Ecuador se enrumba desde el 2006, con el ascenso al gobierno de Rafael Correa, por una vía democrática de transformación radical de la economía, la sociedad y la política. El giro de mayor trascendencia ha sido sin duda la aprobación de una Constitución que rompe radicalmente con el neoliberalismo y propone un régimen de desarrollo basado en el equilibrio entre el Estado, la sociedad, y el mercado, siempre en armonía con la naturaleza (Buen Vivir).
Estas transformaciones que forman parte de un primer ciclo de modernización y democratización del estado y la sociedad ecuatoriana, encaminadas hacia la construcción del nuevo paradigma denominado “socialismo del siglo XXI”, se desenvuelven entre profundas y constantes tensiones, sobrepasadas por ocho victorias electorales consecutivas que han otorgado un margen político significativamente ventajoso a las fuerzas de la revolución ciudadana. Pero es un éxito que sigue amenazado por parte de las fuerzas opositoras que, desde los sectores más extremistas, han intentado, y continuarán haciéndolo, procesos golpistas como el del 30 de septiembre del año 2010. Esas fuerzas opositoras que, desde otros sectores menos recalcitrantes, han buscado y continuarán buscando estrategias políticas y electorales para derrotar al gobierno. En este contexto, encaramos un nuevo escenario electoral, pues en febrero de 2013 se realizarán las elecciones del binomio presidencial y de asambleístas.
Desde la derecha
Haciendo una lectura general sobre el posicionamiento de los actores sociales y políticos, podemos constatar que las fuerza s de la oposición, tanto de derecha como de izquierdas, aparecen significativamente atomizadas y debilitadas, reflejando su incapacidad para insertarse propositivamente en el nuevo contexto internacional y nacional. Aunque han logrado actuar de forma convergente en determinadas coyunturas -como la campaña contra la consulta popular o la oposición a lal ey de Comunicación-, en general se presentan con una estrategia reactiva y defensiva, sin capacidad de articular una estrategia global propositiva.
Un primer campo de las fuerzas opositoras neo-liberales identifica a aquellas ligadas a intereses internacionales, entre las cuales destaca en primer término el partido Sociedad Patriótica, PSP, cuyos líderes gozan de la simpatía de organismos financieros multilaterales y privados y de empresas petroleras internacionales. En lo nacional, cuentan con el apoyo de determinados medios de comunicación privados, líderes de opinión y grupos insertos en intrincadas redes colusivas, que persisten al interno de la policía y FFAA . Junto a este sector identificamos a la Democracia Cristiana (ex DP), principal responsable de la aplicación del neoliberalismo en el país. Aunque fuertemente debilitada por la derrota estratégica ocurrida con la caída de Jamil Mahaud (después del salvataje bancario y la dolarización), aún mantiene una importante influencia entre los líderes de opinión y sectores empresariales, principalmente de la banca y del comercio. Suman a la iniciativa democristiana algunos de los restos políticos más conservadores del naufragio del partido Izquierda Democrática, con quienes integran la iniciativa política denominada Cauce Democrático, para aupar, coincidiendo con las tesis de Sociedad Patriótica, la convergencia de la oposición, para enfrentar al gobierno2.
Un segundo campo de la oposición de derecha está constituido por los partidos y sectores ligados a los mecanismos oligárquicos tradicionales de enriquecimiento y acumulación, como el PRIAN, PRE, PSC o Madera de Guerrero. Estos grupos han sido duramente afectados por el programa de modernización y fortalecimiento democrático del país, a través del control del monopolio y poder de mercado, la mejora del sistema de recaudación fiscal, el control del contrabando, la regulación de la contratación pública, la reestructuración del sistema judicial, la eliminación de la terciarización, etc. Aunque mantienen una cierta influencia en espacios regionales y gobiernos locales, principalmente de la Costa y la Amazonía, están cada vez más lejos de poder alcanzar un liderazgo nacional.
Un tercer campo de la oposición de derecha agrupa a sectores empresariales, bancarios y comerciales, ciertos gremios profesionales y otros grupos de corte corporativo como las Cámaras de la Producción, que se encuentran descontentos con la política económica gubernamental y buscan distanciarse de los grupos políticos tradicionales. Intentan aparecer como portavoces de una oposición renovada y emergen con candidaturas electorales propias y diversas, como las del banquero Guillermo Lasso, el camaronero Cesar Monge, el comerciante Blasco Peñaherrera, Cesar Montúfar y aún Fabricio Correa, hermano del Presidente. Su acción se sustenta en el respaldo gremial y en la oposición mediática, apoyados por la amplia cobertura que los medios privados brindan a sus planteamientos e iniciativas políticas.
Desde estos grupos comienzan a emerger ya varias candidaturas a la presidencia de la República. De un lado el incansable Álvaro Noboa, quien ha anticipado que se lanzará nuevamente pese a sus consecutivos fracasos electorales y a la vergonzosa deuda acumulada por sus empresas con el SRI. De otro lado, Guillermo Lasso quien se ha ido posicionando a través de una intensa campaña en los medios de comunicación intentando vender –gracias a una importante inversión económica en propaganda- la imagen del “buen banquero”. En una sociedad que sufrió hace pocos años el peor trauma económico y social por la corrupción del sistema bancario, en campaña electoral habrá que ver cuánto resistirá Lasso la culpa histórica atribuida a todo el sector financiero, sin duda más malo que bueno.
Por parte del sector de Madera de Guerrero y Partido Social Cristiano, ante la negativa de su líder Jaime Nebot para competir en la carrera presidencial, no hay un candidato definido. El nombre de Cynthia Viteri se utiliza para negociar mejores condiciones en listas de asambleístas en caso de que finalmente se concrete una candidatura única desde la derecha, ya la estrategia socialcristiana pasa por recuperar una presencia gravitante en la Asamblea Nacional, para desde allí condicionar al gobierno.
Desde el centro político, hay algunos nombres que también suenan, como el ex alcalde de Quito, Paco Moncayo a quien se le reconoce una trayectoria respetable y que podría convocar a sectores de la derecha y algunos de la izquierda, pero al que no se le considera con la fuerza necesaria para enfrentar el carisma y juventud de Correa. Además ha surgido como de la nada Mauricio Rodas, joven consultor de las democracias liberales que se propone como una alternativa moderna con el membrete de SUMA. Más allá de las estructuras de los partidos, las élites económicas ecuatorianas siguen y siguen buscando con insistencia alguna “gloria nacional” que pueda convocar a la ciudadanía a un proyecto político radicalmente opuesto al de la revolución ciudadana. Por ello, no sería de sorprenderse si a última hora proponen a figuras como Jefferson Pérez o a Alfonso Espinoza de los Monteros Todo este mare magnum de nombres y siglas desde la derecha demuestra una vez más la inexistencia de una oposición articulada y con un proyecto alternativo al de PAÍS que sea real.
Eso, a pesar de los intentos casi desesperados del Coronel Gutiérrez de convencer a las otras fuerzas de oposición de realizar unas primarias entre todos los candidatos que quieren oponerse a Correa para acabar definiendo un único presidenciable, sin importar tendencias ni principios ideológicos, con el único objetivo de vencer a Rafael Correa en la segunda vuelta. Ya se asume que ni así conseguirían una victoria en primera vuelta.
Desde las izquierdas
Aún más heterogénea y fragmentada es la oposición a PAÍS desde el arco ideológico de las izquierdas. Unas izquierdas que agrupan a partidos tradicionales que en algún momento estuvieron cerca del proyecto de la revolución ciudadana –como el MPD o Pachakutik- y a muchos sectores y líderes políticos que han abandonado las filas de Alianza País por diferencias a veces ideológicas, la mayoría de las veces personales
En primer lugar, encontramos la auto-denominada izquierda plurinacional, fruto de un acuerdo coyuntural entre el movimiento Pachakutik y el MPD, que actúa como bloque de oposición en la Asamblea Nacional. Desde el punto de vista socio-organizativo estas fuerzas mantiene su base social dura en el movimiento indígena, gremio de profesores y otros movimientos laborales, que lograron mostrar una saludable recomposición en las jornadas de marzo. No obstante, la misma movilización puso también en evidencia un importante debilitamiento en el apoyo social a sus demandas así como las tensiones internas entre los oposicionistas radicales y una oposición más programática. Aún así, en este escenario en reconstitución, cabe reconocer a la CONAIE, un cierto reposicionamiento tras las marchas de mayo, retomando la iniciativa como actor político autónomo, entreabriendo puertas para retomar el diálogo truncado en años pasados con el gobierno, recuperando su lógica tradicional que combina la presión social con el diálogo y negociación. La misma que le permitió alcanzar importantes conquistas y espacios políticos en el pasado.
Desde las disensiones de Alianza País y cercanos a la Coordinadora Plurinacional encontramos al grupo político Montecristi Vive, que pretende ser una voz crítica a supuestas desviaciones constitucionales y programáticas del gobierno, pero evitando inmiscuirse en las dinámicas del quehacer político, y sin mostrar de forma evidente interés electoral, a pesar de que el nombre de Alberto Acosta, su principal impulsor, suena desde hace tiempo como un posible candidato de consenso de las izquierdas. Un segundo movimiento en esta tendencia es Participación, liderado por Gustavo Larrea, que recoge otras separaciones de Alianza País como la del Prefecto de Azuay Paúl Carrasco.
Frente a sus evidentes y limitadas posibilidades electorales, esta corriente también se ha arrimado a las iniciativas políticas de la izquierda plurinacional para mantenerse en la escena, sustentando un discurso de cuestionamiento a la supuesta derechización del gobierno y preparándose para intervenir en el nuevo proceso electoral. Por último, encontramos a Ruptura de los 25, afincado principalmente en Quito, con la Asambleísta María Paula Romo como cabeza visible. Carente de mecanismos políticos y organizativos reales, el movimiento no alcanza mayor eficacia y aparece con la iniciativa perdida.
En este espectro se adelantaron posibles candidaturas presidenciales durante las marchas de marzo. El prefecto de Azuay Paúl Carrasco llenó de afiches con su “presidenciable” rostro. Lourdes Tibán dejó correr por los pasillos de la Asamblea Nacional y en las convenciones de la CONAIE su interés por la presidencia. Del lado del MPD también empezaron a sonar varios nombres y Gustavo Larrea no se quedó atrás. Ruptura se ha concentrado en su proceso de inscripción en el Consejo Nacional Electoral y no ha anticipado nombres, aunque se sabe que serían María Paula Romo y Norman Wray las cabezas de sus listas. Y como decíamos, muchas voces de estos sectores colocaron la figura de Alberto Acosta como la más potente para enfrentar desde las izquierdas a Correa.
Aunque podamos pecar de reduccionismo, las descritas aparecen como las tendencias más relevantes en el campo de las fuerzas políticas opositoras, con estrategias que –anticipando una más que probable derrota en la contienda presidencial- lo que buscan realmente es lograr una cuota relevante en la Asamblea para poder ejercer en el siguiente periodo una oposición dura al proyecto gobernante.
Desde País
A pesar del desgaste natural del ejercicio del poder, el presidente Rafael Correa, y por ende Alianza País, sorprendentemente conservan y aún han incrementado su apoyo social, sobre todo gracias a los logros económicos alcanzados debido a la recuperación soberana de las rentas petroleras y la mayor presión tributaria a los contribuyentes económicamente más grandes, más de la recuperación de los fondos depositados en el exterior. En total, todo este esfuerzo ha supuesto una inyección de más de cien mil millones de dólares en los últimos cinco años, que han servido para apuntalar un crecimiento elevado y sustentado de la economía nacional mediante el gasto público y una importante oferta crediticia pública y privada, junto a una política económica redistributiva.
Al interno de las fuerzas que componen Alianza País persiste cierta heterogeneidad y polaridad entre dos sectores claramente posicionados. Por un lado, el sector más proclive a favorecer a sectores empresariales desde los ministerios productivos impulsando políticas públicas favorables a la lógica de mercado, incluida la presión para suscribir acuerdos de libre comercio con EEUU y la Unión Europea (cubiertos de acuerdos de desarrollo). Por otro lado, el sector más progresista e ideológicamente más a la izquierda desde dentro de Alianza País, asociado a los ministerios sociales, planteando como prioridad la vigencia del mandato constitucional a favor de un sistema económico solidario basado en la economía popular solidaria, proponiendo modelos más endógenos de desarrollo y tesis como la de la “revolución agraria” planteada por el presidente Rafael Correa. Entre estos dos sectores también fluctúan un sinnúmero de grupos vinculados a intereses corporativos o grupa-les, principalmente de índole local, preocupados por asumir espacios de gestión públicos o de beneficiar a sectores determinados con las políticas estatales, a fin de construir clientelas propias.
