El Gobierno ecuatoriano ya analiza las implicaciones de la expulsión
definitiva de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (Usaid) del país.
El jueves pasado, personal de la Cancillería y de la Secretaría
Técnica de Cooperación Internacional (Seteci) se reunió para analizar
las repercusionesque tendría esta decisión gubernamental. De concretarse
la idea, el presidente Rafael Correa la anunciaría oficialmente en esta
semana.
De 19,2 millones de dólares adicionales que la Usaid envió en el 2010
como enmienda 3, y que culminarían en este año, solo 4 millones serían
destinados a programas sociales, según una fuente.
Este Diario accedió a información extraoficial de la Seteci y la
Cancillería, en la que se señala que entre las estrategias y como
procedimiento para el cierre de programas y proyectos de Usaid en
ejecución se denunciaría el Convenio de Cooperación de 1962, se pediría
el cierre financiero y administrativo de los proyectos, se
inventariarían los bienes ingresados en el país para ejecutar el
proyecto y se solicitaría la entrega de estudios e investigaciones
generadas en el marco de los convenios con la entidad.
La finalización de la intervención de Usaid en el país pasaría por la
denuncia (culminación) tanto del Convenio Marco como de la estrategia
país que no ha sido renovada hasta la fecha. En el ámbito financiero, en
cambio, se verificarían los informes financieros y técnicos, y se
realizaría un balance de los recursos gastados y los resultados
obtenidos hasta la fecha de cierre.
El Gobierno analizaría la pertinencia del traspaso de los bienes a
los socios locales. Esto, sobre todo en los proyectos que estarían por
finalizar. En cuanto a las investigaciones generadas por la Usaid, el
Gobierno aclararía que la propiedad intelectual de los estudios e
investigaciones son del Estado ecuatoriano y debería ser transferida
integralmente al cierre del proyecto.
Como parte de los escenarios posibles que derivarían del cierre de
proyectos- por tipología de actores- se identificaría a las
instituciones del Ejecutivo, los gobiernos autónomos descentralizados y
las ONG que serían afectados. En el documento antes señalado se precisa
que el Estado advertiría que algunos proyectos en ejecución podrían
quedarse sin fuente de financiamiento, por lo que se priorizarían las
actividades pendientes y se elaboraría una estrategia de financiación
alternativa (fiscales o con otros cooperantes).
Gobiernos locales
Según la información con la que cuenta este Diario, la cooperación
estadounidense interviene con fuerza en los gobiernos locales, por este
motivo y para evitar inconvenientes -antes o tras el cierre- se
realizaría un mapeo de las intervenciones de la Usaid en esas
jurisdicciones.
Así también para evitar protestas en zonas de la Amazonía y las
fronteras- en donde la entidad tiene fuerza- se elaboraría una
estrategia desde los responsables de la política en los territorios para
evitar costos políticos relevantes.
Además se brindaría información sobre estrategias alternativas de
financiamiento, a través de cooperación y créditos, para evitar que las
restricciones presupuestarias afecten la ejecución de obras como, por
ejemplo programas de agua y saneamiento en la frontera.
En cambio, los responsables de la política (Ministerio de
Coordinación de la Política y de la Secretaría de Pueblos), junto con el
Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, plantearían una
estrategia de contención ante el cierre de proyectos que podrían generar
vacíos que afecten directamente a grupos de atención prioritaria y
proyectos de interés social con las consecuentes repercusiones
políticas.
En el informe se afirma que el Estado tendría como prioridad aprobar
las políticas de cooperación internacional que rigen para los actores de
la cooperación en el país.
