La “Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas” (ATPDEA, por sus siglas en inglés), antes de 2001 Ley de Preferencia Comercial Andina (ATPA, por sus siglas en inglés), era una concesión del Gobierno de EEUU que libera de aranceles el ingreso de productos originarios de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia al mercado estadounidense. El objetivo de este sistema de preferencias: fortalecer las actividades legales de los países andinos, como alternativas al tráfico y producción de cocaína. En 2005 Colombia exportó el 40,6%, Ecuador el 38,1% y Perú el 19,9% del total de exportaciones andinas amparadas por el ATPDEA.
El ATPDEA, vigente desde el 31 de octubre de 2002, comprendía unos 6.300 productos, muy pocos de ellos aprovechados por el sector productivo ecuatoriano. Desde el 31 de diciembre de 2006, fecha en que debía expirar, el Gobierno y el Legislativo estadounidenses tuvieron un magnífico pretexto para someter a su escrutinio la conducta de los países andinos, como ocurrió en noviembre de 2008, cuando se excluyó a Bolivia por no someterse a los dictámenes de Washington sobre control del tráfico de cocaína. Los esfuerzos del resto de naciones andinas –en la lucha antidrogas- justificaron las prórrogas de las preferencias por seis, ocho o 10 meses por vez hasta que, tras un último aplazamiento irrisorio de seis semanas, el 12 de febrero de 2011, el Senado norteamericano se negó a renovarla.
Para el Perú, el ATPDEA ya no tiene importancia, pues se decidió por la vía del desarrollismo dependiente, regulado por un TLC. Para Colombia todavía importa -igual para Ecuador- mientras no se apruebe su propio TLC, estancado desde hace cinco años por consecuencia del prontuario que acarrea en temas de derechos humanos. Si el Legislativo estadounidense decidiera hacer de la vista gorda con ese prontuario, el restablecimiento del ATPDEA seguiría siendo de interés para el conjunto de empresarios ecuatorianos que usufructuaron de él, para los proveedores de esas actividades y, de alguna manera, para la mano de obra empleada en ellas.
Algunos de esos empresarios han afirmado que el Gobierno ecuatoriano carece de perspectiva comercial definida. Igual opinan varios grupos de presión tradicionales, articulados en torno a la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, donde también confluyen prominentes importadores. Es entendible que a este grupo de empresarios importadores y exportadores les interese mantener el status quo y, más todavía, que pretendan arrinconar al Ejecutivo para obligarlo, pese a la Constitución de Montecristi, pese al Plan Nacional para el Buen Vivir y las agendas sectoriales del Gobierno, a negociar tratados de libre comercio.
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