El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en sesión de este miércoles 17 de abril, resolvió que enviará a la Contraloría General del Estado la lista de las autoridades e instituciones que no han rendido cuentas en el periodo 2012, para que inicie el proceso de investigación sobre la gestión de las autoridades, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) por la negación de información.
La decisión se tomó luego de la presentación del informe de rendición de cuentas por parte de la Subcoordinación Nacional de esa área del CPCCS. La resolución del Pleno tiene los siguientes puntos:
1. El Pleno dio por conocido y aprobó, con las observaciones planteadas por las y los consejeros, el informe presentado por la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas sobre las instituciones que han presentado su rendición de cuentas en el periodo 2012.
2. El CPCCS remitirá la queja y el listado de instituciones que no han rendido cuentas a la Contraloría General del Estado, para que inicie el proceso de investigación sobre la gestión de las autoridades obligadas a rendir cuentas, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOATIP).
3. Se dispuso que la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y Control Social, a través de la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas, realice un análisis de los métodos y la calidad de la información presentadas en los informes entregados al CPCCS para formular recomendaciones.
4. Se dispone a la Coordinación de Comunicación difundir el informe, con la lista de las entidades y los nombres y apellidos de las autoridades que no han rendido cuentas, a través de los mecanismos con los que cuente el CPCCS.
5. Pedir a la Función de Transparencia y Control Social que inste a las entidades e instituciones del Estado, que están obligadas a rendir cuentas, para que lo hagan en el marco de lo que determina la Ley y dentro de los términos previstos.
A esta resolución se llegó después de que la consejera Marcela Miranda Pérez propuso hacer pública la información de las autoridades e instituciones que no han rendido cuentas, con base en la Ley de Participación Ciudadana y Control Social.
El planteamiento fue acogido por el presidente del CPCCS, Fernando Cedeño, quien ratificó que el listado de los funcionarios, que no han cumplido con su obligación, se envíe a la Contraloría General del Estado.
El consejero Luis Pachala explicó que legalmente es válido hacer público los resultados de quienes no han enviado sus informes, como una primera instancia de “sanción moral”.
La rendición de cuentas es una obligación de las autoridades e instituciones del sector público, entidades privadas que manejan fondos públicos, instituciones de interés público (universidades, bancos, organizaciones sociales, medios de comunicación social).