Este 7 de junio representa un hito en la historia del Ecuador: con 104 votos a favor en la sesión plenaria No.774, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. Con la aprobación de esta ley, el Estado faculta a las fuerzas represivas a hacer uso de fuerza letal en el contexto que consideren necesario con impunidad. Después de imponer el consenso del securitismo en la opinión pública, la burguesía cosecha uno de sus primeros logros significativos con el gobierno de Guillermo Lasso: implantar el gatillo fácil como política pública.
A un año de asumir la función ejecutiva del Estado, Lasso puede reclamar como crédito personal haber permitido y facilitado que el Ecuador sucumba a una ola de violencia, provocada por la radicalización de los antagonismos de clase, por medio del proyecto neoliberal. El Estado burgués, al supuestamente poseer el monopolio de la violencia “legítima”, se convierte en copartícipe, facilitador y responsable de la expansión del crimen organizado, el sicariato y los procesos paraestatales relacionados con el narcotráfico. Al mismo tiempo, el Estado propone la supuesta solución al problema que apoyó a constituir, cerrando el ciclo de la creación del consenso necesario para la aprobación del gatillo fácil.
Así, el proyecto securitista del oficialismo, le entrega la facultad a Policía Nacional y Fuerzas Armadas, de utilizar la fuerza letal cuando a criterio interpretativo de funcionario. Resulta preocupante la posibilidad de que el gatillo fácil genere una ola de ejecuciones extrajudiciales, legitimadas por la inseguridad generalizada, y facilitada por el Estado -“consejo de administración de asuntos de la burguesía” Engels-.
La doctrina del shock cosecha sus primeros frutos estructurales para el gobierno de Guillermo Lasso. Después de imponer el discurso securitista en medio de un contexto explosivo en términos de violencia y crimen organizado, a las fuerzas represivas se les asegura impunidad para el uso del gatillo fácil. Un logro ideológico adicional de la burguesía nacional es haber establecido un consenso en la opinión pública, que equipara al crimen organizado con la organización popular y por ende, sugiere la misma “solución” para ambos. Así, el gobierno de la banca le declara la guerra a la inseguridad, y al pueblo de forma simultánea, bajo el grito de “Unidos contra los violentos”. El proceso de profundización neoliberal en el Ecuador, viene acompañado de una creciente fascistización social, enmarcada en una estrategia de criminalización de la protesta y la pobreza, con el objetivo de asegurar el control social y la desarticulación popular.
La celebración generalizada por la aprobación de la ley de gatillo fácil, que se evidencia en la opinión pública, da cuenta de una creciente fascistización social. Desde el inicio de las masacres carcelarias, una respuesta social absolutamente falta de empatía y sensibilidad, se convertió en consenso. La grave precarización de las condiciones materiales y simbólicas de vida, generan una respuesta violenta por parte de la población: depositar la culpa de la desgracia generalizada sobre lxs más pobres, sobre lxs migrantes, sobre las personas racializadas, sobre las diversidades sexo-afectivas, sobre lxs comunistas, es más fácil que develar la raíz estructural de los problemas cotidianos. Por lo tanto, la respuesta se torna a una regresión conservadora, que de forma muy peligrosa, podría legitimar el abuso de la fuerza por parte de los aparatos represivos del Estado.
El profesor Ricardo Aronskind planteaba después de la ejecución de un adolescente por parte de la gendarmería argentina por el robo de un celular: “si matar para robar un celular está mal, pero matar para recuperar un celular está bien, lo que está prohibido no es matar, sino violar la propiedad privada. Lo sagrado no es la vida. Es la propiedad”. La imposición del gatillo fácil, no pasa solamente por la aprobación de una ley, sino que también debe tener las condiciones sociales apropiadas para su ejecución. Hemos visto con gran preocupación una creciente demanda por políticas de mano dura, acompañada con una crítica casi nula a las políticas neoliberales, que son las principales causantes tanto de la extremación de las condiciones de vida, como de la extendida presencia del crimen organizado. La ley del uso legítimo de la fuerza no solo es un dispositivo de control y represión desde Estado como instrumento de dominación, sino que se inscribe desde la sociedad civil, potenciando sus niveles de gravedad.
La implantación del proyecto neoliberal sigue su marcha, con la doctrina del shock como manual. Una Primera fase para la institucionalización del Estado policial fue crear las condiciones de conmoción social por una ola desatada de inseguridad: altísimos índices de corrupción dentro de la policía nacional y las FF.AA., la ausencia de presencia estatal en territorio para facilitar el crimen organizado, y una pauperización del pueblo y la clase trabajadora. Una segunda etapa se logró con la legalización del gatillo fácil, imponiendo políticas de mano dura, que se ejecutan como criminalización y persecución de la pobreza y la protesta social, dejando intactas las redes del narco y el crimen organizado. Como tercera fase, la militarización, el uso regular y constante de FF.AA. en intervenciones de carácter interno, la radicalización de la persecución, la construcción discursiva del enemigo interno, y las ejecuciones extrajudiciales de delincuentes comunes, serán una constante en la realidad nacional. En este escenario, al contrario del relato que quiere imponer el discurso securitista, serán solo el pueblo y la clase trabajadora quienes sientan sobre sus cuerpos y sus vidas, las consecuencias del gatillo fácil del Estado policial.
La aprobación de la nueva ley, representa un grave precedente a lo que podría convertirse en una política de limpieza social y crímenes de Estado. Esta ley se plantea extremadamente permisiva con el uso de la fuerza letal o potencialmente letal tanto para el control del crimen, como de la protesta social. Además de dar un respaldo irrestricto por parte del Estado a agentes que vulneren los derechos a la vida, la integridad y libertad de expresión de las personas, facilitando el uso desproporcional de la fuerza. Las recomendaciones en materia de Derechos Humanos y Civiles, claramente abogan en contra de legislaciones permisivas con el uso letal de la fuerza, y el uso de las FF.AA. para el control de poblaciones. En la nueva ley, ambas condiciones agravantes se presentan de forma transversal, augurando una nueva era de violaciones sistemáticas de Derechos Humanos.
Los artículos 23, 24 y 25, referentes al uso de armas de fuego y fuerza letal en el marco de protesta social, no se excluyeron de la ley a pesar de las varias observaciones realizadas por organismo de Derechos Humanos y la organización popular. La ambigüedad con la que están redactados estos artículos, permite a funcionarixs policiales hacer una libre interpretación de conceptos como “manifestación violenta” y “riesgo o amenaza inminente”, dejando al libre criterio la decisión del uso o no de armamento letal. Así mismo, habilita al ejército para el control de la protesta social, vulnerando derechos ciudadanos y violando la Constitución. Por otro lado, permite el uso de fuerza letal para prevenir la fuga, violando directamente el derecho a la vida y la integridad. La Asamblea Nacional aprobó una ley -redactada por le ejecutivo- que facilita la violación sistemática de Derechos Humanos.
Simultáneamente, la radicalización de la maquinaria represiva, recibe el beneplácito y el apoyo explícito del imperialismo yanqui. Casi al mismo tiempo de aprobarse la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, la Embajada de EE.UU. anunciaba la dotación directa al GOE y la Policía Nacional por USD 850.000, aparentemente como donación o regalo simbólico por la aprobación del gatillo fácil.
En definitiva, la aprobación de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza representa un precedente catastrófico para la organización popular en el Ecuador. La magnitud de las consecuencias en términos de vidas humanas que se llevará el Estado policial, es inestimable. Las fuerzas represivas podrán hacer uso de fuerza letal de forma legítima y avalada por el Estado, representando una amenaza frontal y directa contra el pueblo. La burguesía cuenta con una nueva facultad para la imposición capitalista: el uso de la fuerza letal como mecanismo de dominación y coerción social.
Fuente RevistaCrisis
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