La nueva oleada de acuerdos sobre tierras no es la inversión en agricultura que millones de personas esperaban. Las personas más pobres son quienes más sufren cuando se intensifica la competencia por la tierra. Las investigaciones de Oxfam demuestran que la población local suele salir perdiendo frente a las élites locales y a los inversores nacionales o extranjeros, ya que carece de poder para hacer valer sus derechos y defender sus intereses eficazmente.
Resumen
La inversión internacional desempeña un papel fundamental en el desarrollo y en la reducción de la pobreza. Si se gestiona de forma responsable y bajo un marco regulatorio eficaz, puede mejorar los medios de vida y crear empleo, servicios e infraestructuras. Oxfam lo ve cada día en su trabajo, y en ocasiones, colabora con alguna empresas para promover inversiones que beneficien directamente a las comunidades que sufren la pobreza. Sin embargo, los datos sobre las inversiones recientes en tierras muestran una realidad muy diferente. Reflejan que la presión sobre la tierra, un recurso natural del que depende la seguridad alimentaria de millones de personas que viven en la pobreza, va en aumento. Demasiadas inversiones de este tipo han dado lugar a desposesiones, engaños, violaciones de los derechos humanos y destrucción de los medios de subsistencia.
Si no se adoptan medidas en los ámbitos nacional e internacional para defender los derechos de las personas en situación de pobreza, esta carrera por la tierra que vivimos en estos días podría empeorar aún más la situación de demasiadas familias que viven en la pobreza, y que a menudo son expulsadas de sus tierras y apenas tienen posibilidades de recurrir a la justicia.
Desde 2001, en los países en desarrollo se han vendido o arrendado hasta 227 millones de hectáreas de tierra (una superficie del tamaño de Europa Noroccidental), la mayoría a inversores internacionales. El grueso de estas adquisiciones de tierras se ha producido a lo largo de los últimos dos años, según una investigación que está llevando a cabo el Land Matrix Partnership.(1)
Este reciente aumento en las adquisiciones de tierras se explica por la crisis del precio de los alimentos en 2007-08, que hizo que inversores y gobiernos prestasen de nuevo atención a la agricultura tras décadas de abandono. Pero este interés por la tierra no es algo pasajero, sino una tendencia impulsada por factores muy poderosos.
Frecuentemente, los acuerdos sobre tierras están enfocados a producir para los mercados internacionales de alimentos y de biocombustibles. A muchos se los puede llamar, con acierto, "acaparamiento de tierras”. Este término se refiere a adquisiciones de tierra que cumplen que uno o más de los siguientes criterios:
• Violan los derechos humanos, y en particular los derechos de las mujeres;
• Desatienden el principio de consentimiento libre, previo e informado de los usuarios de la tierra afectados, en particular de los pueblos indígenas;
• Ignoran los impactos en las relaciones sociales, económicas y de género, así como sobre el medio ambiente;
• Evitan contratos transparentes, con compromisos claros y vinculantes sobre el empleo y la distribución de beneficios;
• Eluden la planificación democrática, la supervisión independiente y la participación sustantiva. (2)
Este informe revisa en detalle cinco casos de acaparamiento de tierras en Uganda, Indonesia, Guatemala, Honduras y Sudán del Sur.
El informe trata de comprender el impacto del acaparamiento de tierras sobre las personas que viven en la pobreza y sus comunidades, así como identificar los factores subyacentes en las compañías, las comunidades locales y los gobiernos receptores, y examinar el papel que desempeñan los inversores internacionales y los gobiernos de origen.
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