Arrancó el año electoral, como siempre, cambiando las reglas del juego. La Asamblea Nacional aprobó reformas al Código de la Democracia que han sidoparcialmente vetadas por el Presidente Rafael Correa, quien busca prohibir que los medios de comunicación social puedan hacer “promoción directa o indirecta” a través de “cualquier” mensaje, “que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política”.
Sorprende la amplísima vaguedad de la norma. ¿“Promoción indirecta”? ¿”Cualquier forma de mensaje”? ¿“Tender a incidir”? El texto es tan ambiguo que hasta los asambleístas de PAIS se preocuparon y el Presidente Correa tuvo que aclararles que no es que se van a prohibir las entrevistas ni nada por el estilo. ¿Pero acaso una entrevista no es una “forma cualquiera de mensaje que puede tender a incidir a favor o en contra” del entrevistado? En principio, sí. En la práctica, eso depende de quién va a resolver el tema: las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), todas vinculadas a PAIS.
La vaguedad, por tanto, no es casual. Cuando se crean normas de contenido abierto o indeterminado, es con la finalidad de darle mayor discrecionalidad —y, por tanto, mayor poder— a la autoridad que las va a aplicar. Está claro que el veto busca dar al CNE un poder absoluto sobre lo que publiquen los medios de comunicación durante la campaña electoral.
¿Para qué? Nadie puede creerse el cuento de que se busca garantizar la imparcialidad de los medios privados para no influir en la ciudadanía, cuando los medios del Estado, dirigidos por el mismo autor del veto electoral, son los campeones del periodismo concebido como propaganda política. Por ahí no va la cosa. Lo que se busca realmente es crear condiciones inequitativas a la hora de competir en las próximas elecciones. Ya pasó antes, cuando se prohibió a los sujetos políticos financiar sus propias campañas. El resultado era obvio: no se trataba de evitar la influencia del capital en la política (objetivo idealmente bueno), sino de cerrar la llave a los contrincantes mientras que el oficialismo utilizaba, descaradamente, toda la maquinaria del Estado para hacer propaganda sin control o límite alguno.
Hoy se busca llevar esta injusticia electoral hasta sus últimas consecuencias. En el veto, el Presidente Correa se cuidó de aclarar que él sí podrá publicitar obras o programas, siempre que estén en ejecución. La estrategia es fácil: durante la campaña se hacen más obras y programas, se hace más publicidad oficial sin violar la ley, mientras que los demás candidatos no pueden acceder a los medios de comunicación privados y tienen topes de gasto en publicidad que son altamente superados por el gasto del Gobierno. Brillante.
Hay dos formas de hacer fraude electoral. La forma burda es cambiar papeletas y actas. La forma inteligente es modificar las reglas del juego de tal manera que sea imposible perder. De todos los ataques que este régimen ha infligido contra la democracia, acaso sea este el más grave. Los anteriores han sido, en su mayoría, contra las libertades civiles, bajo el argumento falso de que el Gobierno puede hacer lo que sea con tal de tener el respaldo popular. Pero hoy se pretende manipular algo mucho más básico: la existencia misma de ese respaldo popular. Y, con ello, el último residuo legítimo que le queda a nuestra democracia.
