Llamamos a las autoridades a la coherencia entre sus ofrecimientos y lo ejecutado de sus planes de gobierno, y el derecho de la población a resistir ante su falta de ejecutorias.
La Constitución de la República del Ecuador garantiza expresamente: Artículo 98.- “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”
El derecho a la resistencia es un derecho fundamental del ser humano, pues parte de la dignidad humana y bosqueja a un ser humano con poder de autodeterminación y no funcionalizado a un sistema político o jurídico, con la obligación de oponerse a quien incumpla su deber de protección de derechos. El derecho a la resistencia también es una garantía social, 4la única garantía constitucional, no institucional, de interpretación directa de la Constitución por parte de los ciudadanos. Cuando ha fallado o podría fallar todo recurso para proteger un derecho, la resistencia es la única garantía de aplicación.
No se puede criminalizar la protesta social pacífica en cualquiera de sus formas, y peor deslegitimar sus actuaciones cuando las demandas ciudadanas no han sido satisfechas o se están perjudicando derechos colectivos como al trabajo, a la educación, a la salud, a la inversión pública y privada, a la priorización de inversión para los grupos prioritarios, al goce y disfrute de servicios públicos de calidad y buena atención, a participar de la toma de decisiones en los público, a planificar según las necesidades prioritarias y asignar los recursos públicos a través de los diferentes niveles de gobierno desde las comunidades y barrios, que no se hace; peor aún la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad en delitos contra el Estado y lo público en general.
Fuente
Presidencia y Coordinación General AUCM; Maestría
en Derecho Penal, Tesis: El derecho a la resistencia como límite a la
criminalización de la protesta social
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