¿Quién paga la cuenta del COVID-19 en América Latina y Caribe? La sombra de la austeridad
Hoy, más que nunca, los Gobiernos de los distintos países de América Latina y el Caribe (ALC) necesitan abandonar todo indicio de austeridad e incrementar significativamente sus recursos públicos con el fin de destinarlos a garantizar políticas sociales efectivas para su población, especialmente para aquellos segmentos en mayor condición de pobreza y vulnerabilidad, desproporcionalmente afectados por las desigualdades estructurales que padece la región.
Estas brechas sociales han sido profundamente laceradas por el COVID-19. En ALC, ya para el cierre del primer año de la pandemia (2020), la desigualdad experimentaba su mayor incremento en dos décadas[1], registrándose además similares aumentos en la pobreza extrema como consecuencia de esto. Peor aún, al cierre de 2021, una minoría inmensamente privilegiada del 10 % capturó el 77 % de la riqueza total de los hogares, mientras que el 50 % más pobre apenas concentró el 1 % de la riqueza[2]. Para muestra, un botón: entre 2020 y 2022 (en plena pandemia), han aparecido 27 nuevos milmillonarios en ALC, cuya riqueza ha crecido, además, a razón de USD 5 millones por hora y USD 124 millones al día. Los milmillonarios de ALC (97) tienen más riqueza que 392 millones de personas en ALC (el 60 % de la población de esta región). Solo los dos hombres más ricos de ALC (Carlos Slim y Germán Larrea, ambos de México) tienen más riqueza (USD 100,000 millones) que la mitad de toda la población de ALC (USD 91,000 millones)[3].
En esta nota informativa, Oxfam identifica y caracteriza las principales medidas de austeridad que inicialmente habían previsto varios países de ALC, tras las recomendaciones explícitas o por algún tipo de influencia en la agenda de política fiscal impulsado por el FMI, y alerta sobre los riesgos que esto puede suponer con un endurecimiento en las condiciones de vida para millones de personas en la región, ampliando las desigualdades, reduciendo derechos, resquebrajando el contrato social, lo que es un caldo de cultivo de eventuales estallidos sociales con sus dañinas consecuencias.
Fuente OXFAM
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