3 501 denuncias de corrupción, rezagadas

En cajas de cartón se guardan 3 501 denuncias de posibles casos de corrupción en el país. Esta cifra corresponde a procesos iniciados por la eliminada Comisión Anticorrupción y la ex Secretaría Anticorrupción. Los conservan en el segundo y séptimo pisos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), organismo que deberá analizar la veracidad de los expedientes.

La lucha contra la corrupción fue una de las propuestas de campaña del presidente Rafael Correa; sin embargo, durante sus tres años de Gobierno, el combate a este problema aún tiene un déficit. Los casos han permanecido archivados por más de dos años, desde que se aprobó la Constitución de Montecristi hasta que se conformó el Consejo de Participación Ciudadana.

El 21 de febrero del 2007, el Primer Mandatario creó la Secretaría Nacional Anticorrupción, a través del Decreto Ejecutivo número 122. Los objetivos de la creación de esta instancia fueron, entre otros, “investigar y denunciar” actos de corrupción en entidades públicas, pero tuvo poco tiempo de vida. La nueva Constitución disolvió ese organismo y lo adhirió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo mismo pasó con la Comisión Cívica de Control de la Corrupción (CCCC). Esto se concretó el 20 de octubre del 2008.

2 638 casos que estaban en la Secretaría Anticorrupción y 291, de la CCCC están siendo revisados por los investigadores de la Secretaría de Transparencia del Consejo de Participación, quienes dicen que tienen una sobrecarga de trabajo.

Durante sus 11 años de labores, la Comisión Anticorrupción despachó al rededor de 4 600 procesos. De ellos, 600 fueron penales y solamente 5% llegaron a sentencia. Entre esos casos estaban denuncias de peculado en contra de ex banqueros y ex presidentes por la crisis financiera de 1999.

Además, se indagó la administración irregular de las telefónicas Andinatel y Pacifictel, las defraudaciones aduaneras, la red de tramitadores de partidas presupuestarias desde el Ministerio de Economía y la supuesta contratación ilegal de seguros y reaseguros para los aviones de las FF.AA.

Esos procesos eran enviados a la Fiscalía, a la Contraloría, al Consejo Nacional de Judicatura y a la Defensoría del Pueblo, para que iniciaran las acciones legales correspondientes a cada caso.

Esa fórmula ahora ya no existe. Las más de 250 denuncias que fueron presentadas a la Comisión Anticorrupción y pasaron al Consejo están estancadas, junto a las otras que llegaron en estos dos últimos años.

Los investigadores de la Secretaría de Transparencia del Consejo aseguran que no se dan abasto para tanto proceso y por ello no han podido cumplir con lo que dispone el reglamento de denuncias. Esa norma señala que en 90 días se deben remitir resultados de las investigaciones al Consejo, para su revisión. Solo en casos excepcionales de complejidad, podrán demorarse tres meses más.

A las 2929 denuncias de las instituciones desaparecidas se suman 261 quejas que fueron presentadas durante los seis meses que llevan en funciones.

Al momento, la depuración y análisis de los casos está a cargo de 28 personas de la Secretaría de Transparencia. Ellas analizan si la investigación tiene sustentos o si son improcedentes. De hecho, quien dirige los estudios es Lucy Blacio, ex fiscal provincial de El Oro. Hasta el momento, falta que se asignen a los investigadores el 52,2% de casos de la CCCC.

FUENTE http://www.elcomercio.com/2010-09-13/Noticias/Politica/Noticias-Secundarias/EC100913P4_ANTICORRUPCION.aspx