Una discurso ampliamente aceptado se basa en la creencia de que una subida de impuestos a los ricos les desincentivaría en la inversión de capital para la creación de nuevo empleo. La realidad muestra que no hay prueba empírica que lo sostenga cuando, al contrario, el uso habitual que los poderosos dan a sus excedentes monetarios va orientado hacia la especulación.
Como bien es sabido, una importante fuente de financiación para cualquier estado son los impuestos. Los estados tienen la facultad de exigir a los ciudadanos y sociedades que aporten los recursos económicos necesarios que, entre otras cosas, permitirán satisfacer muchas de las necesidades comunes. La mayor parte de los estados modernos, incluido el español, contemplan el principio de progresividad en sus impuestos, de manera que quienes más capital posean más tendrán que pagar, consiguiéndose así un mínimo efecto redistributivo de las rentas que, sobre el papel, permita evitar que la brecha entre las clases pudientes y las más modestas se haga insalvable.
No obstante, la cantidad económica aportada por los más pudientes dista mucho de cumplir un principio de progresividad. En las últimas décadas los impuestos de aquéllos no ha hecho más que decrecer en todo Occidente. Por ejemplo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, los más ricos llegaban a pagar, en el caso de los Estados Unidos, el 70% en impuestos, porcentaje que sí respondería realmente al principio de progresividad fiscal. Con la hegemonía del dogma neoliberal, éstos fueron reduciéndose hasta cantidades alrededor del 18%[1].
En una época en la que la principal directriz política es la reducción del déficit público, los estados necesitan financiarse con urgencia por lo que la lógica indica que sería muy recomendable retomar las políticas fiscales de la posguerra. Sin embargo, muchas voces advierten de la inconveniencia de subir los impuestos a las grandes fortunas. El motivo esgrimido para no recomendar tal reforma fiscal es que, en tal caso, los ricos se verían con menos dinero para invertir en la creación de empleo e, incluso, decidirían marcharse a invertir su capital a otros lugares con mejores condiciones fiscales.
Tal argumento, completamente falaz, ha calado hondo en la sabiduría popular y es plenamente aceptado por parte de las clases más humildes. La simple sugerencia de subir los impuestos a los más ricos se plantea, desde los medios de comunicación, como una penalización a los productores de riqueza y puestos de trabajo pues, aumentar los impuestos a las personas con mayores rentas, les desincentiva a ahorrar y, según aquéllos, es "la inversión productiva de tal ahorro una inversión productiva que crea empleo"[2].
Lo primero que hay que tener en cuenta es que en economía no basta con la intuición, pues ésta puede ser fácilmente adulterada con información sesgada -o manipulada- desde fuentes interesadas. Obviamente, los grandes medios de comunicación pertenecen a gente con poco interés en que les suban sus impuestos. Históricamente no hay evidencias que avalen el argumento en contra de la subida de impuestos a los ricos[3].
De hecho, los ricos dedican parte de su capital, directa o indirectamente, a especular contra la deuda pública. No se puede, en ningún momento, olvidar que los mercados tienen nombres y apellidos. Esta especulación la realizan de un modo muy simple: depositan e invierten sus excedentes en los bancos, los mismos que luego prestan al Estado a precios desorbitados. No hace mucho, el Wall Street Journal indicaba que la política de grandes recortes de impuestos aprobada por la administración Bush "condujo al peor periodo de creación de empleo en la reciente historia del país"[4].
Hay estudios que indican que sólo entre el 1 y el 2% de los ahorros de las grandes fortunas se dedican a la creación de empresas que puedan producir empleo. El resto se gasta "en compra y venta de propiedad inmobiliaria, en bonos del Estado, en cuentas personales y en otras actividades de uso personal o actividad especulativa"[5], además de actividades de cabildeo y propaganda, estas últimas para que la ciudadanía se mantenga convencida de que "no hay alternativa".
Por otro lado, la deslocalización de las empresas se ha ido acentuando en los últimos años, cuando los impuestos a los más ricos son realmente bajos. La amenaza de marcharse a otros lugares con sus inversiones dejó de serlo desde el momento en que la cumplieron. Bien es sabido que El Dorado de los poderosos es cualquier lugar con impuestos reducidos y costes laborales insignificantes.
Mención aparte de la lucha contra los paraísos fiscales en el extranjero, o sus sucedáneos fronteras adentro -impuestos de sociedades, SICAVs, etc.-, la alternativa a los recortes pasa por cumplir a rajatabla el artículo 31 de la Constitución Española, aplicando realmente el principio de progresividad por el que los ricos paguen impuestos a unos niveles razonablemente altos. Con los ingresos resultantes sin duda habría liquidez para que el Estado pudiera invertir directamente en la generación de empleo público.
