La tarea que dejó a la legislatura la transitoria primera de la Constitución de Montecristi está resultando ardua, penosa e interminable. El texto constitucional fija un plazo de 360 días para la elaboración de una serie de leyes (de Participación Ciudadana, de Educación Superior, de Comunicación, de Recursos Hídricos, entre otras) juzgadas fundamentales para garantizar la vigencia de la Carta Magna. Pero el plazo se cumplió, el trabajo está lejos de terminar y los resultados parciales son poco estimulantes, pues los consensos lucen inalcanzables y no ha faltado quien los considere innecesarios. Hoy, con cada nueva ley que empieza a ser discutida en el seno de la Asamblea, la crispación política en el país se incrementa y las posibilidades de debate real se diluyen. Alberto Acosta no ha participado de este proceso pero, como presidente que fue de la Asamblea Constituyente y artífice de la primera transitoria, resulta una voz autorizada para juzgarlo.
Da la impresión de que el país se encuentra estancado en la transitoria primera. ¿Cuál fue la idea original de la Asamblea Constituyente sobre las leyes contenidas en esa transitoria?
Esas leyes fueron definidas como fundamentales para la cristalización de la Constitución. Una constitución que no cuente con las leyes para que se enraíce su texto en la vida cotidiana, no tiene futuro. La Constitución del 98 y muchas otras fueron expedidas pero no entraron prácticamente en vigencia porque no hubo las leyes. Había conciencia de ese riesgo, que todavía está presente. Algún rato dije que se debía fijar un plazo más rígido con una amenaza concreta para los asambleístas: señores si ustedes no aprueban las leyes en un plazo determinado, se convoca a nuevas elecciones de asambleístas.
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