El ministro de Finanzas, Patricio Rivera, reiteró que el caso de desvío de recursos a cuentas personales privadas del presupuesto del Área de Salud No. 8 de Quito, por parte de quien fungía como su contador, fue un delito originado por un doloso uso de la clave de acceso al e-SIGEF y no a cuestiones de seguridad de esta herramienta informática.
Rivera anticipó que de los procedimientos de control llevados adelante con los Ministerios rectores han permitido detectar otros casos de uso indebido de las claves asignadas a los responsables financieros, como por ejemplo, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, hechos que también se están investigando.
El ministro aseguró que buscará las más duras sanciones que establece la ley para este tipo de actos delictivos, toda vez que este funcionario público de salud adulteraba los registros financieros de su Institución para de esa manera transferirse a sus cuentas personales 3.4 millones de dólares, desde el año 2008.
El secretario de Estado indicó que la administración de usuarios, perfiles y claves del e-SIGEF es una función delegada a cada una de las entidades públicas, pues son éstas quienes tienen la responsabilidad legal de administrar sus recursos y velar por su buen uso. Advirtió que en el caso del Área de Salud hubo otro tipo de negligencias administrativas internas puesto que no se controlaron los soportes técnicos y legales de los pagos realizados por el implicado y no se revisaron los reportes que el sistema tiene para identificar este tipo de irregularidades, de esta manera ejemplificó: “Si usted maneja recursos por USD 2’000.000 al año, resulta increíble que alguien gire recursos por USD 1’000.000 a través de registros contables falsos y no genere al menos curiosidad por parte del director financiero de verificar cual es el destino de dichas transacciones”.
Destacó que el trabajo coordinado entre la Contraloría General del Estado y el Ministerio a su cargo ha sido de vital importancia para detectar este sistema de corrupción. En este sentido, recordó el apoyo para el fortalecimiento institucional de la Contraloría con la creación de más de 100 nombramientos para robustecer su rol de control.
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