El contrato de la obra que se ejecutó en el 2010 fue 305 mil 773 dólares
Bolívar
Mediante comunicación escrita, el ocho de junio la Contraloría notifica al alcalde Ernesto Hidrobo y a los concejales del cantón Bolívar, que se establecen hechos que ameritan predeterminación de Responsabilidades Civiles y Administrativas, de acuerdo al estudio especial de ingeniería al proceso de contratación y construcción del proyecto de mejoramiento de la bocatoma del sistema de riego de San Vicente de Pusir.
Las Responsabilidades Civiles se establecen en contra del contratista de la obra, Edwin Puetate; el fiscalizador de la obra, Renán Benavides y el alcalde Ernesto Hidrobo. De acuerdo al informe de Contraloría, el perjuicio económico es de 116 396 dólares. Igualmente, 12 850 dólares en contra del contratista de un contrato adicional por la construcción de dos muros de sedimentos aguas arriba de la captación, incumpliendo las disposiciones técnicas establecidas en el proyecto.
Además, la Contraloría establece Responsabilidades Administrativas en contra del alcalde Ernesto Hidrobo; el ex director de obras públicas municipales Fabricio Benavides y el jefe de la Unidad de Gestión Ambiental de la municipalidad de Bolívar.
La Contraloría notificó a los funcionarios respectivos sobre las desviaciones detectadas que ameritan para el establecimiento de responsabilidades civiles administrativas.
Se les concede el plazo improrrogable de 30 días para que ejerzan su derecho a la defensa. Una vez que fenezca el plazo (haya o no respuesta), la Contraloría expedirá la correspondiente resolución.
Además dispone al alcalde y concejales que adopten de manera inmediata los correctivos necesarios para evitar reincidencias en desviaciones administrativas, que permitirá contar con un sólido sistema de control interno, administrativo y financiero.
El alcalde el 19 de marzo del 2012 mediante resolución notificó al contratista sobre la decisión de dar por terminación unilateralmente el contrato. El contratista, a su vez, el 30 de marzo da respuesta pero una vez analizados sus argumentos, la municipalidad concluye en nada se justifican las observaciones de la Contraloría.
El 20 de abril el alcalde resolvió unilateralmente dar por terminado el contrato del 1 de junio del 2010 y declaró contratista incumplido. Además requirió que el contratista dentro de 10 días pague a la municipalidad los 116 396 por trabajos injustificados.
El 23 de mayo del 2012, el contratista Edwin Puetate mediante comunicación dirigida al alcalde del cantón Bolívar manifiesta que los auditores de Contraloría no aceptaron como justificación todos los documentos de respaldo en los cuales se basó el cobro de cuatro planillas de los trabajos realizados y no se aceptó el contrato complementario que justifica los rubros invertidos. Por esta razón, comunica al alcalde su decisión personal de hacer el reembolso del valor establecido por Contraloría. Para ello se fija pagar en cuotas cuatrimestrales durante dos años, como lo establece la ley. La primera cuota se pagaría en septiembre del 2012.
Regantes presionan la entrega de la obra
Los regantes de la parroquia San Vicente de Pusir, a través de Bolívar Julio, presidente de la Junta general de Usuarios del Sistema de Riego, el 12 de junio del presente año solicitaron al alcalde de Bolívar el resumen del informe de Contraloría.
Además que se indique el título de crédito en el que conste el depósito de 116 396 dólares realizado por el contratista. De no existir el depósito, que indique las medidas adoptadas para recabar los recursos públicos que pertenecen a los beneficiarios del sistema de riego.
Este pedido lo hacen en vista que el alcalde en ruedas de prensa y en los actos públicos ha manifestado que el contratista llegó a un acuerdo para devolver los recursos. Lo importante -según el dirigente- es que pronto se termine la obra porque en los últimos días que son de temporada de sequía se presentaron fisuras. Pero de entrar el invierno la situación podría agravarse y colapsar la bocatoma del canal de riego, con el peligro que los regantes queden sin el vital servicio, lo cual causaría enormes repercusiones sociales, económicas y productivas.
Bolívar
Mediante comunicación escrita, el ocho de junio la Contraloría notifica al alcalde Ernesto Hidrobo y a los concejales del cantón Bolívar, que se establecen hechos que ameritan predeterminación de Responsabilidades Civiles y Administrativas, de acuerdo al estudio especial de ingeniería al proceso de contratación y construcción del proyecto de mejoramiento de la bocatoma del sistema de riego de San Vicente de Pusir.
Las Responsabilidades Civiles se establecen en contra del contratista de la obra, Edwin Puetate; el fiscalizador de la obra, Renán Benavides y el alcalde Ernesto Hidrobo. De acuerdo al informe de Contraloría, el perjuicio económico es de 116 396 dólares. Igualmente, 12 850 dólares en contra del contratista de un contrato adicional por la construcción de dos muros de sedimentos aguas arriba de la captación, incumpliendo las disposiciones técnicas establecidas en el proyecto.
Además, la Contraloría establece Responsabilidades Administrativas en contra del alcalde Ernesto Hidrobo; el ex director de obras públicas municipales Fabricio Benavides y el jefe de la Unidad de Gestión Ambiental de la municipalidad de Bolívar.
La Contraloría notificó a los funcionarios respectivos sobre las desviaciones detectadas que ameritan para el establecimiento de responsabilidades civiles administrativas.
Se les concede el plazo improrrogable de 30 días para que ejerzan su derecho a la defensa. Una vez que fenezca el plazo (haya o no respuesta), la Contraloría expedirá la correspondiente resolución.
Además dispone al alcalde y concejales que adopten de manera inmediata los correctivos necesarios para evitar reincidencias en desviaciones administrativas, que permitirá contar con un sólido sistema de control interno, administrativo y financiero.
El alcalde el 19 de marzo del 2012 mediante resolución notificó al contratista sobre la decisión de dar por terminación unilateralmente el contrato. El contratista, a su vez, el 30 de marzo da respuesta pero una vez analizados sus argumentos, la municipalidad concluye en nada se justifican las observaciones de la Contraloría.
El 20 de abril el alcalde resolvió unilateralmente dar por terminado el contrato del 1 de junio del 2010 y declaró contratista incumplido. Además requirió que el contratista dentro de 10 días pague a la municipalidad los 116 396 por trabajos injustificados.
El 23 de mayo del 2012, el contratista Edwin Puetate mediante comunicación dirigida al alcalde del cantón Bolívar manifiesta que los auditores de Contraloría no aceptaron como justificación todos los documentos de respaldo en los cuales se basó el cobro de cuatro planillas de los trabajos realizados y no se aceptó el contrato complementario que justifica los rubros invertidos. Por esta razón, comunica al alcalde su decisión personal de hacer el reembolso del valor establecido por Contraloría. Para ello se fija pagar en cuotas cuatrimestrales durante dos años, como lo establece la ley. La primera cuota se pagaría en septiembre del 2012.
Regantes presionan la entrega de la obra
Los regantes de la parroquia San Vicente de Pusir, a través de Bolívar Julio, presidente de la Junta general de Usuarios del Sistema de Riego, el 12 de junio del presente año solicitaron al alcalde de Bolívar el resumen del informe de Contraloría.
Además que se indique el título de crédito en el que conste el depósito de 116 396 dólares realizado por el contratista. De no existir el depósito, que indique las medidas adoptadas para recabar los recursos públicos que pertenecen a los beneficiarios del sistema de riego.
Este pedido lo hacen en vista que el alcalde en ruedas de prensa y en los actos públicos ha manifestado que el contratista llegó a un acuerdo para devolver los recursos. Lo importante -según el dirigente- es que pronto se termine la obra porque en los últimos días que son de temporada de sequía se presentaron fisuras. Pero de entrar el invierno la situación podría agravarse y colapsar la bocatoma del canal de riego, con el peligro que los regantes queden sin el vital servicio, lo cual causaría enormes repercusiones sociales, económicas y productivas.
