El Gobierno encontró una nueva herramienta para tratar de disminuir la especulación de precios en los mercados. El presidente Rafael Correa firmó un decreto, el 22 de febrero, para establecer precios referenciales que eviten el alza de los costos en 46 productos de la canasta de alimentos. El listado de productos regulados incluye al arroz, avena, carne de res, huevos, verde, bananas, yucas, lechugas, cebollas...
El mandatario basó el decreto 1438 en el artículo 335 de la Constitución. Allí se otorga al Estado el control y regulación de transacciones económicas. Las autoridades, intendencias y comisarías policiales usarán los valores referenciales para establecer sanciones a quienes los incumplen.
El documento ordena, además, que los ministerios de Agricultura e Industrias recolecten la información para tomar de referencia los precios. Ambas secretarías deberán levantar datos de los últimos tres meses en mercados mayoristas de todo el país. El listado estará listo, como máximo, 90 días después de que el decreto se publique en el Registro Oficial.
Para el exadministrador del Mercado Mayorista de Quito, Hugo Villacrés, la medida es apropiada "si sirve como una herramienta adicional para la erradicación de la especulación". Ya está vigente una disposición que exige que cada establecimiento de venta en mercados tenga una tabla visible de sus precios. Esta norma no se cumple en todos los casos.
Pero Villacrés aclara, también, que el Gobierno no está estableciendo un precio definitivo, sino una gama de opciones referenciales. Es decir, permite que los vendedores tengan un margen para definir el valor de venta de sus productos. La tabla se actualizará cada mes y deberá publicarse, en las páginas webs de los ministerios, en los primeros cinco días.
Los administradores de mercados minoristas creen que la medida servirá para respetar la orden de publicar los precios en cada puesto de venta. Si un comerciante no tiene su listado propio, las autoridades del centro de abasto deberán colocar la tabla elaborada por el Estado.
Pese a estar de acuerdo con la normativa, los administradores consultados desean conocer los parámetros utilizados por el Gobierno para fijar los precios referenciales en esos 46 productos (ver cuadro) y no en otros. Hay alimentos agrícolas, dijeron, que también son víctimas del vaivén de precios. Andrés Reinoso, propietario de un micromercado en Pomasqui (norte de Quito), explicó que la intermediación es un problema a la hora de decidir el precio a cobrar. Una libra de arverja, por ejemplo, es vendida por el productor a 65 centavos, sin embargo, en las tiendas minoristas puede costar hasta dos dólares por la cadena de comercialización que atraviesa. Reinoso cree que la fijación es positiva, pero no sabe si su local también estará regulado. El decreto ejecutivo tampoco aclara el tipo de control que se aplicará en grandes supermercados y otros autoservicios.
Pese a los beneficios que encuentran los comerciantes, en la Cámara de Agricultura de la Primera Zona hay dudas sobre la normativa. Según su presidente, Víctor López, la regulación estatal es útil como medida a corto plazo. Durante escasez, señaló, "el control nos beneficia, pero como medida de largo alcance puede ser perjudicial para los agricultores". Para ellos, la oferta y la demanda determinan de forma adecuada el costo de sus productos.
