La Ley de Participación, en su art. 94, señala que el Cpccs debe establecer y coordinar los mecanismos, instrumentos y procedimientos para la rendición de cuentas a los sectores que manda la norma.
Para ello, las máximas autoridades de las cinco funciones del Estado, autoridades de elección popular de las juntas parroquiales, consejos provinciales y cantonales, deberán presentar informes del trabajo realizado cada año.
En esta norma también se incluyen a todos los directores que ocupen cargos de libre remoción, empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos y, finalmente, los medios de comunicación, entre otros; como sujetos de rendición de cuentas.
Aunque no se ha establecido un mecanismo para emitir los reportes, el organismo de control ya tienen un primer reporte de quienes han incumplido con la ley.
Ángel Ramírez, director nacional de Rendición de Cuentas del Consejo de Participación Ciudadana, asegura que se han hecho consultorías especializadas para empezar con el proceso y estandarizar los mecanismos. “La idea es que las instituciones sepan que el Consejo tiene esa atribución y la cumplan”, dice. Pero esto aún no se ejecuta. Esto se mide bajo el índice de cumplimiento con relación a los programas de trabajo, planes estratégicos, presupuesto general, participativo, propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas.
Según las estadísticas, de 124 asambleístas elegidos, solo 13 presentaron su informe de forma individual, como lo establece la Constitución del Estado.
Asimismo, con relación a las secretarías de Estado, el nivel de cumplimiento es mínimo. Solamente el Ministerio Coordinador de Patrimonio remitió su informe al Consejo de Participación. Según el art. 9 de la Ley Orgánica, la rendición de cuentas se debe hacer por lo menos una vez al año. Además del informe escrito, cada sector tiene la obligación de hacer una presentación de sus logros en un acto público.
De acuerdo con la consejera Mónica Banegas, de alguna manera, es justificable que en los ministerios haya ausentismo, ya que hubo muchos cambios en el Gabinete y hay ministros que aún no cumplen un año en funciones. Pero reconoce que existe un desconocimiento de la ley.
El Consejo no tiene obligación de hacer el pedido oficial sino que cada área del sector público debe cumplir por sí mismo.
Desde los gobiernos provinciales el cumplimiento también es mínimo. De 24 provincias, solo seis prefecturas han remitido su informe. Estas son la de Azuay, Santa Elena, Sucumbíos, Pastaza, Guayas y Carchi (ver infografía). Banegas precisa que pese a que el índice de juntas parroquiales que han cumplido con la norma es baja, estas instancias seccionales tienen mecanismos de rendición de cuentas constantes.
El asambleísta Jorge Escala (MPD) es uno de quienes sí cumplió con la disposición pero se sorprende de las estadísticas. Dice que la Asamblea hizo una recopilación de todas las rendiciones de cuentas de los legisladores en un libro y que a través de la Secretaría General se lo remitió al Consejo. El organismo no menciona el documento en su informe. “El incumplimiento de ese proceso, incluso, puede ser motivo de revocatoria de mandato”, expresa.
El informe que tiene el Consejo hasta el momento, será remitido a finales de este mes a la Contraloría General del Estado para que haga las investigaciones del caso.
La Ley de Participación también incluye la rendición de cuentas para los medios de comunicación públicos y privados, por ser considerados empresas que desarrollan actividades de interés público: informar.
Este punto, justifica Banegas, no quiere decir que se debe informar sobre la política de contenidos que cada medio tiene.
Pues la ley establece que deberán presentar al Consejo de Participación Ciudadana únicamente balances anuales y niveles de cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias y el cumplimiento de objetivos establecidos previamente en cada medio.
Hasta el momento, no hay registro de esta información en el Consejo, pero en esta área no hay sanciones establecidas.
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