Con 101 votos el Pleno exige a la Contraloría General del Estado que haga públicas las declaraciones patrimoniales juradas de los 124 asambleístas y de todos los servidores públicos de cualquier institución y nivel.
También demandó la derogatoria del Art. 8 del Acuerdo No.011-CG, expedido por el Contralor General del Estado en mayo 14 de 2009, por carecer de sustento constitucional o legal, ya que ninguna norma legal o constitucional prevé que las declaraciones patrimoniales tengan confidencialidad.
El asambleísta Enrique Herrería en su proyecto argumentó que el pueblo ecuatoriano se encuentra alarmado por las permanentes denuncias de distintos sectores que revelan indicios de corrupción en que estarían involucrados servidores de diversas instituciones del Estados.
De acuerdo con lo determinado en el Art. 321 de la Constitución las servidoras y servidores públicos sin excepción están obligados a presentar una declaración patrimonial jurada, así como la autorización para que, de ser necesario, se levante el siglo de sus cuentas bancarias.
En ninguna norma legal se establece de manera alguna que tales declaraciones patrimoniales juradas tendrán confidencialidad o reserva, peor que sean consideradas como información secreta, y que, obedeciendo al principio de transparencia de las actuaciones del poder público, lo procedente es que la ciudadanía en general tenga conocimiento del comportamiento ético de sus servidores.
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