El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) cumplió el pasado viernes su primer año de gestión con un juicio político a cuestas contra su presidenta, retrasos en la designación de autoridades, reducción del presupuesto y divisiones internas.
El organismo, conocido como Quinto Poder, nació como una de las propuestas revolucionarias del gobierno de Rafael Correa, con tres atribuciones: designar a once autoridades de control para terminar con el régimen de transición; promover la participación ciudadana; exigir rendición de cuentas a las entidades del Estado y luchar contra la corrupción.
El expresidente de la Asamblea Constituyente y fundador del oficialista Alianza PAIS (AP), Alberto Acosta, recuerda que la idea de un Quinto Poder “surgió para fomentar la participación de la gente en la vida política”, pero que “una cosa es el discurso y otra la práctica: el control social no se ha cristalizado como lo deseábamos”.
Los siete vocales, Marcela Miranda (presidenta), Tatiana Ordeñana, Fernando Cedeño, Luis Pachala, David Rosero, Andrea Rivera y Mónica Banegas, se posesionaron el 18 de marzo del 2010 tras medir fuerzas en un proceso de selección que tomó casi un año.
Y aunque la meta que se plantearon fue elegir al mayor número de autoridades, no lo han cumplido, ya que solo han designado a 4 de 11: los 3 superintendentes (Compañías, Bancos y Telecomunicaciones) y el procurador del Estado. Esto, en medio de críticas por la supuesta injerencia del Ejecutivo en los procesos de selección.
Por ejemplo, la elección de Suad Manssur como superintendenta de Bancos se dio bajo el apoyo directo del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quien asistió a una audiencia de impugnación contra ella para respaldarla.
El vocal Rosero reconoce que ser independientes del régimen todavía es una tarea pendiente, pues aunque “he actuado siempre con independencia y transparencia, hay consejeros que lamentablemente están sucumbidos a presiones de sectores económicos y políticos”.
El organismo, conocido como Quinto Poder, nació como una de las propuestas revolucionarias del gobierno de Rafael Correa, con tres atribuciones: designar a once autoridades de control para terminar con el régimen de transición; promover la participación ciudadana; exigir rendición de cuentas a las entidades del Estado y luchar contra la corrupción.
El expresidente de la Asamblea Constituyente y fundador del oficialista Alianza PAIS (AP), Alberto Acosta, recuerda que la idea de un Quinto Poder “surgió para fomentar la participación de la gente en la vida política”, pero que “una cosa es el discurso y otra la práctica: el control social no se ha cristalizado como lo deseábamos”.
Los siete vocales, Marcela Miranda (presidenta), Tatiana Ordeñana, Fernando Cedeño, Luis Pachala, David Rosero, Andrea Rivera y Mónica Banegas, se posesionaron el 18 de marzo del 2010 tras medir fuerzas en un proceso de selección que tomó casi un año.
Y aunque la meta que se plantearon fue elegir al mayor número de autoridades, no lo han cumplido, ya que solo han designado a 4 de 11: los 3 superintendentes (Compañías, Bancos y Telecomunicaciones) y el procurador del Estado. Esto, en medio de críticas por la supuesta injerencia del Ejecutivo en los procesos de selección.
Por ejemplo, la elección de Suad Manssur como superintendenta de Bancos se dio bajo el apoyo directo del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quien asistió a una audiencia de impugnación contra ella para respaldarla.
El vocal Rosero reconoce que ser independientes del régimen todavía es una tarea pendiente, pues aunque “he actuado siempre con independencia y transparencia, hay consejeros que lamentablemente están sucumbidos a presiones de sectores económicos y políticos”.
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