El contrato de Mirador reavivó el debate ambiental

El debate sobre la minería a gran escala en el país estuvo prácticamente detenido durante más de tres años. Sin embargo, a raíz de la firma del contrato para la explotación del proyecto cuprífero Mirador, con la empresa china Ecuacorriente, el tema de los impactos de la minería regresa a escena. 


Del un lado, el Gobierno sostiene que las nuevas tecnologías minimizarán el impacto ambiental y que las comunidades aledañas serán las primeras beneficiadas. Del otro lado, organizaciones sociales y ecologistas destacan la posible devastación de la biodiversidad en las zonas donde se extraerán los metales y el temor a la contaminación del agua.


A partir de abril del 2008, fecha en la que comenzó a regir el Mandato Minero, la actividad a toda escala fue suspendida. El hecho se dio con el fin de revisar las concesiones y expedir una nueva Ley de Minería que comenzó a regir con su reglamento a partir de noviembre del 2009. 


En ese momento, las compañías mineras comenzaron a solicitar el reinicio de sus actividades que no se dio de manera masiva, sino hasta mediados del 2010. Pocos meses después, arrancó la negociación de los contratos de explotación con Ecuacorriente, Kinross e IMC. Hasta el momento, solo con la primera se cerró un acuerdo. 


El contrato de Ecuacorriente contempla el procesamiento de 60 000 toneladas diarias de roca, con la construcción de una mina a cielo abierto en el proyecto Mirador, en Zamora Chinchipe. Ello implicará el corte de parte de un cerro ubicado en el sector y una excavación hasta llegar al yacimiento de cobre. Así, la mina medirá aproximadamente un kilómetro cuadrado y tendrá una profundidad de 800 metros. No habrá túneles, a diferencia de las minas subterráneas, por lo que todas las actividades se realizará a cielo abierto. Para el catedrático del Iaen, 


Paúl Cisneros, estudioso de impactos ambientales de los proyectos mineros, dos son los principales efectos directos en Mirador. El primero, la remoción de grandes cantidades de vegetación y fauna en una zona de alta biodiversidad. Y el segundo, la posibilidad de contaminación de cuerpos de agua (quebradas, ríos o afluentes subterráneos). Ello se puede dar tras el proceso de recuperación del cobre. De la mina se extraerá roca que será tratada en una planta. En ella se realizará un proceso de concentración de cobre que será exportado y el residuo que quede, llamado relave, se almacenará en una especie de piscina. Desde aquí podría filtrarse el material hacia cuerpos de agua por las constantes lluvias de la zona, indica Cisneros. El problema con los relaves es que puede contener metales pesados como cadmio o arsénico, que a la vez pueden contaminar el agua. Destaca como impactos indirectos adicionales la migración a la zona de trabajadores para la mina que traerá más deforestación.


En cambio, el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, José Gómez, dice que el lugar de los relaves está completamente sellado con una geomembrana y el 80% de agua que usa el proyecto es reciclada. Añade que del 20% restante, el 10% se evapora y el 10% final se regresará a los causes de los ríos sin contaminación. Advierte además que la concentración de metales pesados de los residuos será mínima y que la zona no tiene bosques primarios porque ya fue antes intervenida. Pero que pese a ello será reforestada.


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