Hay avances por parte del gobierno para combatir la corrupción pero no son suficientes.
La
“mano dura” con la que la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los
Trabajadores, está haciendo frente a los casos de corrupción de
funcionarios de su gobierno, le han representado un significativos
aumento en su popularidad.
El 64% de los brasileños consideran bueno u óptimo el gobierno de Rousseff, de acuerdo al más reciente sondeo sobre la popularidad de su gobierno divulgado por la encuestadora Datafolha el 22 de abril. Este es el índice más alto obtenido por la Presidenta desde que asumió el poder el 1 de enero del 2011.
El buen desempeño en la economía, aunque con menores tasas de crecimiento que en el segundo mandato del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), ayuda a explicar la popularidad del gobierno de Rousseff. Pero para muchos, esa popularidad tendría a su base las decisiones de la presidenta de destituir a varios ministros acusados de corrupción vinculada a sus carteras.
El 7 de junio del 2011, menos de seis meses después de asumir el cargo, Rousseff depuso al entonces todopoderoso ministro de la Casa Civil, Antônio Palocci, uno de los personajes más influyentes del PT y que fue fundamental en la elección de la sucesora de Lula. Además, ha sido considerado para postular a la presidencia de la República por el PT.
Entre julio y diciembre fueron destituidos los ministros de Transportes, Alfredo Nascimento, del centroderechista Partido de la República, aliado del PT; de Agricultura, Wagner Rossi, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB); de Turismo, Pedro Novais, del PMDB; de Deportes, Orlando Silva, del Partido Comunista de Brasil; y de Trabajo, Carlos Lupi, del Partido Democrático de los Trabajadores (PDT).
¿Mano firme?
Estas destituciones han reforzado la imagen de la presidenta Rousseff de que gobierna con “mano firme” y que no entra en connivencias con actos de corrupción. Paralelamente a estos gestos de la mandataria, varios movimientos de la sociedad civil brasileña continúan intensificando sus acciones dirigidas al combate total contra la corrupción en todas las esferas de la vida pública.
“El gobierno debería ser más enérgico en el combate a la corrupción”, argumenta el abogado Luciano Santos, uno de los fundadores y miembros de la Articulación Brasileña contra la Corrupción y la Impunidad (ABRACCI), una de las varias organizaciones creadas en los últimos años para combatir la corrupción y pedir una mayor transparencia en la esfera pública. La ABRACCI reúne más de 70 entidades de todo el país.
La manifestación más expresiva de la sociedad brasileña contra la corrupción fue el movimiento que dio lugar a la llamada Ficha Limpia, una ley que impide la candidatura a cargos públicos de personas que han sido condenadas en procesos judiciales.
El proyecto de ley de iniciativa popular, que establecía la Ficha Limpia, recibió 1.3 millones de firmas correspondientes al 1% de los electores brasileños, y fue entregado al Congreso Nacional el 29 de setiembre del 2009.
La iniciativa, que establece criterios de inelegibilidad para candidatos a cargos públicos dependiendo de su vida anterior, fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, y promulgada el 4 de junio del 2010 por el presidente Lula.
La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) ha sido una de las organizaciones más activas en la lucha contra la corrupción en el país. Tras la adopción de la Ficha Limpia, la CNBB, junto a la Asociación Brasileña de Prensa (ABI) y la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), demandó nuevas acciones encaminadas a ampliar las medidas de lucha contra la corrupción en todos los niveles.
En setiembre del 2011, en un comunicado conjunto la CNBB, la OAB y la ABI exigieron reformas en el Poder Legislativo, incluyendo “eliminar la votación secreta en todas las materias y la aprobación del proyecto de ley que aumenta la pena máxima por el delito de corrupción de dos a cuatro años de cárcel”.
Con respecto al Poder Judicial y el Ministerio Público, las tres entidades pidieron “agilidad en el juzgamiento de los procesos y en las investigaciones de delitos de corrupción y mala conducta, por constituir una sólida barrera a la impunidad”.
No a la impunidad
“Nos preocupa no sólo la corrupción, sino la impunidad. Esta es una preocupación no sólo de los obispos, sino de la OAB, que ha hecho declaraciones bastante duras, de la ABI y de los movimientos de la calle. Tenemos la sensación de que existe una preocupación bastante grande de la sociedad con respecto a esta cuestión”, dijo el secretario general de la CNBB, Mons. Leonardo Ulrich Steiner.
En su movilización para mejorar los mecanismos de lucha contra la corrupción y por mayor transparencia, diversos movimientos y organizaciones están participando en acciones para una reforma política dirigida a llevar a cabo cambios profundos en el sistema electoral y partidario de Brasil.
“Con el actual sistema de financiamiento de las campañas electorales, determinado por el poder económico, avanzamos poco”, dice Santos, quien defiende el financiamiento público de las campañas que daría una mayor transparencia al sistema electoral.
Un nuevo proyecto de ley de iniciativa popular, que plantea una reforma política amplia y democrática, que aliente la participación popular en la toma de decisiones y no sólo en la elección de representantes, incluido el financiamiento público de las campañas que actualmente son financiadas por empresas privadas que condicionan luego la acción de los legisladores, está siendo articulado por la Plataforma de Movimientos Sociales para la Reforma del Sistema Político. Mira abajo el vínculo
“Estas manifestaciones son muy importantes y didácticas porque muestran que, al contrario de lo que se dice, el ciudadano brasileño se interesa por la política, siempre que haya algo serio en que participar”, dice Santos, agregando que la derrota de la corrupción exige “un gran cambio cultural”, y por eso las acciones requieren tiempo y organización. —Noticias Aliadas.
El 64% de los brasileños consideran bueno u óptimo el gobierno de Rousseff, de acuerdo al más reciente sondeo sobre la popularidad de su gobierno divulgado por la encuestadora Datafolha el 22 de abril. Este es el índice más alto obtenido por la Presidenta desde que asumió el poder el 1 de enero del 2011.
El buen desempeño en la economía, aunque con menores tasas de crecimiento que en el segundo mandato del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), ayuda a explicar la popularidad del gobierno de Rousseff. Pero para muchos, esa popularidad tendría a su base las decisiones de la presidenta de destituir a varios ministros acusados de corrupción vinculada a sus carteras.
El 7 de junio del 2011, menos de seis meses después de asumir el cargo, Rousseff depuso al entonces todopoderoso ministro de la Casa Civil, Antônio Palocci, uno de los personajes más influyentes del PT y que fue fundamental en la elección de la sucesora de Lula. Además, ha sido considerado para postular a la presidencia de la República por el PT.
Entre julio y diciembre fueron destituidos los ministros de Transportes, Alfredo Nascimento, del centroderechista Partido de la República, aliado del PT; de Agricultura, Wagner Rossi, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB); de Turismo, Pedro Novais, del PMDB; de Deportes, Orlando Silva, del Partido Comunista de Brasil; y de Trabajo, Carlos Lupi, del Partido Democrático de los Trabajadores (PDT).
¿Mano firme?
Estas destituciones han reforzado la imagen de la presidenta Rousseff de que gobierna con “mano firme” y que no entra en connivencias con actos de corrupción. Paralelamente a estos gestos de la mandataria, varios movimientos de la sociedad civil brasileña continúan intensificando sus acciones dirigidas al combate total contra la corrupción en todas las esferas de la vida pública.
“El gobierno debería ser más enérgico en el combate a la corrupción”, argumenta el abogado Luciano Santos, uno de los fundadores y miembros de la Articulación Brasileña contra la Corrupción y la Impunidad (ABRACCI), una de las varias organizaciones creadas en los últimos años para combatir la corrupción y pedir una mayor transparencia en la esfera pública. La ABRACCI reúne más de 70 entidades de todo el país.
La manifestación más expresiva de la sociedad brasileña contra la corrupción fue el movimiento que dio lugar a la llamada Ficha Limpia, una ley que impide la candidatura a cargos públicos de personas que han sido condenadas en procesos judiciales.
El proyecto de ley de iniciativa popular, que establecía la Ficha Limpia, recibió 1.3 millones de firmas correspondientes al 1% de los electores brasileños, y fue entregado al Congreso Nacional el 29 de setiembre del 2009.
La iniciativa, que establece criterios de inelegibilidad para candidatos a cargos públicos dependiendo de su vida anterior, fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, y promulgada el 4 de junio del 2010 por el presidente Lula.
La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) ha sido una de las organizaciones más activas en la lucha contra la corrupción en el país. Tras la adopción de la Ficha Limpia, la CNBB, junto a la Asociación Brasileña de Prensa (ABI) y la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), demandó nuevas acciones encaminadas a ampliar las medidas de lucha contra la corrupción en todos los niveles.
En setiembre del 2011, en un comunicado conjunto la CNBB, la OAB y la ABI exigieron reformas en el Poder Legislativo, incluyendo “eliminar la votación secreta en todas las materias y la aprobación del proyecto de ley que aumenta la pena máxima por el delito de corrupción de dos a cuatro años de cárcel”.
Con respecto al Poder Judicial y el Ministerio Público, las tres entidades pidieron “agilidad en el juzgamiento de los procesos y en las investigaciones de delitos de corrupción y mala conducta, por constituir una sólida barrera a la impunidad”.
No a la impunidad
“Nos preocupa no sólo la corrupción, sino la impunidad. Esta es una preocupación no sólo de los obispos, sino de la OAB, que ha hecho declaraciones bastante duras, de la ABI y de los movimientos de la calle. Tenemos la sensación de que existe una preocupación bastante grande de la sociedad con respecto a esta cuestión”, dijo el secretario general de la CNBB, Mons. Leonardo Ulrich Steiner.
En su movilización para mejorar los mecanismos de lucha contra la corrupción y por mayor transparencia, diversos movimientos y organizaciones están participando en acciones para una reforma política dirigida a llevar a cabo cambios profundos en el sistema electoral y partidario de Brasil.
“Con el actual sistema de financiamiento de las campañas electorales, determinado por el poder económico, avanzamos poco”, dice Santos, quien defiende el financiamiento público de las campañas que daría una mayor transparencia al sistema electoral.
Un nuevo proyecto de ley de iniciativa popular, que plantea una reforma política amplia y democrática, que aliente la participación popular en la toma de decisiones y no sólo en la elección de representantes, incluido el financiamiento público de las campañas que actualmente son financiadas por empresas privadas que condicionan luego la acción de los legisladores, está siendo articulado por la Plataforma de Movimientos Sociales para la Reforma del Sistema Político. Mira abajo el vínculo
“Estas manifestaciones son muy importantes y didácticas porque muestran que, al contrario de lo que se dice, el ciudadano brasileño se interesa por la política, siempre que haya algo serio en que participar”, dice Santos, agregando que la derrota de la corrupción exige “un gran cambio cultural”, y por eso las acciones requieren tiempo y organización. —Noticias Aliadas.
