Esta semana el primer ministro galo, Jean-Marc Ayrault, enviará a todos los miembros de su gabinete las instrucciones en materia de gastos de funcionamiento y personal, que servirán de base para la discusión del presupuesto de los próximos años.
El Ejecutivo galo piensa recortar hasta 50.000 millones de euros destinados a ayuda social y está preparando una subida de impuestos.
Según el presidente de la Corte de Cuentas, Didier Migaud, uno de los escenarios posibles es cobrar impuestos por los subsidios que el Estado entrega a las familias de ingresos medios y bajos para compensar su nivel de vida.
La ministra de Familia, Dominique Bertinotti, agregó, por su parte, que no se descarta “una reflexión sobre la arquitectura de las ayudas familiares”.
Otro tema polémico es el de las pensiones de los jubilados, donde se propone un aumento de las cotizaciones de los trabajadores o el congelamiento, e incluso la disminución, de los pagos por el retiro.
Un comité será formado antes de fin de mes para proponer variantes que serán discutidas entre los sindicatos y los patronos en marzo.
El ejecutivo tampoco descarta tocar el presupuesto anual destinado a la capacitación de los trabajadores y los subsidios al desempleo.
Según Thierry Vidor, director de la asociación Familias de Francia, cualquier medida destinada a disminuir el nivel de vida o afectar la capacidad de compra de los hogares es injusta y potencialmente desastrosa para la nación.
“La familia es el futuro de nuestra sociedad y el motor de la economía y si se afecta este principio distributivo que beneficia a las parejas con dos o tres hijos se rompe todo ese equilibrio”, dijo Vidor.
