Foto tomada de opcións
Por: Víctor Granda Aguilar
Opción S
El feriado bancario, el saqueo de recursos públicos por más de 8.000 millones de dólares y el congelamiento y pulverización de los fondos privados que decenas de miles de ecuatorianos tenían depositados en el sistema financiero nacional, es el acto de corrupción más escandaloso de la historia nacional.
Delito dolosamente preparado
Este peculado fue debidamente preparado por los sectores más descompuestos del sistema financiero privado ecuatoriano. Aprovecharon la globalización financiera y el gobierno derechista de Sixto Durán y Dahik, para imponer la Ley General de las Instituciones Financieras (1994) que anuló el control de la Superintendencia de Bancos y permitió masivos préstamos vinculados a los propietarios y administradores de los bancos, el acceso sin límites a los fondos públicos para cubrir sus ineficiencias y corrupción y para utilizarlos en la especulación de la compra masiva de divisas.
Los funcionarios, banqueros y políticos que diseñaron este atraco estuvieron en los gobiernos de turno desde 1994, en los organismos de control, en el Congreso y aún en la Asamblea Constituyente de 1998.
El gobierno de Jamil Mahuad, fue resultado del pacto entre la democracia popular y el partido socialcristiano que crearon desde el Congreso la AGD, como instrumento para saquear los recursos del estado y para cubrir sin límite alguno el robo descarado de los banqueros. Estos financiaron la campaña del futuro presidente (sólo Aspiazu aportó más de 3 millones de dólares), aseguraron los resultados electorales con el sistema informático de Filanbanco y luego ocuparon cargos de ministros y superministros (Armijos, Guerrero, Lazo, Cevallos, Arízaga , etc. ) para asegurar el atraco. Para la comisión del delito, contaron con la complicidad del Superintendente de Bancos Egas y del Presidente del Congreso Pons y el encubrimiento de la Fiscal Yépez, del Contralor y del Procurador.
Demandas y dilatado trámite
Una vez que Mahuad y Armijos dictaron los decretos 681, 685, 1492 y otros, miles de ciudadanos perjudicados, viudas, ahorristas, jubilados, presentamos una demanda de inconstitucionalidad por la arbitrariedad y la violación dolosa de las garantías ciudadanas y una vez que ésta fue aceptada, formulamos los primeros días de enero del 2000, denuncias para que se inicie el proceso penal por la comisión de varios delitos,entre ellos el de abuso de fondos públicos y privados, conforme consta en el autocabeza de proceso, dictado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia el 13 de julio del 2000.
El 6 de junio de 2006, previo dictamen absolutorio de la Fiscal Yépez, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por mayoría de votos (Luis Cañar y Oswaldo Castro) emitieron un sobreseimiento o exculpación definitiva para Ana Armijos y un sobreseimiento provisional para Jamil Mahuad. Frente a una renovada protesta popular por el cinismo del fallo, presentamos, conjuntamente con la CCCC, el 14 de diciembre del mismo año, más de doce mil documentos que probaban hasta la saciedad el atraco de los fondos públicos y privados. Al Presidente de la Corte Suprema Jaime Velasco, ex colaborador de Mahuad, no le quedó otra alternativa que reabrir el sumario el 13 de junio del 2007.
Desde entonces, luego de más de cuatro años y medio en un proceso que dura más de doce, este se ha dilatado por el obstruccionismo de la defensa del sindicado, por la abulia de los jueces y la inactividad total de los colaboradores del actual gobierno, que siendo partes procesales no han aportado prueba alguna ni han impulsado el juicio, salvo el pronunciamiento del Fiscal General anterior que se limitó a emitir un dictamen acusatorio, sin aceptar incluir a otros responsables ni a pedir medidas cautelares en contra del acusado.
Las responsabilidades del actual gobierno
El Presidente Correa, constantemente, en sus reiteradas campañas electorales y en el ejercicio del poder denuncia este atraco, pero en sus cinco años de gobierno no ha actuado eficazmente para alcanzar, de una justicia cada vez más sometida a sus designios, la sanción a los responsables que acabe con su impunidad.
El actual mandatario presentó, antes de su primera elección, una denuncia a la Fiscalía acusando a Mahuad de haber cometido “delitos de lesa humanidad”, cuando ya el juicio se encontraba en pleno y olvidado trámite. No se atendió nuestra petición del 25 de febrero del 2008 a la Asamblea Constituyente de plenos poderes para que se conceda un plazo perentorio en el que los jueces agoten el trámite en tres meses y dicten sentencia, so pena de su destitución y designación de una nueva Sala que acabe con la impunidad de estos y otros delitos, como los de violación de derechos humanos. El Presidente nombró infructuosamente una comisión para que investigue nuevamente los hechos, la misma que llegó a conclusiones ambiguas y se limitó a entregar documentos a la Fiscalía y no a la Corte, para que supuestamente estas fijen responsabilidades en más de 300 personas que no se atrevieron a identificar, cuando hubiera sido suficiente que pongan a órdenes de la justicia a no más de 10 cabecillas colaboradores de Mahuad demostrando sus responsabilidades.
La situación actual del proceso Penal
Por nuestra insistencia como denunciantes y luego de constantes recusaciones de la defensa, el conjuez Nacional de la Segunda Sala de la Corte Nacional de Justicia, Enrique Pacheco el 28 de diciembre de 2011 dictó auto de llamamiento a juicio en contra de Jamil Mahuad, ordenó el embargo de sus bienes y su prisión preventiva, pidiendo que actúe la Policía Nacional y la Interpol.
De inmediato la defensa de Mahuad, interpuso recurso de apelación y el juez atemorizado con sus amenazas, el 5 de enero pasado, no sólo suspendió la prisión preventiva sino el embargo de bienes que la ley no permite. El caso debería ser analizado y resuelto por la Sala de Conjueces que se integró a la velocidad del rayo para tramitar el caso El Universo que es de interés del gobierno, pero que no se ha pronunciado sobre la apelación de Mahuad que debería ser rechazada pues no tiene fundamento alguno. De esta manera quedaría en firme el auto de llamamiento a juicio y las partes procesales en este caso, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, que lamentablemente representan tan ineficazmente a las victimas del descomunal abuso de fondos públicos y privados, no han dicho nada aún sobre este asunto, más bien han polemizado con los denunciantes que lo único que pretendemos es la sanción a Mahuad y a los principales responsables y beneficiarios, para que este atraco no quede en la impunidad.
FUENTE http://www.safiqy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4917:mahuad-la-corrupcion-bancaria-y-sus-responsables&catid=99:economia&Itemid=467
Opción S
El feriado bancario, el saqueo de recursos públicos por más de 8.000 millones de dólares y el congelamiento y pulverización de los fondos privados que decenas de miles de ecuatorianos tenían depositados en el sistema financiero nacional, es el acto de corrupción más escandaloso de la historia nacional.
Delito dolosamente preparado
Este peculado fue debidamente preparado por los sectores más descompuestos del sistema financiero privado ecuatoriano. Aprovecharon la globalización financiera y el gobierno derechista de Sixto Durán y Dahik, para imponer la Ley General de las Instituciones Financieras (1994) que anuló el control de la Superintendencia de Bancos y permitió masivos préstamos vinculados a los propietarios y administradores de los bancos, el acceso sin límites a los fondos públicos para cubrir sus ineficiencias y corrupción y para utilizarlos en la especulación de la compra masiva de divisas.
Los funcionarios, banqueros y políticos que diseñaron este atraco estuvieron en los gobiernos de turno desde 1994, en los organismos de control, en el Congreso y aún en la Asamblea Constituyente de 1998.
El gobierno de Jamil Mahuad, fue resultado del pacto entre la democracia popular y el partido socialcristiano que crearon desde el Congreso la AGD, como instrumento para saquear los recursos del estado y para cubrir sin límite alguno el robo descarado de los banqueros. Estos financiaron la campaña del futuro presidente (sólo Aspiazu aportó más de 3 millones de dólares), aseguraron los resultados electorales con el sistema informático de Filanbanco y luego ocuparon cargos de ministros y superministros (Armijos, Guerrero, Lazo, Cevallos, Arízaga , etc. ) para asegurar el atraco. Para la comisión del delito, contaron con la complicidad del Superintendente de Bancos Egas y del Presidente del Congreso Pons y el encubrimiento de la Fiscal Yépez, del Contralor y del Procurador.
Demandas y dilatado trámite
Una vez que Mahuad y Armijos dictaron los decretos 681, 685, 1492 y otros, miles de ciudadanos perjudicados, viudas, ahorristas, jubilados, presentamos una demanda de inconstitucionalidad por la arbitrariedad y la violación dolosa de las garantías ciudadanas y una vez que ésta fue aceptada, formulamos los primeros días de enero del 2000, denuncias para que se inicie el proceso penal por la comisión de varios delitos,entre ellos el de abuso de fondos públicos y privados, conforme consta en el autocabeza de proceso, dictado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia el 13 de julio del 2000.
El 6 de junio de 2006, previo dictamen absolutorio de la Fiscal Yépez, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por mayoría de votos (Luis Cañar y Oswaldo Castro) emitieron un sobreseimiento o exculpación definitiva para Ana Armijos y un sobreseimiento provisional para Jamil Mahuad. Frente a una renovada protesta popular por el cinismo del fallo, presentamos, conjuntamente con la CCCC, el 14 de diciembre del mismo año, más de doce mil documentos que probaban hasta la saciedad el atraco de los fondos públicos y privados. Al Presidente de la Corte Suprema Jaime Velasco, ex colaborador de Mahuad, no le quedó otra alternativa que reabrir el sumario el 13 de junio del 2007.
Desde entonces, luego de más de cuatro años y medio en un proceso que dura más de doce, este se ha dilatado por el obstruccionismo de la defensa del sindicado, por la abulia de los jueces y la inactividad total de los colaboradores del actual gobierno, que siendo partes procesales no han aportado prueba alguna ni han impulsado el juicio, salvo el pronunciamiento del Fiscal General anterior que se limitó a emitir un dictamen acusatorio, sin aceptar incluir a otros responsables ni a pedir medidas cautelares en contra del acusado.
Las responsabilidades del actual gobierno
El Presidente Correa, constantemente, en sus reiteradas campañas electorales y en el ejercicio del poder denuncia este atraco, pero en sus cinco años de gobierno no ha actuado eficazmente para alcanzar, de una justicia cada vez más sometida a sus designios, la sanción a los responsables que acabe con su impunidad.
El actual mandatario presentó, antes de su primera elección, una denuncia a la Fiscalía acusando a Mahuad de haber cometido “delitos de lesa humanidad”, cuando ya el juicio se encontraba en pleno y olvidado trámite. No se atendió nuestra petición del 25 de febrero del 2008 a la Asamblea Constituyente de plenos poderes para que se conceda un plazo perentorio en el que los jueces agoten el trámite en tres meses y dicten sentencia, so pena de su destitución y designación de una nueva Sala que acabe con la impunidad de estos y otros delitos, como los de violación de derechos humanos. El Presidente nombró infructuosamente una comisión para que investigue nuevamente los hechos, la misma que llegó a conclusiones ambiguas y se limitó a entregar documentos a la Fiscalía y no a la Corte, para que supuestamente estas fijen responsabilidades en más de 300 personas que no se atrevieron a identificar, cuando hubiera sido suficiente que pongan a órdenes de la justicia a no más de 10 cabecillas colaboradores de Mahuad demostrando sus responsabilidades.
La situación actual del proceso Penal
Por nuestra insistencia como denunciantes y luego de constantes recusaciones de la defensa, el conjuez Nacional de la Segunda Sala de la Corte Nacional de Justicia, Enrique Pacheco el 28 de diciembre de 2011 dictó auto de llamamiento a juicio en contra de Jamil Mahuad, ordenó el embargo de sus bienes y su prisión preventiva, pidiendo que actúe la Policía Nacional y la Interpol.
De inmediato la defensa de Mahuad, interpuso recurso de apelación y el juez atemorizado con sus amenazas, el 5 de enero pasado, no sólo suspendió la prisión preventiva sino el embargo de bienes que la ley no permite. El caso debería ser analizado y resuelto por la Sala de Conjueces que se integró a la velocidad del rayo para tramitar el caso El Universo que es de interés del gobierno, pero que no se ha pronunciado sobre la apelación de Mahuad que debería ser rechazada pues no tiene fundamento alguno. De esta manera quedaría en firme el auto de llamamiento a juicio y las partes procesales en este caso, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, que lamentablemente representan tan ineficazmente a las victimas del descomunal abuso de fondos públicos y privados, no han dicho nada aún sobre este asunto, más bien han polemizado con los denunciantes que lo único que pretendemos es la sanción a Mahuad y a los principales responsables y beneficiarios, para que este atraco no quede en la impunidad.
FUENTE http://www.safiqy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4917:mahuad-la-corrupcion-bancaria-y-sus-responsables&catid=99:economia&Itemid=467
