Primero las “pequeñas diferencias”, como diría John Travolta en Pulp Fiction. En la Argentina pre corralito
nadie hablaba de “prima de riesgo”, lo llamaban “riesgo país”.
Nadie hubiera entendido un titular con la palabra “rescate”, lo llamaban
“salvataje” o “megacanje”. Pero en todos lados significa más o menos lo mismo:
financiación internacional a cambio de priorizar el pago de la deuda, reducir
el gasto social, congelar salarios, aumentar el IVA, facilitar el despido,
desregular y privatizar.
Manuela Gallegos fue una de las “forajidas” que formó parte de la revuelta
que destituyó al presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez en 2005. Esta activista
identifica semejanzas entre este movimiento y el 15M español. “Era una forma de
decir ’ya basta’, no me fastidien más, dejen de tomar mi voto como el poder de
ustedes para hacer lo que les da la gana”, cuenta a Diagonal.
Pero también señala una de las grandes diferencias: “En España es más difícil,
porque la institucionalidad es mucho más fuerte, aquí no había nada”.
Hasta
1997, “la opinión mayoritaria sostenía que no se podía derrocar un Gobierno en
el Ecuador”,
dice Edgar Isch, del partido Movimiento Popular Democrático. Se equivocaban.
Ese año una
coalición liderada por el movimiento indígena y apoyada por la clase media y
diversos sectores políticos consiguió desalojar del poder a Abdalá Bucaram.
Lo mismo ocurrió con Jamil Mahuad en 2000. Y con Lucio Gutiérrez en 2005. Los
tres llegaron al Gobierno prometiendo política social y transparencia, dos de
ellos incluso “el fin de la oligarquía”. Todos realizaron las mismas políticas
neoliberales salpicadas de escandalosos casos de corrupción.
"Cuando
el neoliberalismo llegó y les golpeó en los bolsillos, ahí la clase media se dio
cuenta de que lo que siempre habían dicho los grupos de izquierda era
cierto"
En el peor
momento de la crisis ecuatoriana, tras diez años de políticas neoliberales, la
pobreza afectaba al 70% de la población. En tres años, un millón y medio de
ecuatorianos había tenido que emigrar. La especulación, al igual que en
Argentina, era el negocio más rentable. La burbuja estaba a punto de estallar. En noviembre de 1998, los
grupos financieros, que “controlaban la economía y el sistema político”,
consiguieron que el Estado asumiera todas las deudas de las entidades
financieras, según cuenta a Diagonalel
economista Pablo Dávalos. Una vez conseguido esto, “los bancos se retiraron” y
todo el sistema cayó.
“Era el fracaso
del Consenso de Washington”, dice Dávalos. “Lo más interesante es que esa clase
media que perdió los ahorros de su vida también perdió la confianza en el
sistema político. Pensaban que el neoliberalismo era una cuestión de otros países,
una cuestión de los más pobres. Cuando el neoliberalismo llegó y les golpeó en
los bolsillos, ahí la clase media se dio cuenta de que lo que siempre habían
dicho los grupos de izquierda era cierto”. Lo mismo ocurrió en la Argentina del
corralito en diciembre de 2001.
“There is no
alternative”, decía Thatcher
El
politólogo Francis Fukuyama sostenía en 1989 que después de la caída del
“socialismo real” nadie podría impedir el avance del liberalismo económico. Pero un nuevo sujeto político
crecía en el desierto dejado por la crisis del sindicalismo,
víctima de un modelo que había creado un auténtico ejército de personas
excluidas, que sobrevivían en el mercado informal o se veían abocadas al
desempleo.
En
Argentina fueron las organizaciones de desempleados. En Ecuador, el movimiento
indígena. En
Bolivia, el movimiento indígena y las organizaciones vecinales de El Alto y
Cochabamba. Todos estos movimientos consiguieron de alguna
forma dejar en evidencia a Fukuyama. En Argentina, en diciembre de 2001 era
destituido Fernando De la Rúa. En Bolivia en octubre de 2003 caía Gonzalo
Sánchez de Lozada. Igual que cayó dos años más tarde Carlos Mesa, también en Bolivia.
Los
movimientos sociales no sólo ejercían el “poder destituyente”. También se
convertían en “poder constituyente”. La demanda de “refundar el
país” a través de la convocatoria de una Asamblea Constituyente se convirtió en
una de las principales reivindicaciones de estos
movimientos.
Destituir y constituir
En muchos
países de la región la aplicación de las políticas neoliberales terminó por destruir a
los partidos políticos tradicionales, que habían acaparado el
poder con diversos acuerdos de alternancia política. En el caso de Venezuela, tras
el hundimiento del bipartidismo, el proceso constituyente se abrió sin
necesidad de unos movimientos que demostraran su capacidad de tumbar gobiernos.
En el caso de Ecuador y Bolivia, destituciones y nuevas constituciones fueron
de la mano. Aunque no siempre con los resultados esperados.
Para la
activista feminista Julieta Paredes, la Asamblea Constituyente en
Bolivia, entre 2006 y 2007, fue el punto culminante de la
participación popular. “El proceso de la nueva Constitución significó
desmitificar los libros sagrados. Pudimos escribir nuestras
ideas, nuestra concepción de la sociedad, aunque éramos analfabetas,
analfabetos... Y lo que se puede escribir mañana lo podemos borrar y
reescribir”, dice.
Los
movimientos sociales no sólo ejercían el “poder destituyente”. También se
convertían en “poder constituyente”
En
diciembre de 2007, la Constitución fue entregada al presidente Evo Morales,
pero fue bloqueada durante más de un año por los parlamentarios de derecha. En
2008, el mismo día que una gigantesca marcha rodeaba el Congreso, los partidos
llegaron a un acuerdo en el interior del edificio: la derecha destrabaría la nueva
Constitución a cambio de unos “ajustes” en el texto. Entre los
cambios más polémicos se encontraba la legalización de los transgénicos y de
los latifundios existentes hasta la fecha, sin importar su tamaño.
Pese a las
modificaciones de última hora, la nueva Constitución boliviana seguía
recogiendo históricas demandas de los movimientos. Entre ellas,la prohibición de privatizar el
agua, una mayor participación del Estado en la economía, la
protección de la hoja de coca, la prohibición de bases militares extranjeras y
la figura del referéndum revocatorio para todos los cargos electos, un derecho
ciudadano que comparten las constituciones de Venezuela y Ecuador.
¿Constitución verde o papel mojado?
Igual de
participativo fue el proceso en Ecuador, sobre
todo en comparación con los anteriores, relata a Diagonal el
presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta. Aunque el movimiento indígena
tuvo apenas cinco representantes, muchas de sus demandas se vieron reflejadas.
La principal fue el reconocimiento de Ecuador como un Estado “plurinacional”.
Otras
demandas de los movimientos sociales que fueron recogidas en la Carta Magna
fueron el reconocimiento de los “derechos de la naturaleza”,la prohibición de transgénicos,
de la tercerización laboral y de bases militares extranjeras,
así como un mayor control del Estado sobre los recursos naturales y los
sectores estratégicos como la energía o el agua, que no podría ser privatizada.
Una vez
aprobada la nueva Constitución, el frente común entre los
movimientos sociales y el Gobierno de Rafael Correa no tardó en romperse.
Frente a los “derechos de la naturaleza” consagrados en el texto constitucional,
el Gobierno de Correa ha optado, según define Alberto Acosta, por un
“extractivismo del siglo XXI”, donde la minería trasnacional, la
extracción de petróleo o las grandes superficies agrícolas destinadas a la
exportación son las prioridades. Frente al “derecho a la
resistencia”, también reconocido en la nueva Constitución, el Gobierno sostiene
procesos por “terrorismo” contra centenares de activistas por oponerse a la
entrada de mineras y petroleras en sus territorios.
“Hemos
creído que sólo con la elección de un presidente las cosas iban a cambiar, o
que con la aprobación de una nueva Constitución la sociedad ya es diferente, lo
cual no es cierto”, dice Acosta. “Y ahí viene el problema mayor, no es el
presidente que no cumple la Constitución, no es su Gobierno que no la acepta,
es una
sociedad que todavía no ha comprendido que la Constitución es una caja de
herramientaspara construir democráticamente una sociedad
democrática”, concluye.
