San Gabriel, 28 de Febrero del 2009
Arquitecto
Fernando Cordero
PRESIDENTE DE LA COMISION LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACION
Ingeniera Betty Tola
PRESIDENTA DE LA COMISION DE PARTICIPACION SOCIAL
Quito
Por la presente remitimos a Ustedes la propuesta para la Ley de Participación Ciudadana, desde la experiencia de participación ciudadana del Cantón Montúfar, provincia del Carchi.
PROPUESTA PARA LA LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ECUADOR
ANTECEDENTES
La participación ciudadana en los últimos años, en nuestro país, gracias al aporte de organizaciones inclusive de carácter internacional, ha sido concebida como la inclusión del ciudadano común en el quehacer público y privado a nivel nacional, regional y local, este último con mayor énfasis, sobretodo en temas como transparencia de los recursos y de la gestión pública implementando, en varios casos a nivel nacional, las herramientas de control social (veedurías, rendición de cuentas y presupuestos participativos), así como interesarse en la gestión y cogestión de recursos de forma directa o indirecta dentro de las organizaciones que diseñan y gestionan Proyectos, esto a nivel tanto comunal, parroquial, barrial, cantonal, provincial, nacional e internacional inclusive, todo con el fin de estimular el Desarrollo desde lo local, en aspectos como la producción ante todo donde se genera mano de obra a gran escala y en el área rural tiene especial énfasis la agricultura y ganadería, todo igualmente con miras en algunos casos para sensibilizar a las Autoridades de turno la posibilidad, no con carácter obligatorio ni fuerza legal tampoco que le obligue hacerlo, y como algunos ya lo están haciendo, a que los fondos del Estado entregados a los Gobiernos Seccionales se direccionen igualmente a inversiones que aporten al desarrollo humano, creando nuevas capacidades locales, transferencia de tecnología y la inclusión de las personas que han iniciado estos procesos en nuevos sistemas de microfinanzas, organización en todos los niveles, comunicación, promoción de la participación ciudadana y lo más importante exigir en todos los procesos y actuaciones de organismos que trabajan en el servicio comunitario la transparencia (metodologías, fuentes de financiamiento, montos, grupos meta, objetivos e indicadores por resultados) en el manejo de fondos que están dirigidos a la población en general dentro de un territorio determinado.
Sin embargo de las pocas experiencias que se han dado a nivel nacional, pocas han logrado realmente adentrarse en todos los ámbitos anteriormente indicados, pues sus resultados más bien se han reflejado en la promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana, puesto que la “voluntad políticas de las Autoridades” de turno es gravitante en la posibilidad de mantener estos espacios dentro de la sociedad.
Estos espacios y procesos de participación ciudadana han marcado diferentes dinamias, en unos se ha hecho énfasis sólo en la participación de la ciudadanía, en otros sólo se ha trabajado individualmente o en grupo en las herramientas de control social antes descritas, en otros en cambio el enfoque ha sido de participación ciudadana hacia el Desarrollo Económico Local o Territorial como se lo definió en el Primer Congreso de Gestores del Desarrollo organizado en Octubre del 2007 por el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador CONCOPE, de forma permanente, pero todavía no existe claridad con relación a quién lidera desde la localidad el proceso ni tampoco existe normativa legal que prácticamente obligue a las Autoridades desde lo local a que involucren a la ciudadanía en la gestión púbica y en la decisión de qué hacer de forma priorizada en sus localidades, ni articulación con actores sociales privados que realizan esfuerzos por una sociedad diferente pero que igualmente sus Proyectos no tienen los impactos deseados en toda la sociedad local y se direccionan exclusivamente a grupos específicos como los agricultores, sin articularse con las Autoridades locales para coordinar acciones conjuntas para optimizar recursos públicos y privados y evitar el doble esfuerzo en una misma acción como ya está ocurriendo en Montúfar inclusive.
Pero todas estas iniciativas tienen en común que la ciudadanía sí participa en la medida en que las Autoridades, por lo menos en estos momentos, sean abiertas a un cambio de la forma de hacer Gobierno y de cómo se instrumenten herramienta para incluir y fortalecer la participación ciudadana, que implica inclusive
La nueva Constitución de la República establece y garantiza todo este marco en diferentes articulados, pero sobresale uno que engloba el real espíritu de construir ciudadanía responsable, Art. 95.- “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.”
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES A TOMARSE EN CUENTA
1) Participación ciudadana en la planificación y presupuestación nacional y local.
- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población en cogestión con el Gobierno Local en todas las fases: diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y sistematización, caracterizadas todas éstas por la participación directa de los sectores sociales.
- Dinamizar y fortalecer por todos los medios, la gestión social organizada de la población en el Desarrollo Local, así como su responsabilidad en la orientación y coordinación de todos los planes, programas, proyectos y actividades contemplados en su Plan Operativo Anual y de acuerdo con el Plan de Desarrollo.
- Consolidar la democracia mediante una práctica ciudadana, la misma que permita alcanzar la visión propuesta por los actores sociales sobre la base de la distribución equitativa en el Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, como también de todos los recursos que se gestionen para su territorio, sobre la base de: planes, programas y proyectos debidamente sustentados.
- Definir las prioridades locales, zonales y regionales, para concretarlas y actualizarlas en el Plan de Desarrollo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, como instrumentos técnicos referentes para alcanzar su desarrollo, a través de la obligatoriedad en el cumplimiento de los acuerdos priorizados en los presupuestos participativos, en los diferentes niveles de Gobierno, promoviendo la gestión y cogestión de recursos.
2) Control Social: al ciclo de la gestión pública y a todas las funciones del Estado
- Promover la autodeterminación, autogestión e identidad de la ciudadanía urbana y rural; fortaleciendo y creando modalidades de convivencia, para asumir responsablemente los retos de la modernización, autonomía, desconcentración, descentralización y eficiencia en los servicios e inversión pública que ejecuta el Estado.
- Promover y auspiciar la ejecución de las diferentes herramientas de control social, sean veedurías, rendición de cuentas y presupuestos participativos, de forma directa o a través de los espacios correspondientes a instancias públicas y privadas, éstas últimas que se financien con recursos del Estado de forma directa o indirecta.
- Ejercer el derecho al control social de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales cuando estén actuando fuera de los intereses Parroquiales, Cantonales, Provinciales y Nacionales, inclusive Internacional (OBJETIVOS DEL MILENIO DE LAS NNUU) en función de los Planes de Desarrollo, a través de las herramientas de control social de manera procesal y motivada y en coordinación directa con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (inmunidad para participantes en el proceso).
- Impulsar la revocatoria del mandato de las Autoridades de elección popular de acuerdo con
- Conocer, aprobar y vigilar el cumplimiento de sus normas internas y de acuerdo a la Constitución Política, leyes correspondientes, reglamentos, instructivos, informes, resoluciones y otras disposiciones que permitan normar la participación ciudadana e institucional para el cumplimiento de los fines y objetivos de los espacios de participación ciudadana.
3) Promoción de la Participación: fortalecimiento de organizaciones sociales, apoyo a la incidencia política de los actores sociales. Formación a la ciudadanía.
- Para estos efectos los espacios de participación ciudadana estén exentos de toda injerencia política, religiosa, étnica, u otras formas de discriminación que atentan contra los derechos consagrados en la Constitución Política vigente.
- Contribuir a la formación cívica de los ciudadanos/as en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades, rechazando toda clase de discriminación: política, económica, étnica, religiosa, género y generacional, etc; tomando en cuenta a la familia como núcleo fundamental de la sociedad proveyéndole amparo, protección y seguridad mediante la creación de las Juntas de Protección de los Derechos de la Ciudadanía.
- Difundir y practicar los preceptos y normas fundamentales de
- Asistir a las sesiones de los Gobiernos Autónomos descentralizados con derecho a voto, con un/a Delegado/a acorde con el Orden del Día.
- Generar, fortalecer y legitimar permanentemente espacios de participación social a nivel comunal, comunitario, barrial, parroquial, cantonal, provincial y nacional.
- Fomentar la capacitación y formación de líderes comprometidos con el desarrollo Cantonal.
4) Financiamiento público para la participación ciudadana.
- Se reconozca la autonomía consagrada en la Constitución en lo administrativo y financiero, creándose las entidades políticas (Consejo de Desarrollo y Gestión) y técnicas (Coordinación y Contabilidad), encargadas de la discusión, planificación y ejecución del Plan Operativo Institucional, con financiamiento directo desde el Estado Central, sobretodo en lo que tiene que ver a facilitar espacios de discusión a través de Asambleas, Talleres, Conferencias, Foros, Encuentros interinstitucionales, equipamiento, materiales de oficina, logística, publicidad.
- Debe darse facilidades mínimas a los actores sociales que forman parte de la estructura institucional del espacio de participación ciudadana, prevaleciendo siempre el voluntariado, sin embargo reconociéndoles conceptos de transporte y alimentación, cuando el caso lo amerite.
- Son parte del patrimonio de los espacios de participación ciudadana todos los bienes que a partir de su reconocimiento institucional hayan sido adquiridos a cualquier título, al amparo de la normativa nacional y que sean producto inclusive de la gestión y autogestión interinstitucional nacional e internacional financiados por personas jurídicas y/o naturales; los ingresos que obtuviere de su patrimonio, sus inversiones y de las actividades que se realicen en función de sus fines; las donaciones, herencias y legados aceptados legalmente; y demás ingresos que percibieren por cualquier otro concepto.
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Uno de los enfoques a tomarse en cuenta en la Ley, es que estos espacios son para promover conceptos de desarrollo económico local, y dentro de lo cual lo público y privado puedan confluir y articularse en la gestión y cogestión de recursos financieros y técnicos, inclusive promoviendo el apoyo de las Universidades en procesos de capacitación, investigación, intercambio de experiencias, conocimiento y práctica, sobretodo en zonas rurales para fortalecer capacidades locales, desarrollando planes, programas, proyectos, trabajos previos a obtener el título universitario (TESIS), y articulando inclusive recursos de cooperación; desarrollando proyectos o fortaleciendo los que existan con la introducción de nuevas tecnologías y establecer así un proceso de aprendizaje continuo, donde se conviertan en dinamizadores y promotores los propios actores territoriales, asegurando con ello que el conocimiento permanezca en el tiempo y mediante resultados, con evaluación, se hagan sostenibles .
Son procesos en constante transformación y desarrollo de nuevas estrategias, que obligan a la Institucionalidad y los actores sociales estar comunicados y fortaleciendo la organización obligatoriamente.
Atentamente,
Dr. Jorge Estrada
PRESIDENTE
Dr. Darwin Pantoja Prof. Alicia Jiménez
COORDINADOR AUCM COORDINADORA CIGG
AUCM
Lcdo. Milton Ruano Ing. Fernando Ponce
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