INFORME RELATOR SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Al inicio de su mandato, el Presidente Rafael Correa hizo una invitación general a los relatores especiales de Naciones Unidas para que vengan al país para evaluar la situación de los derechos humanos y las propuestas de su gobierno en miras de fortalecer una institucionalidad que permita la protección y ejercicio de estos derechos.

El discurso gubernamental en ese entonces fue muy progresista y las organizaciones de derechos humanos acogieron su propuesta, la que incluso pudo cristalizarse en acciones como la amnistía a líderes sociales perseguidos por anteriores gobiernos o sometidos a hostigamiento judicial; o el indulto a pequeños traficantes de droga con el consecuente cuestionamiento a una ley impuesta desde intereses de otros países.

En ese contexto, la invitación general a los relatores especiales de Naciones Unidas debía constituirse en un espaldarazo a la gestión gubernamental; sin embargo, no estaba en los cálculos presidenciales que en la agenda de los relatores la visita al país solo pudiera darse luego de varios años de producida la invitación y en momentos en que su presencia ya puede resultar incómoda, pues, en materia de derechos humanos, la actual gestión gubernamental es similar, sino peor, a la de los gobiernos neoliberales a los que el régimen acusa, y con razón, de perpetradores de violaciones a los derechos humanos.

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