Con el TLC el Estado Colombiano se priva de la posibilidad de controlar los flujos especulativos, los precios de los medicamentos, y se sustrae de promover el fortalecimiento del mercado interno, la industrialización y el desarrollo social. Esto se debe a que en todos los campos se instaura el predominio de la iniciativa privada y el afán de lucro, el Estado colombiano limita su radio de acción y debe adaptar su legislación a las normas estadounidenses.
Con el TLC se pone a competir, en condiciones desventajosas para Colombia, a nuestro débil aparato productivo con la primera economía del mundo, fuertemente exportadora de productos agrícolas, industriales y de servicios y decenas de veces más grande. El texto del tratado establece un proceso rápido de desgravación arancelaria, única forma de protección de la producción nacional, con ello peligran no sólo los arroceros, avicultores, lecheros, cerealeros, algodoneros, sino los pequeños y medianos industriales. También se da pleno acceso a los capitales estadounidenses sin la posibilidad de establecer unos mínimos condicionamientos, de tal forma que en lugar de la depredación ambiental y el saqueo de los recursos y el trabajo nacionales, contribuyan al desarrollo. Los exportadores de ese país se están frotando las manos y los productores colombianos deberían estar seriamente preocupados.
Con el TLC el Estado Colombiano se priva de la posibilidad de controlar los flujos especulativos, los precios de los medicamentos, y se sustrae de promover el fortalecimiento del mercado interno, la industrialización y el desarrollo social. Esto se debe a que en todos los campos se instaura el predominio de la iniciativa privada y el afán de lucro, el Estado colombiano limita su radio de acción y debe adaptar su legislación a las normas estadounidenses.
Durante los años en que estuvo vigente el ATPDEA, que eliminaba aranceles en Estados Unidos para miles de partidas, Colombia sólo exportó a ese país unas decenas de productos, principalmente básicos y sin mayor elaboración, lo cual demuestra las limitaciones estructurales de nuestra oferta exportable. En ese tiempo no sólo no se desarrolló una nueva capacidad exportadora sino que aumentó sensiblemente la pobreza, el desempleo y la concentración de la tierra.
El gobierno colombiano en lugar de estar elevando el nivel de vida de la población para fortalecer la producción agraria e industrial, ha decidido, apostar todo el futuro del país a que algunos empresarios tengan “oportunidades de negocios”. El precio que paga es la pérdida de la soberanía nacional.
El “Plan de Acción” Obama – Santos, no fue sino un pretexto para atenuar la oposición de sectores del partido demócrata al TLC, pero la realidad laboral no ha cambiado. Más allá de los asesinatos de sindicalistas, las sucesivas reformas laborales han deteriorado las condiciones laborales y debilitado a los sindicatos. Las cooperativas de trabajo que burlan los derechos de los trabajadores se mantienen en otras formas.
El TLC consiste en la profundización de un modelo económico que condujo al mundo a la crisis que se vive desde 2008 y representa la consolidación, mediante un tratado internacional, de las políticas de apertura económica que han llevado al país a la grave situación que vivimos.
Con el TLC se pone a competir, en condiciones desventajosas para Colombia, a nuestro débil aparato productivo con la primera economía del mundo, fuertemente exportadora de productos agrícolas, industriales y de servicios y decenas de veces más grande. El texto del tratado establece un proceso rápido de desgravación arancelaria, única forma de protección de la producción nacional, con ello peligran no sólo los arroceros, avicultores, lecheros, cerealeros, algodoneros, sino los pequeños y medianos industriales. También se da pleno acceso a los capitales estadounidenses sin la posibilidad de establecer unos mínimos condicionamientos, de tal forma que en lugar de la depredación ambiental y el saqueo de los recursos y el trabajo nacionales, contribuyan al desarrollo. Los exportadores de ese país se están frotando las manos y los productores colombianos deberían estar seriamente preocupados.
Con el TLC el Estado Colombiano se priva de la posibilidad de controlar los flujos especulativos, los precios de los medicamentos, y se sustrae de promover el fortalecimiento del mercado interno, la industrialización y el desarrollo social. Esto se debe a que en todos los campos se instaura el predominio de la iniciativa privada y el afán de lucro, el Estado colombiano limita su radio de acción y debe adaptar su legislación a las normas estadounidenses.
Durante los años en que estuvo vigente el ATPDEA, que eliminaba aranceles en Estados Unidos para miles de partidas, Colombia sólo exportó a ese país unas decenas de productos, principalmente básicos y sin mayor elaboración, lo cual demuestra las limitaciones estructurales de nuestra oferta exportable. En ese tiempo no sólo no se desarrolló una nueva capacidad exportadora sino que aumentó sensiblemente la pobreza, el desempleo y la concentración de la tierra.
El gobierno colombiano en lugar de estar elevando el nivel de vida de la población para fortalecer la producción agraria e industrial, ha decidido, apostar todo el futuro del país a que algunos empresarios tengan “oportunidades de negocios”. El precio que paga es la pérdida de la soberanía nacional.
El “Plan de Acción” Obama – Santos, no fue sino un pretexto para atenuar la oposición de sectores del partido demócrata al TLC, pero la realidad laboral no ha cambiado. Más allá de los asesinatos de sindicalistas, las sucesivas reformas laborales han deteriorado las condiciones laborales y debilitado a los sindicatos. Las cooperativas de trabajo que burlan los derechos de los trabajadores se mantienen en otras formas.
El TLC consiste en la profundización de un modelo económico que condujo al mundo a la crisis que se vive desde 2008 y representa la consolidación, mediante un tratado internacional, de las políticas de apertura económica que han llevado al país a la grave situación que vivimos.
