Una legislación que favorece los comportamientos oligopólicos en la venta al consumidor aparece como la principal responsable del problema
Cualquier ciudadano de a pie es consciente de las grandes subidas que han sufrido especialmente los alimentos frescos en los últimos años, que superan, con mucho, a las ganancias de poder adquisitivo. Lo más llamativo de todo es que a pesar de estas fuertes subidas en los precios que pagan los consumidores, los agricultores y ganaderos apenas han visto subir los ingresos que perciben en los últimos años.
En el gráfico de la semana podemos ver el IPC de alimentos frescos junto a los precios que cobran los agricultores y ganaderos por sus productos, así como a los que pagan sus suministros (combustibles, fertilizantes, semillas, piensos...).
Como podemos observar en el gráfico, los precios percibidos por los agricultores (línea negra) han subido sólo un 18% desde 2003 (lo mismo que desde 1996), mientras que el IPC de alimentos frescos ha subido un 42% desde el mismo año y un 90% desde 1996. También se aprecia cómo los márgenes de los agricultores se han ido reduciendo de forma muy importante, ya que los precios pagados por estos han subido un 69% desde 1996, lo que ha dañado de forma muy significativa su renta disponible.
En la siguiente imagen vemos cómo a pesar del importante incremento en los precios de los alimentos, este ha sido mucho mayor en los mercados internacionales, que desde 2003 han subido un 82%.
Si bien está claro que la subida general de los precios de los alimentos es un fenómeno internacional, esto no explica el por qué de ella; en el caso de España no se ha trasladado al productor más que muy modestamente. En el gráfico, sobre todo, llama la atención que a partir de 2008 -inicio de la crisis- cesa el desacoplamiento entre las subidas de ambos precios: los precios pagados a los agricultores suben un 8,8%, mientras que el IPC de alimentos frescos lo ha hecho un 5,3%.
¿A qué puede deberse este cambio de tendencia? En los trabajos que he consultado para este artículo aparece de forma sistemática la denuncia decomportamiento de tipo oligopólico por parte de las grandes cadenas de distribución, que en la mayor parte de los casos se saltan al mayorista -tradicional culpable de los altos precios- y controlan toda la cadena desde el productor hasta el consumidor. Esto podemos verlo en este trabajo o en las denuncias del Tribunal Vasco de la Competencia en que textualmente hablaba en 2009 de que Eroski,Carrefour y Mercadona actuaban de forma conjunta restringiendo la competencia. Sus denuncias cayeron en saco roto. Sin embargo, a partir del inicio de la crisis y con el desplome del consumo, al parecer se han roto hostilidades entre estas cadenas (fue Mercadona quien abrió fuego en primer lugar) y eso explicaría el cambio de tendencia del que he hablado. Sin embargo, esto lo único que ha hecho es estabilizar la situación, pero no ha dado marcha atrás en toda la divergencia en cuanto a subidas de precios percibidos por los agricultores y pagados por el consumidor vista en los años anteriores a la crisis.
Pero más allá del hecho de que temporalmente las grandes cadenas hayan abandonado esa cómoda posición de presión sobre consumidores para hinchar sus cuentas de resultados (ya que hay evidencias de que no lo han hecho sobre los productores), debemos plantearnos cómo hemos llegado a esta situación.
Como conclusión, podemos decir que los oligopolios de la alimentación han podido dedicarse a extorsionar a consumidores y sobre todo productores casi a voluntad debido a la connivencia tácita o explícita de los políticos, a los que realmente hay que señalar como culpables de la situación
En primer lugar tenemos las graves restricciones a la obtención de licencias de mayoristas en los mercados centrales, que ha dado lugar a un funcionamiento subóptimo de estos. En este caso tenemos que hablar de dejación de funciones por parte de las Administraciones, responsables últimas de estos mercados, de su ampliación, modernización y adecuación a la demanda. Esto ha dañado sobre todo al pequeño comercio, que es el que se abastece en estos mercados. En una época de declive demográfico y del comercio como la que vivimos este asunto ya no es crítico, pero en los años anteriores a la crisis, con fuerte crecimiento demográfico, fue en buena parte culpable del daño sufrido por el pequeño comercio.
También han sido muy importantes las restricciones y barreras de entrada para el comercio ambulante en mercadillos o puestos callejeros que han ido imponiendo las sucesivas Administraciones. Por ejemplo, si un agricultor quiere vender directamente su mercancía fuera del mismo campo (aunque sea su domicilio) o de los locales de la cooperativa, debe darse de alta en el IAE y pagar la cuota de autónomos. Además debe pedir una licencia municipal, pagar la tasa correspondiente y sacarse el carnet de manipulador de alimentos después de realizar el curso. Es evidente que para una venta temporal, como sucede en la mayor parte de las cosechas, a ningún o casi ningún agricultor le compensa hacer tal cosa. Todavía recuerdo en una de mis visitas a Francia cómo en un pequeño pueblo que no llegaba a 5.000 habitantes el ayuntamiento tenía habilitado un estupendo y amplio mercado municipal destinado a que los agricultores y ganaderos pudieran vender directamente sus productos al consumidor. Aquellos tan sólo tenían que solicitar un puesto en el mercado en el ayuntamiento para poder realizar la venta, sin más permisos ni gastos. Obsérvese el contraste con España.
La venta callejera también está enormemente restringida en España, ya que además de los grandes gastos y molestias a las que he hecho referencia sólo puede realizarse en los lugares habilitados por los ayuntamientos, que suelen ser escasos, pequeños y muchas veces mal ubicados. La venta tampoco puede hacerse más que en los días y horas señalados, también muy limitados. Estamos, pues, ante una terrible discriminación negativa hacia los más pequeños por parte de los poderes públicos.
Como conclusión, podemos decir que los oligopolios de la alimentación han podido dedicarse a extorsionar a consumidores y, sobre todo, productores casi a voluntad debido a la connivencia tácita o explícita de los políticos, a los que realmente hay que señalar como culpables de la situación a la que se ha llegado en que unos pocos, muy poderosos, han salido beneficiados a costa de perjudicar a todos los demás. Por desgracia, esto recuerda a muchas otras actuaciones de nuestros políticos, a los que no es extraño que los ciudadanos señalen sistemáticamente como uno de los principales problemas del país.
