De acuerdo con la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural, cada establecimiento educativo público establecerá un espacio de participación para su comunidad educativa denominado gobiernos escolares.
Estos estarán integrados por delegados de estudiantes, docentes, directivos, padres de familia o representantes designados por voto universal, para el período de un año escolar.
Serán la instancia primaria de participación y veeduría ciudadana en la gestión de las entidades educativas.
Ellos participarán en la elaboración del plan educativo institucional, así como en el diagnóstico y solución de las necesidades de los planteles.
Los gobiernos escolares estarán en capacidad de denunciar cuando los profesores no asistan a clases, si la entidad no cumple con la jornada completa de trabajo, cuando no use los textos que imprime el Gobierno o si los profesores recauden dinero que atente contra la política de la gratuidad.
También podrán participar en la construcción de un código de convivencia que permita una interrelación positiva entre los actores de la comunidad educativa.
Pero no podrán intervenir en los aspectos pedagógicos y administrativos de los establecimientos, así como tampoco en el manejo de fondos, explicó Mónica Franco, subsecretaria regional de Educación.
La funcionaria dijo que la participación de los gobiernos escolares está relacionada con una función de veeduría. Incluso podrán organizar los tribunales para la evaluación de las clases demostrativas en los procesos de ingreso de los maestros. Sin embargo, no tendrán injerencia sobre lo técnico, pedagógico o administrativo en el interior de los colegios.
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