Casas inventariadas: ¿patrimonio líquido?

"...... El marco legal vigente es muy claro: primero, la Ley de Patrimonio Cultural, en su artículo 18, señala: permítese la confiscación mediante indemnización con el 25% del valor del bien. El Código Penal, en su artículo 415 A, puede conducir a la prisión de uno a tres años sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. Y también está la Ordenanza 260 del Municipio de Quito, que norma la práctica de defensa y desarrollo de las áreas históricas del Distrito Metropolitano de Quito.

Tras este atentado al patrimonio cultural de la ciudad -que incluso puede ser sancionada por la Unesco-, hay algunos temas claros: primero, el interés por conservar el patrimonio cultural es una responsabilidad de las autoridades públicas, que velan por el interés general y, por tanto, deben prevalecer sobre los intereses económicos de los actores que tienen intereses particulares.

¿Qué dice al respecto el Ministerio Coordinador del Patrimonio? ¿Es este un tema exclusivamente de responsabilidad municipal? ¿Por qué borraron del inventario instituciones distintas al Municipio?

Es decir, tras de estos casos hay un problema de competencias que debería ser dilucidado claramente.

En segundo lugar, es necesario que se tenga en cuenta que el centro histórico y las edificaciones inventariadas están castigadas por las normas urbanísticas y, sin embargo, son las que otorgan un beneficio a la ciudad: la declaración de Patrimonio de la Humanidad y la presencia de miles de turistas. No es posible tener exclusivamente una política restrictiva selectiva; es necesario que se haga una propuesta que resuelva el problema dentro de lo cual se podría pensar en mecanismos de compensación alrededor de integración parcelaria, de mayor edificabilidad y de transferencias cruzadas."

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