La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), ante la fuerte campaña mediática desatada por sectores políticos afines al gobierno nacional y otros vinculados con la oposición, sobre la necesidad de reformar el código penal, endureciendo las penas y eliminando algunas garantías de los derechos, como respuesta a la creciente inseguridad en el país, manifestamos lo siguiente:
1. El debate sobre la seguridad ciudadana no puede convertirse en un botín político que proporcione mayor o menor popularidad, lo que se expresa en votos, sea para el sector gubernamental o para la oposición. Este debate debe ser técnico, incorporando los avances que se han dado en doctrina de seguridad ciudadana y enmarcado en un profundo respeto a los derechos humanos.
2. Los organismos de derechos humanos que exigimos un análisis que vaya más allá de las conveniencias políticas, no promovemos la impunidad ni protegemos la delincuencia, sino que exigimos que todas las reformas normativas, políticas y acciones institucionales del Estado se enmarquen en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin distinción, y, sobre todo, un irrestricto apego a la garantía del debido proceso.
3. Condenamos todas las expresiones del delito, en especial aquel que viene articulándose con bandas del crimen organizado; pero demandamos que los procesos de investigación, sanción y reparación integral a las víctimas, que se impulsan para enfrentarlos estén ceñidos a los marcos legales nacionales e internacionales de garantías penales y del debido proceso, como base efectiva de su legitimidad y eficacia. La efectividad de las sanciones debe basarse en un proceso en el cual, durante la investigación, detención y juzgamiento, se respeten las normas de derechos humanos. Es la existencia de cualquier acción viciada, enmarcada en excesos o violaciones de derechos humanos, la que apunta a promover la impunidad.
4. Demandamos que las acciones que se promueven para el combate a la delincuencia eviten enmarcarse en políticas de pre-identificación de grupos de autores, por las cuales se promueve la estigmatización de personas o grupos específicos (indígenas, afros, extranjeros, personas de distinta opción sexual o que habitan en barrios urbanos marginales, etc.), la mayoría de ellos generalmente pobres. Esta visión es contraria al principio básico y rector de derechos humanos que es el respeto a la dignidad y la no discriminación de las personas. Los delitos son actos y lo que se debe investigar, sancionar y juzgar son estos actos y no vincularlas a las condiciones sociales o étnicas de las personas.
5. Concebimos la seguridad ciudadana como un derecho fundamental individual, colectivo y de los pueblos, el cual no puede fundarse solamente en medidas de corte penal criminal, sino con políticas integrales que busquen enfrentar las causas profundas de la inseguridad y que demandan un tratamiento interdisciplinario: ético, cultural, educativo, social, económico y político.
6. Alertamos sobre las experiencias nefastas que ha tenido para el país, y en general para muchos países de la región, la activación de mecanismos de represión y control sustentados en la militarización de las sociedades, reformas normativas que apuntan a la restricción de derechos, el aumento de las penas o la reclusión indiscriminada de las personas. El Ecuador ha palpado las consecuencias de estas acciones, en épocas como la de León Febres Cordero, en donde se registró el índice más alto de violaciones a derechos humanos y en donde, pese a ello, no se llegó a solucionar el problema de la inseguridad. Las medidas adoptadas bajo ese régimen, paradójicamente, son similares a las que se han adoptado ahora y a las que se desean adoptar en un futuro inmediato, todo esto bajo un régimen que se autoproclama socialista.
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