El concurso para elegir a los nuevos jueces de la Corte Constitucional (CC) será el más hermético de los procesos impulsados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
A diferencia de los concursos en los que se eligió al Fiscal General, Defensor del Pueblo y a los vocales del Consejo Nacional Electoral, en los que existía la posibilidad de que los ciudadanos participen, en esta ocasión esa opción se bloqueó, y la única forma en la que podrán intervenir es como integrantes de una veeduría, sin poder de veto. El motivo: serán las funciones Ejecutiva, Legislativa y la de Transparencia y Control Social las que tendrán la exclusividad de proponer los nombres de los ciudadanos que podrán ingresar al concurso.
Además, serán los representantes de estas mismas funciones los que conformarán una “súper” Comisión que se encargará de seleccionar a los futuros nueve jueces de la CC, convirtiéndose así en juez y parte (ver infografía).
Esta futura conformación preocupa a juristas y consejeros que consideran que la labor de la Corte es clave, pues en la actual estructura jurídica del Estado viene a ser el más alto tribunal de Justicia del país, que tiene el monopolio de la interpretación de los preceptos constitucionales.
Por ello, una posible consolidación con jueces afines al Régimen significaría una falta de independencia, que afectaría la interpretación de la Constitución.
No obstante, este libreto que pone un candado a la participación ciudadana, no fue establecido por el Cpccs. Es la Constitución de Montecristi la que en el artículo 25 de del Régimen de Transición dispone las reglas del juego...
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