La Veeduría Internacional propuesta por el Ejecutivo, para seguir el proceso de Reforma a la Justicia en el país, incumple dos condiciones básicas que exige el modelo de participación ciudadana diseñado en esta Constitución.
Una: su estrecha dependencia económica al Ministerio de Justicia, que propuso esta iniciativa. Y, dos, el pago de remuneraciones a su coordinador principal, así como a los cinco miembros del equipo técnico que trabajarán para ella durante 16 meses.
Esa Veeduría Internacional será la única, de las 250 que ha integrado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) desde el 2009, que tendrá estos privilegios que bordean el medio millón de dólares.
La veeduría trabajará durante 16 meses. Su cabeza máxima, el famoso magistrado español Baltasar Garzón, recibirá en tres pagos, USD 43 749. Esto, sin contar con el pago de boletos aéreos, movilización, alojamiento y alimentación que, por protocolo, cubre la entidad anfitriona. Este monto llega a los USD 26 000.
Los otros seis veedores internacionales no recibirán incentivo económico; únicamente el pago de los viáticos arriba señalados.
En cambio, el equipo técnico de esta veeduría, que trabajará en el país, cuenta con un presupuesto de USD 170 000, para gastos administrativos, viáticos y salarios para su coordinador y los cuatro técnicos que lo acompañarán.
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