mayoría son mayores de 60 años. Esta cifra representa el 11% de la población censada en el 2025.

Al preguntarles a esos campesinos y campesinas por qué no migran a las ciudades viendo que la agricultura y ganadería apenas da para sobrevivir, la respuesta es siempre la misma: “porque no tenemos a donde ir”. Esa simple respuesta oculta otra: que la mayoría de los pobladores que migraron no encontraron trabajo bien renumerados y acabaron en situación de extrema vulnerabilidad.

Violencia, migración, agua y minería

Una significativa porción de los pobladores migró a las ciudades de Otavalo, Quiroga, Cotacachi e Ibarra una vez que se terminó el trabajo de las minas. Sin embargo, la gran mayoría se vio obligada a migrar debido a las secuelas de la minería, incluyendo la extrema violencia y la falta de lluvias. Una de las presiones más notable fue las sequías que produjo, no solo hambruna en los años 2037–2040, sino que también secó las fuentes de agua de muchas de las comunidades. Cada año, cuentan los pobladores actuales, las comunidades se veían obligadas a buscar nuevas fuentes de agua hacia las partes altas de la Cordillera de Toisán. Pudieron hacer eso hasta que todas las fuentes no utilizadas por las mineras dejaron de fluir. A las minas, sin embargo, nunca les faltó el agua.

Esa chocante realidad fue la chispa principal que detonó “los años violentos” (2038–2040), en los cuales murieron decenas de mujeres, hombres y jóvenes al enfrentarse a los paramilitares de las empresas y las fuerzas públicas en su desesperación de acceder a fuentes de agua limpias (nunca se supo la verdadera cifra de muertos. El Ministerio del Interior reportó un total de 67 fallecidos. Los comuneros, según informes de la Defensoría del Pueblo de Imbabura, pusieron la cifra en 98 muertos y más de 300 heridos).

Importante señalar que la violencia no solo fue provocada por las empresas transnacionales. Aunque ésta fue responsable por aproximadamente el 80 al 90% de los homicidios, extorciones y violaciones, el descubrimiento de yacimientos de oro superficiales en la Parroquia de Apuela en el 2029, desató una invasión de mineros artesanales de todo el país y de países vecinos, lo que produjo una oleada de robos, violaciones y homicidios que duró tres años, hasta que se agotaron las vetas.

Los que migraron temprano, dicen los sobrevivientes que accedieron a ser entrevistados, fueron los afortunados. Se refieren a los impactos a la salud e inseguridad de los pobladores que se quedaron para “aprovechar del auge minero”. Los más impactados por la contaminación fueron los niños y niñas y jóvenes por intoxicación provocado por plomo, cadmio y el arsénico. El cáncer se volvió endémico para los mayores de 40 años, y especialmente el cáncer estomacal, producto de la contaminación del agua por el arsénico transportado por los gases de la planta de fundición de Limones. Los no afectados por el agua o el aire, según informes del Ministerio de Salud, fueron afectados por el polvo contaminado proveniente de las detonaciones que a diario se llevaban a cabo en las minas. “Quién iba a sospechar que el aire estaría tan envenenado, o que las minas envenenarían las aguas del subsuelo y que el veneno acabaría en las fuentes de agua de las comunidades?” se lamentaba una señora de 72 años que no quiso identificarse oriunda de la localidad de lo que una vez fue el centro parroquial de Cuellaje, hoy un pueblo fantasma donde habitan 15 familias.

Delincuencia y éxodo

Un significante porcentaje de la población, según varias investigaciones realizadas por estudiantes de la Universidad Católica de Ibarra en los años 2041–2042, migró por el aumento de la delincuencia que azotó a toda la región a partir del 2027. Es decir, poco después de la apertura de la mina de cobre y molibdeno conocida como Llurimagua. Situación que se agudizó con la presencia de los mineros artesanales. Ese impacto social (delincuencia) fue solo uno de los tantos impactos sociales y ambientales identificados en el Estudio de Impacto Ambiental para una pequeña mina de cobre en 1996 por expertos japoneses(1). Lamentable e inexplicablemente muy pocas personas, y menos aún las autoridades, le dieron la importancia a dicho estudio. El mismo estudio pronosticó que el clima de Intag se secaría producto de la deforestación y que varias comunidades tendrían que ser reubicada. Todo estos y otros impactos fueron identificados en base a un pequeño yacimiento de cobre.

El mencionado estudio científico también pronosticó el aumento de la delincuencia y que fuentes de agua serían contaminadas con metales pesados (As, Cd,Pb, Cr). La pregunta del siglo es ¿por qué las autoridades locales, municipales y nacionales optaron en no tomar mucho más en serio las advertencias de dicho estudio? La única conclusión comprensible es que conjugaron la visión cortoplacista de los gobernantes, la corrupción oficial, sumado al desprecio total hacia el campo y el campesinado como para poder ignorar por completo los catastróficos impactos que el estudio tan precisamente pronosticó.

La planta de fundición y las relaveras

Lamentablemente, todos los pronósticos del mencionado Estudio Preliminar de Impacto Ambiental para una mina de cobre relativamente pequeña se cumplieron. Sin embargo, el estudio japonés no pudo haber pronosticado la gravísima contaminación procedente de la planta de fundición, ya que el estudio no lo contempló. En mi investigación describo en detalle los efectos de dicha contaminación, la cual afectó a decenas de miles de hectáreas de todas las siete parroquias de Intag. Las más afectadas, sin embargo, fueron las parroquias de García Moreno, Peñaherrera y Cuellaje. La contaminación no solo se debió a los metales pesados llevado por los vientos, sino también por la lluvia ácida. La lluvia ácida acidificó a miles de hectáreas del suelo y lo volvió infértil. Es esencial conocer que los yacimientos de Intag eran ricos en sulfuros. Al fundir los concentrados de cobre en la planta de fundición, los sulfuros fueron eliminados al aire, formando ácido sulfúrico al entrar en contacto con el agua y aire. Las aguas de las lluvias no contaminadas suelen tener un Ph de 5,6. Las de Intag llegaron a medir 4.3. Esto es más de10 veces más ácidas.

La pesadilla de las relaveras

El estudio japonés tampoco analizó los impactos que podría haber tenido los colapsos de las relaveras de Junín y Cuellaje. La primera se dio por el terremoto de marzo del 2046 de 7.4 en la escala de Richter, y en el caso de Cuellaje, por las inundaciones del año 2051. Antes de continuar considero importante señalar que la relavera de Junín fue la más alta del mundo, midiendo 285 metros de alto y llegó a almacenar 400 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos. La relavera se construyó a pesar de innumerables estudios técnicos que señalaron los riegos asociados de construir una relavera de tan dimensión en un lugar con tantos riesgos ambientales y sísmicos.

El colapso de las relaveras no solo contaminó masivamente a decenas de fuentes de agua de las comunidades aguas abajo, sino que también arrasó a la comunidad de Chalguayaco Bajo, desastre que mató a 79 pobladores, muchos de los cuales eran trabajadores de la empresa. El desastre de Cuellaje arrasó con todos los hogares río abajo de la represa, y afectó a un 40% de centro Parroquial. El colapso de las relaveras fue señalado como inevitable por lo menos por cuatro expertos geólogos en los años 2020–2026, tomando en cuenta la inestabilidad climática, topografía accidentada, y el conocido riesgo sísmico de la región.

Otro impacto no contemplado en el estudio japonés fue la contaminación de las comunidades y municipios a lo largo de la cuenca del río Esmeraldas debido, principalmente, al colapso de las relaveras antes mencionadas. La contaminación impactó fuertemente a los pescadores artesanales y, de modo especial, a los concheros de la costa. La ganadería igual fue afectada a lo largo de las cuencas del Intag, el Guayllabamba y Esmeraldas. Pero la contaminación no se limitó a impactar a los pequeños productores. También afectó gravemente a varias plantaciones bananeras y a las industrias cacaoteras y camaroneras. Estas industrias fueron duramente golpeadas al prohibirse la venta de sus productos una vez que se publicaran estudios que revelaron que los productos sobrepasaban los límites permitidos de plomo, arsénico y cadmio. Por otra parte, fueron seis municipios que tuvieron que buscar agua potable de otras fuentes debido a la contaminación, incluido la ciudad de Esmeraldas.

La sedimentación de los ríos proveniente de la sobrecarga y de los desechos de las relaveras arrojados a los ríos afectó permanentemente la operación de la hidroeléctrica Manduriacu, la cual tuvo que dejar de operar en el 2038. La pérdida para el estado se fijó en 455 millones de dólares por la Contraloría General del Estado en el 2037.

Aparte de los desastres causadas por las minas de Llurimagua y Cuellaje, cabe mencionar los dos tajos a cielo abierto abandonado por la minera china en la parte alta de lo que una vez fueron los bosques protegidos de El Chontal y Los Cedros. La empresa china Zijin Mining obtuvo la licencia ambiental en el 2032 e inició la apertura de las minas de cobre y oro a cielo abierto en el 2034. En el 2041, de declaró en bancarrota a causa del desplome del precio del cobre y la destrucción de su piscina de relaves (al no estar en plena operación, solo causó daños menores a las comunidades de Chontal y Magdalena Bajo). Sin embargo, dada la composición del yacimiento, aún más rico en sulfuros que el de Llurimagua y Cuellaje, el impacto del drenaje ácido de minas contaminó con metales pesados a las fuentes de agua de todas las comunidades del sector. El cálculo más optimista pronostica que loos tajos abandonados seguirá contaminando el agua por al menos dos mil años.

La ceguera sin remedio

Las autoridades conocían a ciencia cierta de los riesgos naturales y sociales de permitir la megaminería en Intag, la población tenía pleno conocimiento que varias comunidades serían reubicadas, sus ríos contaminados, sus bosques diezmados, y que aumentaría la violencia, pero ningún argumento que arriesgaría las operaciones de las minas y los salarios de los trabajadores, por más fundamentado que fuera, fue suficiente. La situación no fue diferente en el caso de los funcionarios públicos encargados de defender los derechos constitucionales como el de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los derechos colectivos, humanos y de la naturaleza, y el Buen Vivir. El interés personal primó sobre el colectivo, y la codicia personal sobre el bienestar social.

La compra de consciencias

Es innegable que la estrategia de las empresas de adquirir apoyo a su proyecto a través de compra de consciencias fue exitosa. Aparte de emplear a personal influyentes de las comunidades, las empresas utilizaron mecanismos como la realización de convenios empresa-gobiernos parroquiales y comunidades, apoyo a grupos productivos, realización de obras de infraestructuras (carreteras, sistema de agua potable), etc., las cuales beneficiaban a las autoridades parroquiales y comunitarias. Un caso en particular me llamó la atención: el del ciudadano Polibio P. El señor era un radical defensor de las comunidades y la naturaleza hasta el día que fue electo a la presidencia del Gobierno Parroquia de García Moreno. Desde ese momento se convirtió en un hincha de la minería y aceptó todo tipo de favores y convenios con la minera chilena Codelco, debilitando la resistencia. La entonces presidenta del GAD parroquial de Peñaherrera, Margarita E., también fue presa fácil de la Codelco, beneficiándose políticamente de la “generosidad” corporativa.

Pregunta clave sin resolver

Las siguientes preguntas surgen en casos como los de la zona de Intag que se hacen difícil comprender: ¿cómo, a pesar de contar con incuestionable información que pronosticaba los catastróficos y duraderos afectaciones naturales y humanos de la minería en Intag, fue que las entidades estatales permitieron a las empresas mineras operar? Y, ¿cómo fue que las empresas manipularon la opinión de los lugareños para que acepten proyectos mineros que se sabía que requeriría desplazar a sus propias comunidades, y que contaminarían las fuentes de agua que abastecían a varias comunidades? Es fácil culpar al capitalismo, a la ambición política o económica de los involucrados, o a la corrupción institucional enquistada en el país (que la minería agravó), pero la devastación social, cultural y ambiental desatada por la minería en Intag desafía toda explicación. (Considero importante señalar, sin embargo, que en el 2056 la Corte Internacional de los Derechos de la Naturaleza declaró al proyecto minero Llurimagua como un Ecocidio, y sentenció con pena de cárcel de entre 10 a 15 años a los principales responsables).

La única respuesta oficial, extraída de los diarios de esos años, fue la narrativa de que la minería se veía como una oportunidad única para sacar al país de la pobreza. El argumento más utilizado por funcionarios gubernamentales poco antes del boom minero fue que “el país no se podía dar el lujo de ser pobre sentado sobre un saco de oro”. Junto a ese irónico lema se decía que no había recursos para pagar la deuda externa, y que el país necesitaba diversificar sus exportaciones y crear nuevas fuentes de trabajo. Un argumento apoyado por el fin de la era petrolera que se advertía desde antes del inicio de los años 2000. Los gobernantes, en pocas palabras, aceptaron crear zonas de sacrificio ambientales, sociales y culturales violando derechos Constitucionales de toda índole para satisfacer a las multinacionales y mantenerse en el poder. Lo que acabó sucediendo, como en todo otro país en desarrollo que basa su economía en el extractivismo, es que poco después del desplome de los precios de los minerales para la transición energética el país termino siendo mucho más pobre que lo que era antes del inicio del boom minero. Situación que se mantiene hasta el presente.

Los legados ambientales y sociales

Los costos de remediación de los desastres ambientales y sociales han sido enormes. Las cifras cambian de año en año, pero los más recientes cálculos estiman que no son menores a los 32 mil millones de dólares estadounidenses. Mucho más de lo que contribuyó la minería a las arcas fiscales. Se estima que el 90% de dichos costos no han sido financiado aún. Una pequeña parte de la remediación tuvo que ser asumido por los gobiernos locales y el Ministerio de Salud, Ambiente y Agua debido a que la mayoría de las empresas no destinaron suficientes fondos para cubrir los costos del cierre de las minas, o para la remediación social y ambiental. Otras empresas se declararon en bancarrota para evitar hacerse cargo de los pasivos ambientales y sociales. Hay minas que siguen contaminando fuentes de agua 15 años después de finalizar las operaciones, como es el caso de la mina Cristopamba, en la Parroquia de Cuellaje, la cual dejó de operar en el 2055. Incluso, algunos hidrólogos prevén que, debido al contenido del yacimiento, el cual es muy rico en sulfuros y que, por ende, generó drenaje ácido de minas, las minas abandonadas seguirán contaminando las fuentes de agua al menos por cinco siglos más. Otros expertos son más pesimistas. Éstos aseveran que, tomando en cuenta el fenómeno climático El Niño, el cual se agravó a consecuencia del calentamiento global, sumado al contenido de los yacimientos y los miles de millones de toneladas de escombros botados en los campos y quebradas, que es imposible determinar el fin de la contaminación.

Pobreza (de discurso)

Los lugareños que priorizaron ganar un sueldo seguro con el ingreso de las mineras, y funcionarios corruptos que se aprovecharon de las coimas, se justificaron engañándose de que los estudios como los mencionados fueron inventos de los “ecologistas”; o que el estudio japonés era un estudio carente de un contexto moderno. En este escenario, es importante tomar en cuenta que en los años 2015–2025 los diferentes gobiernos de turno armaron una campaña muy agresiva juntamente con las empresas trasnacionales para venderle al pueblo que la minería moderna era “responsable” y sustentable, que no era tan destructiva como la minería de “antaño”, y que generaría incontables fuentes de empleo y riqueza, y que le sacaría al país de la pobreza. Una gran parte de esa narrativa en Intag se concentró en descalificar el estudio japonés y a las y los defensores de la naturaleza.

Este aspecto de justificar lo injustificable en un escenario extractivista con el único afán de cosechar beneficios personales es tierra fértil para futuras investigaciones.

Es inevitable ponderar cual hubiera sido el destino de la zona de Intag si las autoridades cantonales, provinciales y nacionales hubieran tomado en serio las advertencias contenidas en el estudio japonés de 1996, y otros posteriores por entidades independientes. O si los trabajadores locales de las empresas o algunas autoridades parroquiales hubieran puesto el bienestar de sus comunidades sobre el bienestar personal. Y es que la minería no solo contaminó a decenas de fuentes de agua prístinas ni que “solamente” deforestó decenas de miles de hectáreas de bosques nublados, sino que, al hacerlo, destruyó la capacidad del ecosistema de sostener a actividades sustentables, como el turismo de naturaleza y la agroecología. Son impactos, en pocas palabras, que impactarán a varias generaciones.

El rol de la sociedad civil y organizaciones

Las estrategias empleadas por las diferentes organizaciones y comunidades para frenar la expansión minera en Intag ha sido materia de varias otras investigaciones. Sin embargo, algunas llaman la atención. La creación de alternativas a la minería, incluyendo las hidroeléctricas comunitarias, el café orgánico, el ecoturismo comunitario, e industrias lácteas, para mencionar solo algunas, jugaron un rol clave. Algunos estudios mencionan como estrategia muy importante la creación de decenas de reservas forestales e hídricas comunitarias y parroquiales las que fueron creadas desde las bases para asegurar la protección de las fuentes de agua de las diferentes poblaciones. La creación de redes de apoyo a nivel nacional e internacional se considera que jugó un rol indispensable en la resistencia. Otra estrategia muy exitosa fue el uso de las cortes, con lo cual se frenó a la chilena Codelco por varios años en los 2020, a raíz de varias acciones constitucionales basadas en la violación del derecho Constitucional a la consulta ambiental de las comunidades, y los derechos de la naturaleza. Por otro lado, los juicios planteados en Canadá liderados por la pequeña organización DECOIN contra la canadiense Copper Mesa y la Bolsa de Valores de Toronto a fines de la década de 2010 fue clave para frenar a la canadiense.

Las consultas

Las consultas constitucionales sobre la minería tuvieron su impacto positivo durante un periodo, hasta que el Correismo tergiversó el sentido de estas y las hizo inaplicables en caso de obras de interés nacional con la reforma constitucional del 2027. Más bien, con todas sus limitaciones, las cortes jugaron un rol importante y se constituyeron, en algunos casos, como uno de los pocos refugios donde las comunidades pudieron acudir en búsqueda de justicia.

Las comunidades

Todos los artículos de prensa y estudios revisados apuntan hacia la resistencia en las comunidades más afectadas como la estrategia que más impacto tuvo. Eso, a pesar de criminalización y persecución de los dirigentes de la resistencia por parte del gobierno y empresas, y la compra masiva de consciencia por parte de las empresas. La intimidación se manifestó en acciones como los de diciembre del 2006, cuando la canadiense Copper Mesa empleó a 60 paramilitares para, infructuosa, intentar ingresar a su concesión minera. Una similar estrategia fue empleada en mayo del 2014 por el gobierno de Rafael Correa cuando, después de ilegalmente encarcelar a unos de los líderes de la resistencia, utilizó a aproximadamente 400 policías para implantar violentamente a la chilena CODELCO en el bosque comunitario de Junín. Fue la fuerza y persistencia de las y los comuneros durante décadas de Junín, Chalguayaco Alto, Cerro Pelado, Barcelona y otras comunidades, una de las armas más efectivas para frenar la minería por tantos años.

Aunque es cierto que las empresas lograron debilitar la resistencia utilizando la intimidación y el empleo masivo con relativamente altos salarios, es importante no despreciar el hecho que hubo un significante porcentaje de la población preocupada por las advertencias de los expertos sobre los impactos que la minería tendría en sus tierras, sus comunidades y en sus vidas. No cabe duda que hubo pobladores conscientes y más preocupados por el bienestar colectivo que el personal. Sin ello, no hubiera la zona resistido por tanto tiempo. No hay cómo relegar la resistencia que mantuvo a la zona libre de minería a gran escala por décadas, y el rol que jugaron las organizaciones ambientalistas en dicha resistencia, las cuales lideraron, juntamente con las comunidades, la resistencia por décadas. También hay que mencionar el apoyo dado por algunos alcaldes en la resistencia, aunque el conceso fue que el apoyo pudo haber sido mucho más decidido. Pero, por más que resistieron por décadas, fue imposible enfrentar por tanto tiempo el poderío de las grandes transnacionales, respaldadas por gobierno tras gobierno, una judicatura débil y/o intimidada por el ejecutivo, sumado a los tratados internacionales de protección de inversiones. Ciertamente la corrupción jugó un rol preponderante, aspecto que no se ha estudiado a fondo. Sin duda, la visión desarrollista exclusivamente atada al supuesto bienestar económico incesantemente promovido por los gobiernos y empresas, visión que hasta la fecha desprecia el campo y campesinado y subvalora el bienestar social, y riquezas culturales y ambientales, jugó un rol clave en el desenlace actual.

Minería y Desarrollo.

La situación actual de los sobrevivientes de la zona de Intag es extrema. A nivel nacional Cotacachi es considerado el Cantón más pobre del país. Esto, a pesar de que una vez desde estas mismas laderas y montañas, se extrajo miles de millones dólares en cobre, molibdeno. oro y metales raros de las tres minas a gran escala que lograron construir.

Por más que me esfuerzo, se me hace imposible imaginarme esta zona que veo en las fotografías y vídeos que vi como parte de mi investigación, o los de los relatos de mis padres, los que recuerdo como niño a lo que hoy es Intag. Era una zona verde con suelos muy fértiles y una vegetación exuberante. Había cientos arroyos y ríos cristalinos distribuidos a todo lo largo de la zona protegido por exuberantes bosques nubosos. Según los censos gubernamentales en la zona de Intag vivían 17.655 personas antes de la apertura de la primera mina. Se conoce por los mismos datos que la principal actividad en los años 2020 era la agricultura y la ganadería, y que salía todo tipo de productos agrícolas a las ciudades, en gran parte debido a la gran diferencia de elevaciones y ecosistemas. En esa época, el turismo de aventura y ecológica también despuntaba.

Las comunidades eran relativamente pequeñas de entre 30 y 70 familias. La excepción era los centros parroquiales que solían tener entre 50 y 200 familias. La composición étnica era diversa. Aunque la mayoría de los habitantes eran mestizos, existía una importante población de afro ecuatorianos y una relativa pequeña población de indígenas de diferentes partes del Ecuador, pero principalmente del pueblo Kichwa, proveniente de la provincia de Imbabura.

Los cultivos eran igual de diversos, e incluían el plátano, la caña de azúcar (la cual se transformaba en panela o trago), el fréjol, el maíz, el café, y todo tipo de frutas tropicales y subtropicales, como el aguacate, la papaya, la granadilla, la naranjilla, cítricos, decenas de variedades de bananas, el tomate de árbol y en las partes más tropicales, el cacao, la palma africana y el palmito. La ganadería era una de las actividades más rentables y era el sustento de la industria láctea de la zona.

Según los récords existían cientos de especies de aves y se consideraba uno de los centros de diversidad de orquídeas más importantes del país. Tomando en cuenta sus bosques, ríos cristalinos y biodiversidad, la zona contaba con todos los elementos para haberse convertido en uno de los centros ecoturísticos más importante de la región y del mundo.

Y…. al final, más pobreza y contaminación

Tal como mocioné brevemente arriba y detallo en mi investigación, uno de los argumentos primordiales utilizados por los diferentes gobiernos, sean de izquierda o de derecha para venderle al pueblo la necesidad de promover la minería, fue de que la industria minera sería la salvación de la economía y el remedio al desempleo. Esto se repitió incansablemente y de modo especial, durante el régimen del expresidente Rafael Correa Delgado en los años 20007–2017, momento en el cual el gobierno modificó varias leyes para atraer a la gran minería con incentivos fiscales para las empresas, pero dañinos para el país. Dado dichos inventivos, y la realidad del auge y caída de los precios de los commodities como el cobre, no era de esperarse otro resultado del actual: de que el país acabó siendo mucho más pobre después del augePor su ubicación geográfica los bosques de Intag forman de dos de las regiones más biodiversas de todo el planeta, los Hotspots de Biodiversidad Andes Tropicales y el Magdalena-Chocó-Tumbes. minero que antes, y mucho más contaminado. En otras palabras, Intag no es nada más ni nada menos que la ilustración de lo que le pasó al país en todas las zonas mineras por apostar a la minería.

Espero que la presente investigación inspire a otros estudiar a fondo la historia de esta singular y ejemplar resistencia, y de los riesgos de anclar economías de países en desarrollo en el extractivismo.

1. Informe final sobre la exploración mineral de cooperación técnica en las áreas de Junin y Cuellaje, República del Ecuador. Marzo 1996

Japan International cooperation Agency. Metal Mining Agency of Japan

Nota sobre las fuentes: la lista completa constará en el producto final

Fuente MEDIUM.COM