El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Virgilio Hernández, afirmó que el proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo se ajusta a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Trigésimo Primera del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Dicha normativa establece que la Asamblea Nacional, en el plazo de 360 días contados a partir de la promulgación de este Código en el Registro Oficial aprobará la Ley de Desarrollo Fronterizo, que promoverá una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico mediante políticas integrales que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad de los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de 40 kilómetros.
El titular del organismo legislativo explicó que para garantizar el acceso a recursos de toda índole, principalmente aquellos relacionados con la planificación, la protección de derechos, acceso a créditos preferenciales para el desarrollo socioeconómico de estos cantones, en el proyecto que entró a debate en el Pleno se establecieron alternativas que coadyuven con este fin.
Indicó que el desarrollo fronterizo supone dotar a esta zonas de frontera de infraestructura social y económica, así como la implementación de servicios básicos, la promoción de actividades productivas y el fortalecimiento de la capacidad de gestión local y regional, por tanto, al gobierno central le corresponde desempeñar un papel promotor y vigilante, encausando las iniciativas de desarrollo e integración a la implementación de una cultura de paz y buena vecindad con los países fronterizos.
También se desarrollan normas relativas a la seguridad fronteriza, uso sostenible de recursos naturales, reactivación económica y empleo, integración fronteriza, asistencia humanitaria y refugio, entre otras, pues los cantones de frontera tienen importantes potencialidades, como la inigualable riqueza en recursos naturales renovables y no renovables; las posibilidades productivas, turísticas y de generación de riqueza; la diversidad cultural constituida por la diversidad de pueblos y nacionalidades; y, las fortalezas de sus talentos humanos.
El objetivo fundamental de esta norma jurídica es superar las profundas inequidades existentes: pobreza, ausencia institucional del Estado, situaciones de inseguridad, deterioro de condiciones de producción, pues esta ley constituye un mecanismo para la garantía de los derechos individuales y colectivos en los cantones de frontera y se orienta a hacer realidad las medidas de acción afirmativa.
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