Dos elementos cabe destacar de la coyuntura política previa a los comicios electorales del próximo 17 de febrero.
Por un lado, la oposición conservadora ha sido incapaz de conformar una alianza política que les permitiera contar con un solo candidato para confrontar con el presidente Correa. Varios fueron los meses que los líderes conservadores debatieron y negociaron al calor del “efecto Capriles”, para terminar mostrando sus debilidades internas. El desencuentro entre los intereses de diferentes grupos empresariales de las regiones Sierra y Costa, la necesidad de determinados sectores políticos y económicos de posicionar a sus operadores en la Asamblea Nacional, así como aparición de nuevos actores en el tablero político que buscan utilizar esta campaña como plataforma de posicionamiento para las seccionales de 2014 y presidenciales del 2017, hizo imposible los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas conservadoras.
Por otro lado, cabe señalar que nunca el régimen ha estado tan golpeado socialmente por las denuncias de corrupción como en la actualidad. Los escándalos de corrupción a gran escala de la era Correa comenzaron a aparecer a partir de las denuncias por enriquecimiento ilícito sobre el entorno del ex ministro de Deportes Raúl Carrión, a lo que le siguieron en 2009 los millonarios contratos con el Estado de Fabricio Correa, y toda una cascada de denuncias de sobreprecio en la contratación pública y redes de corrupción al interior de las instituciones (narcovalija incluida). Sin embargo, el cierre del ejercicio 2012 ha traído consigo la renuncia del presidente del Banco Central, Pedro Delgado, sobre quien su primo había realizado una ferviente defensa política y ética en su Enlace Ciudadano del pasado 24 de noviembre. Veinticinco días después, un acosado Delgado ya sin explicaciones ante las investigaciones realizadas por asambleístas opositores y la prensa renunciaba a su cargo, confesando haber falseado su titulación académica y dejando en el más absoluto ridículo al inquilino de Carondelet.
Si bien hasta el momento, el oficialismo había sido capaz de amortiguar el impacto de las innumerables denuncias de corrupción realizadas durante su gestión, el impacto de este nuevo escándalo amenaza con golpear muy severamente la credibilidad del presidente Correa.
Los sondeos electorales venían indicando una intención de voto para el oficialismo de entre 37 y 44%, estimándose que tras el affaire Delgado, Correa podría haber perdido entre 4 y 7 puntos porcentuales.
Desconfianzas ante el proceso electoral en curso
El secretario general de Alianza PAIS Galo Mora, el pasado 13 de noviembre dijo textualmente: “Cuando se dice aquella división de poderes, cuando se dice aquella trilogía de Montesquieu [pensador francés teórico de la división de poderes], ¿no es acaso hora de preguntarse en la historia política si es que eso es una ley divina? ¿Quién determinó que eso es lo que tiene existir?”. En este alarde de mediocridad intelectual, los cuestionamientos de Mora a la independencia de poderes y al Estado de Derecho, revitalizaban, cuatro siglos después, las tesis de los ideólogos del absolutismo monárquico del siglo XVI y XVII.
Este hecho, aunque ridículo no sorprende, pues una de las características de estos seis años de gobierno ha sido el absoluto irrespeto a la autonomía de las funciones del Estado y el sometimiento de los organismos de control a la voluntad presidencial. En la actualidad, tanto el poder Legislativo como el Judicial están sometidos a la voluntad de Carondelet, como lo están también instituciones que deberían tener carácter autónomo.
De esta manera, en noviembre de 2011, el Consejo de Participación Ciudadana designó como vocales del CNE a cinco personas muy cercanas al régimen. Días después, era nombrado presidente de este organismo el ex ministro del régimen Domingo Paredes, quien ya había ejercido una deplorable función como responsable de la SENAGUA durante las movilizaciones de la CONAIE en 2009; como vicepresidente fue designado Paul Salazar, ex asesor de Ricardo Patiño, quien ejerció como su “fontanero” en las intrigas internas del oficialismo.
Desde entonces hasta la fecha, las actuaciones del CNE han sido calificadas por todos los partidos de la oposición como una vergüenza, destacándose entre estas la incapacidad por parte de sus gestores para controlar adecuadamente su sistema informático, en el cual aparecieron miles de personas en las listas de adherentes de partidos políticos a los que no correspondían. Para justificarse ante tal caos interno, Domingo Paredes llegó a denunciar la actuación de una red de hackers informáticos que saboteaban el sistema, cosa que nunca se confirmó. Paredes ha sido calificado como el funcionario más “grotesco” de todos los servidores públicos de la historia republicana del Ecuador. El CNE anuló sin criterio la adhesión a múltiples organizaciones políticas, lo que implicó que estas tuvieran que salir nuevamente a las calles en busca de firmas para poder concurrir al proceso electoral del próximo mes de febrero, lo que supuso un serio atentado contra la democracia y la credibilidad de los partidos políticos a nivel nacional. Las propias encuestadoras oficialistas, Perfiles de Opinión y Santiago Pérez (muy cuestionadas por su falta de profesionalidad), tuvieron que reconocer que la credibilidad del CNE había caído entre la ciudadanía ecuatoriana a un 16% y un 3% respectivamente.
El uso y abuso de la propaganda oficial en beneficio del partido de gobierno, mientras se ataca de forma vehemente a los medios de comunicación privados –los cuales sin duda actúan también en interés de determinadas opciones políticas-, es uno de los mayores gestos de hipocresía del actual régimen. Se acusa a los medios de comunicación privados de tergiversar la realidad y se les responsabiliza de todos los males existentes en el país, mientras que lo que en realidad se busca es desacreditar uno de los pocos espacios de denuncia de los que dispone la actual sociedad ecuatoriana. La prepotencia oficialista choca de forma inaceptable con el derecho constitucional a expresar libremente las ideas en una sociedad que se considera democrática, mientras los periodistas del régimen lucen como lacayos carentes también toda ética profesional en beneficio y apología del culto a la personalidad de su patrón. En medio de la violencia simbólica (destrozando diarios en espacios o foros públicos) o verbal (llamando a los periodistas de los medios privados “sicarios de tinta” o “buitres que se preparan para devorar a su carroña”) desarrollada por el presidente Correa, la sociedad ecuatoriana comienza a ver que el único “monopolio informativo” existente en el país lo está ejerciendo el gobierno a través del manejo tergiversado de la publicidad oficial. Las cadenas estatales y los Enlaces Ciudadanos comienzan a generar el rechazo generalizado en el común de la ciudadanía, mientras la credibilidad del presidente Correa, el principal valor del que ha gozado durante seis años al frente de un gobierno de mediocres funcionarios, comienza a desgastarse de forma acelerada.
