En su reciente visita a España, luego de reunirse con Mariano Rajoy, el
presidente Rafael Correa protestó contra la legislación española que
establece que, si uno mantiene un crédito hipotecario con un banco, su
deuda no se extingue con la sola entrega de la casa. Al contrario: si la
deuda supera el valor del inmueble hipotecado, el deudor debe responder
con el resto de su patrimonio. Correa dijo que eso equivalía a que el
costo de la crisis lo soporten los seres humanos por encima del capital.
Lo que Correa no sabía y parece haber descubierto después es que la ley
española, en este punto, es idéntica a la ley vigente en Ecuador. Es
más, se trata de un principio general de derecho privado que existe en
la mayoría de países. Si me prestan USD 100.000 e hipoteco una casa que
vale USD 130.000, la primera garantía de mi acreedor es, por supuesto,
la casa. Pero si no pago, mi deuda generará intereses y es muy probable
que llegue a superar los USD 130.000 que vale el inmueble. Además, puede
que el valor de la casa disminuya en el tiempo. En cualquier caso, si
la casa no cubre la deuda, el acreedor —sea o no un banco— tiene un
legítimo derecho a recuperar el préstamo sobre el resto de mis
propiedades.
Pero no por ello la tesis de Correa es equivocada en cuanto al específico caso español.
En España existe una crisis hipotecaria similar a la que ocurrió en
Estados Unidos. Los bancos se excedieron en prestar a personas que no
debían ser sujetos de crédito, con la garantía de inmuebles que se
estimaron en un valor superior al real. Cuando esos deudores no pudieron
pagar, eso provocó que el precio de las casas cayera en masa. Por
tanto, como las casas de repente valían mucho menos que las deudas,
resulta que los deudores no solo se quedaron sin vivienda, sino que
siguen siendo perseguidos por los bancos. Si a ello sumamos que España
atraviesa una crisis terrible de empleo, el panorama es desolador.
En este escenario, con una crisis generada, al menos en parte, por el
mismo sistema financiero, lo que propone Correa es que el costo de la
crisis no sea asumido en su parte más dramática por ciudadanos que,
además de estar desempleados, viven la tragedia de mantener deudas
exorbitantes que no van a poder pagar con las casas que hipotecaron a un
valor irreal.
Sí, proponer que los bancos se conformen con recibir los inmuebles
implica que renuncien a parte de sus acreencias. Pero es justo que los
bancos compartan el sacrificio por una crisis que contribuyeron a
ocasionar. No es justo, en cambio, que los deudores, que son la parte
más débil y que tuvo menos información, tengan que pagar todos los
platos rotos. Esta tesis es por muchos debatida, pero se trata de una
propuesta bastante equitativa y razonable, que incluso ya ha sido en
cierta medida acogida por el gobierno español.
Lo disparatado es querer aplicar esa misma lógica a Ecuador, cuando aquí no existe ninguna crisis hipotecaria.
Correa alega que mantener las deudas luego de devolver la casa es poner
al capital por encima de los seres humanos. Sostener eso en Ecuador es
una falacia. Si yo presto dinero y mi casa no cubre la deuda, el banco
—como cualquier acreedor— no va a atacar a mi “persona”, sino al resto
de mis “bienes”. El principio de que el patrimonio general responde por
las deudas es precisamente un método para responsabilizar al capital —de
los deudores— y no a los seres humanos. Por eso nuestra Constitución
prohíbe la prisión por deudas. Si en Ecuador no hay ningún problema
general con el sistema financiero, los bancos no tienen por qué
renunciar a cobrar préstamos que legítimamente concedieron, cuando los
deudores dejan de pagar por razones de carácter exclusivamente personal.
Además, la tesis de Correa en Ecuador es un arma de doble filo. Todos
los grandes deudores del Estado podrían argumentar que sus garantías
prendarias e hipotecarias son suficientes para extinguir sus
descomunales obligaciones y que toda la AGD fue un gran abuso contra las
“personas por encima del capital”. Para colmo, Correa estaría atacando a
los contribuyentes y los trabajadores, que financian al Banco del IESS,
hoy el principal prestamista hipotecario del país.
En fin, Correa no necesita imponer una reforma legal que no tiene
ningún sustento jurídico o económico en Ecuador, solo por tratar de ser
coherente con sus críticas al sistema legal de España. Bien puede Correa
sostener tesis distintas para situaciones económicas también distintas,
sin recetar un remedio para una enfermedad que afortunadamente no
existe en Ecuador.
NOTA: Este artículo fue escrito antes de que Correa enviara un proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional sobre
el tema, donde limita la extinción de la deuda hipotecaria con la
entrega de la casa a un monto de 500 remuneraciones básicas
(aproximadamente 150 mil dólares), con lo cual no se beneficiaría a los
“grandes deudores del Estado”.
