Al inicio de su mandato, el Presidente Rafael Correa hizo una invitación general a los relatores especiales de Naciones Unidas para que vengan al país para evaluar la situación de los derechos humanos y las propuestas de su gobierno en miras de fortalecer una institucionalidad que permita la protección y ejercicio de estos derechos.
El discurso gubernamental en ese entonces fue muy progresista y las organizaciones de derechos humanos acogieron su propuesta, la que incluso pudo cristalizarse en acciones como la amnistía a líderes sociales perseguidos por anteriores gobiernos o sometidos a hostigamiento judicial; o el indulto a pequeños traficantes de droga con el consecuente cuestionamiento a una ley impuesta desde intereses de otros países.
En ese contexto, la invitación general a los relatores especiales de Naciones Unidas debía constituirse en un espaldarazo a la gestión gubernamental; sin embargo, no estaba en los cálculos presidenciales que en la agenda de los relatores la visita al país solo pudiera darse luego de varios años de producida la invitación y en momentos en que su presencia ya puede resultar incómoda, pues, en materia de derechos humanos, la actual gestión gubernamental es similar, sino peor, a la de los gobiernos neoliberales a los que el régimen acusa, y con razón, de perpetradores de violaciones a los derechos humanos.
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Gracias su visita, somos reconocidos como Asamblea Local conforme el artículo 56 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que desde el 2003 promovemos la participación de la ciudadanía en lo público.
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